La Casa Rosada avanza con llamativo apuro en el ascenso de Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar y hombre de extrema confianza de Karina Milei, pese a que su nombre aparece vinculado a una investigación judicial por supuestas irregularidades millonarias en contrataciones y compras oficiales.
El Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego PE 133/26 para promover a Ibáñez al grado de general de división, con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2025. De aprobarse, quedará a un solo escalón del máximo rango del Ejército Argentino: teniente general.
La decisión sorprendió incluso dentro del Congreso porque el ascenso no fue incluido en el paquete habitual de promociones militares, sino que ingresó junto a un lote de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes. El movimiento fue interpretado como un intento de blindar políticamente al jefe de la Casa Militar en medio del avance de las investigaciones.
Ibáñez está bajo la lupa junto a la exdirectora de Logística Florencia Gastaldi y al expiloto presidencial Juan Pablo Pinto por presuntas maniobras irregulares en compras de repuestos, mantenimiento de aeronaves y contrataciones vinculadas a la Agrupación Aérea Presidencial. Según trascendió, la Justicia investiga supuestos pedidos de retornos del 10% en licitaciones adjudicadas a proveedores cercanos al organismo.
Uno de los casos más sensibles involucra la compra de un avión Embraer ERJ-140LR por más de 4 millones de dólares, pese a que una aeronave similar habría sido cotizada posteriormente en poco más de 2 millones. También aparecen cuestionadas contrataciones millonarias de vehículos y alquileres para actos oficiales realizadas mediante licitaciones exprés, con oferentes únicos y proveedores repetidos.
La Casa Militar depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei, quien vuelve a quedar en el centro de las sospechas por la protección política de funcionarios de su círculo más íntimo.
Ibáñez además quedó recientemente envuelto en la polémica por el endurecimiento de restricciones a periodistas en la Casa Rosada. Desde la Casa Militar impulsaron una denuncia por supuesto “espionaje ilegal” contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno tras un informe televisivo emitido por TN. La presentación fue finalmente desestimada por la Justicia.