La polémica vuelve a rodear a Manuel Adorni. Esta vez, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si el exfuncionario continúa utilizando custodia de la Policía Federal y vehículos oficiales, beneficios que, según sostiene, ya no le corresponderían tras haber dejado el Gobierno.
La denuncia, radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini, también apunta contra funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y la Policía Federal que, de comprobarse los hechos, habrían permitido que Adorni siguiera haciendo uso de recursos financiados por todos los argentinos.
¿Privilegios que nunca terminan?
Para Pagano, la salida de Adorni del Ejecutivo implicó el fin de cualquier fundamento legal para mantener custodia oficial y vehículos del Estado a su disposición. Sin embargo, sostiene que esos beneficios habrían continuado sin respaldo administrativo ni justificación legal.
“Cesó todo título jurídico que lo habilitara a gozar de los bienes y servicios que el Estado Nacional destina, por razón del cargo, a quienes ejercen la función pública”, señala la presentación judicial.
De acuerdo con la denuncia, el exfuncionario habría seguido utilizando efectivos de la Policía Federal para su seguridad personal y automóviles oficiales para sus traslados, aun cuando ya no ocupaba ningún cargo que justificara esos recursos.
Amenazas sin respaldo y recursos públicos bajo la lupa
Uno de los puntos centrales de la presentación sostiene que la continuidad de la custodia estaría basada en presuntas amenazas que, según Pagano, nunca fueron denunciadas formalmente ante la Justicia ni dieron lugar a una evaluación oficial de riesgo.
La diputada afirma además que no existiría un acto administrativo ni una resolución definitiva del Ministerio de Seguridad que autorice la continuidad del operativo.
“La afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime”, argumentó.
Un nuevo capítulo en una serie de denuncias
La presentación se suma a otros cuestionamientos que ya habían alcanzado a Adorni durante investigaciones previas por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese marco, también trascendieron denuncias públicas sobre un supuesto uso de vehículos oficiales para fines particulares, incluyendo traslados de empleadas domésticas y familiares acompañados por la custodia asignada al entonces funcionario. Esas acusaciones aún deberán ser verificadas por la Justicia.
Los delitos que pide investigar
Pagano solicitó que se investigue la posible comisión de los delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Mientras la Justicia avanza con la causa, la denuncia vuelve a instalar un debate que genera indignación: si quienes dejan el poder pueden seguir disfrutando de privilegios pagados con fondos públicos, aun cuando ya no existe un cargo que los justifique. Ahora será la investigación judicial la que determine si las acusaciones tienen sustento.