El Mundial 2026 atraviesa su mayor crisis institucional y reglamentaria tras un duro cruce entre los máximos organismos del fútbol global. La decisión de la FIFA de levantar la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun, luego de una llamada directa del presidente Donald Trump, desató una ola de indignación que motivó el repudio inmediato de la UEFA y de la Unión Europea, fracturando la relación entre el poder político y las autoridades del deporte. Escándalo mundial.

La tormenta se desató el domingo, cuando la FIFA resolvió suspender por un período probatorio de un año la aplicación de la tarjeta roja que pesaba sobre el atacante norteamericano, permitiéndole disputar el crucial duelo de octavos de final de este lunes frente a Bélgica.

La sorpresiva medida disciplinaria llegó inmediatamente después de que Trump intercediera personalmente ante el presidente de la entidad madre del fútbol mundial, Gianni Infantino. Primero, los negocios.

La percepción de los argentinos en relación al gobierno de Javier Milei muestra signos cada vez mas fuertes de deterioro. La última encuesta Latam Pulse Argentina de AtlasIntel y Bloomberg pega sobre un tema clave: qué piensa la sociedad argentina sobre la economía, la fibra más sensible para pensar la cuestión electoral.

Según esos relevamientos, que difundieron medios vinculados al macrismo, el 62% de los argentinos consultados dice que la situación económica está mal y el 49 que la situación va a empeorar en los próximos 6 meses.

El gobierno apuesta todas las armas a que la economía repunte de cara al 2027 pero eso no parece estar claro ya que la inflación sigue en torno al 2% mensual – a pesar de la mala medición del Indec – y los ingresos corren de atrás. El empleo sigue en caída y cierran más empresas de las que abren. El modelo no cierra y la gente empieza a verlo.  

La iniciativa busca regular la actividad de repartidores de aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya, además de trabajadores de plataformas de transporte como Uber y Cabify. Incluye seguros obligatorios, mayor transparencia en los ingresos y nuevas obligaciones para las empresas.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para regular el trabajo realizado a través de plataformas digitales de reparto y transporte, como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, establece un marco de derechos y obligaciones para quienes trabajan mediante aplicaciones, aunque respeta las limitaciones impuestas por la reforma laboral nacional, que impide obligar a las empresas a registrar a estos trabajadores bajo relación de dependencia.

Según el Gobierno bonaerense, el objetivo es crear un “piso mínimo de derechos” para un sector que actualmente desarrolla su actividad con escasa regulación. Estimaciones oficiales indican que solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay alrededor de 500.000 personas que trabajan mediante plataformas, mientras que en todo el país la cifra supera el millón.

Qué busca el proyecto

El ministro Walter Correa sostuvo que la propuesta toma como referencia las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar condiciones básicas de protección.

Además, cuestionó el funcionamiento de los algoritmos utilizados por las plataformas, al señalar que son las empresas las que determinan de manera unilateral la asignación de tareas y el valor de cada viaje o reparto, sin que los trabajadores conozcan cómo se calculan esos criterios.

Punto por punto, qué establece la iniciativa

Entre las principales medidas previstas por el proyecto se destacan:

• Seguro obligatorio contra accidentes de trabajo y cobertura médica integral para todos los trabajadores de plataformas.
• Mayor transparencia sobre cómo se calculan los ingresos y la asignación de tareas mediante los algoritmos.
• Creación de una aplicación oficial para los trabajadores, que incluirá un botón de pánico, un botón de emergencia sanitaria y otros servicios vinculados a la actividad.
• Registro obligatorio de plataformas digitales, donde las empresas deberán inscribirse e informar quiénes trabajan a través de sus aplicaciones.
• Las compañías deberán informar al Estado y a las organizaciones sindicales la cantidad de trabajadores activos, las horas trabajadas, los ingresos promedio, el tipo de contratación y los intermediarios con los que operan.
• Las plataformas estarán obligadas a garantizar espacios adecuados para el descanso, con sanitarios, agua potable, lugares de resguardo climático, puntos para cargar celulares y estacionamiento para bicicletas y motos en sus centros de operación.
• Las empresas deberán contratar un seguro para sus trabajadores, pudiendo hacerlo a través del Banco Provincia o de otra aseguradora.

Microcréditos para repartidores

El proyecto también prevé una articulación con el Banco Provincia para ofrecer líneas de microcréditos destinadas al mantenimiento y reposición de motos, bicicletas, cascos y demás herramientas de trabajo, con el objetivo de facilitar la continuidad de la actividad sin que esos costos recaigan exclusivamente sobre los repartidores.

Inspirado en experiencias internacionales

Desde la administración bonaerense señalaron que la propuesta sigue la tendencia de distintos países que avanzaron en la regulación del trabajo en plataformas digitales.

Para su elaboración se tomaron como referencia las legislaciones vigentes en España y México, además de los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, que considera que las plataformas organizan el trabajo y deben asumir responsabilidades en materia de protección laboral.

Asimismo, el proyecto se apoya en el denominado “fallo Rappi” de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ratificó las facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas y reafirmó el principio de primacía de la realidad para analizar posibles relaciones laborales encubiertas.

La Provincia instalará unidades de almacenamiento de energía en cuatro puntos estratégicos del territorio bonaerense para reforzar el sistema eléctrico en épocas de alta demanda. El proyecto reemplazará al Plan Verano, que utilizaba generadores a gasoil.

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof destinará más de 31.200 millones de pesos a la implementación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías con el objetivo de evitar cortes de luz durante los meses de mayor consumo por las altas temperaturas.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Energía provincial, busca fortalecer la red eléctrica y mejorar la calidad del servicio en zonas consideradas estratégicas, especialmente durante los picos de demanda que se registran en el verano.

El proyecto contempla una potencia instalada de 25 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 125 megavatios hora (MWh), que se distribuirán en cuatro nodos: Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

Desde la administración provincial señalaron que el nuevo esquema reemplazará al denominado Plan Verano, un operativo de contingencia que consistía en la instalación temporal de motores alimentados con gasoil para reforzar el suministro eléctrico durante aproximadamente dos meses.

Según explicaron, esos equipos permitían evitar interrupciones del servicio en momentos de máxima demanda, pero ahora esa función será cubierta mediante un sistema de baterías de almacenamiento, una alternativa que consideran más eficiente, permanente, menos costosa y con menor impacto ambiental.

Las obras comenzarán durante el segundo semestre de 2026 y la puesta en funcionamiento de los sistemas está prevista para enero de 2027, con el objetivo de que estén operativos para afrontar la demanda energética del próximo verano.

Desde el área de Energía provincial sostuvieron que “la incorporación de esta tecnología permitirá optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, reducir restricciones en el sistema de transporte, brindar mayor flexibilidad operativa, facilitar la integración de energías renovables y disminuir la utilización de generación térmica de respaldo”.

El programa será financiado mediante el Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), a través del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), en un esquema que articula la planificación del Estado provincial con la ejecución operativa de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA).

El juez federal Ariel Lijo resolvió que el exfuncionario libertario no podrá salir del país sin autorización judicial, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y constituye la primera restricción procesal impuesta en la causa.

Si bien no se trata de una prohibición absoluta para viajar al exterior, Adorni deberá informar previamente al tribunal y obtener autorización antes de abandonar el país. La decisión fue adoptada luego de que su defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, comunicara que el exvocero presidencial no tenía previsto realizar viajes internacionales en el corto plazo.

Pollicita sostuvo que, por el momento, no existen elementos que justifiquen una detención ni que permitan presumir un riesgo de fuga o un intento de entorpecer la investigación. Sin embargo, consideró pertinente establecer este mecanismo de control mientras avanza el expediente.

La causa se fortaleció tras la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró que Adorni habría aportado US$245.000 en efectivo para financiar las refacciones de una vivienda en Indio Cua. Según la investigación, la propiedad fue escriturada por US$120.000 y no figuraba en la declaración jurada patrimonial presentada por el exfuncionario en 2024.

De acuerdo con el expediente, la operación inmobiliaria incluyó un aporte inicial de US$20.000 realizado por Adorni y su esposa, mientras que otros US$100.000 fueron financiados mediante un préstamo en efectivo otorgado por Graciela Molina y su hija, Victoria Cancio. Posteriormente, el exfuncionario habría cancelado US$30.000, quedando pendiente una deuda de US$70.000 más intereses.

La pesquisa también incorporó el testimonio de Gisela Kocsis, exempleada del exfuncionario, quien confirmó haber realizado compras de electrodomésticos para la vivienda por $3,1 millones con su tarjeta de crédito, dinero que luego, según declaró, le fue reintegrado en efectivo por Adorni. Además, los investigadores detectaron gastos vinculados a refacciones y mobiliario por más de US$255.000 en otro inmueble.

Otro de los elementos bajo análisis es un informe financiero que reveló consumos con tarjetas de crédito por aproximadamente $139 millones en apenas dos años y cuatro meses, una cifra que, según la investigación, resulta ampliamente superior a los ingresos declarados por el entonces funcionario, cuyo salario rondaba los $3,5 millones mensuales.

Aunque el fiscal descartó que las conversaciones mantenidas entre Adorni y Tabar constituyeran un intento de obstrucción de la causa, un audio incorporado al expediente, en el que el exvocero le ofrece al contratista “todo el soporte que necesites”, pasó a formar parte de las pruebas que analizan los investigadores.