La iniciativa busca regular la actividad de repartidores de aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya, además de trabajadores de plataformas de transporte como Uber y Cabify. Incluye seguros obligatorios, mayor transparencia en los ingresos y nuevas obligaciones para las empresas.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para regular el trabajo realizado a través de plataformas digitales de reparto y transporte, como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, establece un marco de derechos y obligaciones para quienes trabajan mediante aplicaciones, aunque respeta las limitaciones impuestas por la reforma laboral nacional, que impide obligar a las empresas a registrar a estos trabajadores bajo relación de dependencia.
Según el Gobierno bonaerense, el objetivo es crear un “piso mínimo de derechos” para un sector que actualmente desarrolla su actividad con escasa regulación. Estimaciones oficiales indican que solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay alrededor de 500.000 personas que trabajan mediante plataformas, mientras que en todo el país la cifra supera el millón.
Qué busca el proyecto
El ministro Walter Correa sostuvo que la propuesta toma como referencia las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar condiciones básicas de protección.
Además, cuestionó el funcionamiento de los algoritmos utilizados por las plataformas, al señalar que son las empresas las que determinan de manera unilateral la asignación de tareas y el valor de cada viaje o reparto, sin que los trabajadores conozcan cómo se calculan esos criterios.
Punto por punto, qué establece la iniciativa
Entre las principales medidas previstas por el proyecto se destacan:
- Seguro obligatorio contra accidentes de trabajo y cobertura médica integral para todos los trabajadores de plataformas.
- Mayor transparencia sobre cómo se calculan los ingresos y la asignación de tareas mediante los algoritmos.
- Creación de una aplicación oficial para los trabajadores, que incluirá un botón de pánico, un botón de emergencia sanitaria y otros servicios vinculados a la actividad.
- Registro obligatorio de plataformas digitales, donde las empresas deberán inscribirse e informar quiénes trabajan a través de sus aplicaciones.
- Las compañías deberán informar al Estado y a las organizaciones sindicales la cantidad de trabajadores activos, las horas trabajadas, los ingresos promedio, el tipo de contratación y los intermediarios con los que operan.
- Las plataformas estarán obligadas a garantizar espacios adecuados para el descanso, con sanitarios, agua potable, lugares de resguardo climático, puntos para cargar celulares y estacionamiento para bicicletas y motos en sus centros de operación.
- Las empresas deberán contratar un seguro para sus trabajadores, pudiendo hacerlo a través del Banco Provincia o de otra aseguradora.
Microcréditos para repartidores
El proyecto también prevé una articulación con el Banco Provincia para ofrecer líneas de microcréditos destinadas al mantenimiento y reposición de motos, bicicletas, cascos y demás herramientas de trabajo, con el objetivo de facilitar la continuidad de la actividad sin que esos costos recaigan exclusivamente sobre los repartidores.
Inspirado en experiencias internacionales
Desde la administración bonaerense señalaron que la propuesta sigue la tendencia de distintos países que avanzaron en la regulación del trabajo en plataformas digitales.
Para su elaboración se tomaron como referencia las legislaciones vigentes en España y México, además de los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, que considera que las plataformas organizan el trabajo y deben asumir responsabilidades en materia de protección laboral.
Asimismo, el proyecto se apoya en el denominado “fallo Rappi” de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ratificó las facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas y reafirmó el principio de primacía de la realidad para analizar posibles relaciones laborales encubiertas.