El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata cuestionó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por una medida vinculada a la cooperación con el FBI y aseguró que desconoce el mandato constitucional sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata lanzó un duro comunicado contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al cuestionar su actuación en el marco de la cooperación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y acusarla de incumplir la Constitución Nacional.
Desde la organización sostuvieron que la funcionaria “ahora se puso la gorra del FBI” y remarcaron que, como integrante del Gobierno argentino, “debe cumplir con la Constitución Nacional”. En ese sentido, recordaron la Disposición Transitoria Primera, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, además de establecer que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
El CECIM aseguró que la ministra “se olvida” de ese mandato constitucional y la calificó como una funcionaria “colonizada”. En el mismo comunicado, la entidad expresó: “Qué vergüenza que nos das… reprimís a jubilados y Malvinas entregás”.
"Monteoliva, qué vergüenza que nos das"
— Corta (@somoscorta) July 15, 2026
El canto de los integrantes del Centro ExCombatientes Islas Malvinas de La Plata contra la ministra de Seguridad.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/sR7bJbvNYB
Las críticas se producen en medio de la polémica generada por la profundización de los vínculos entre el Ministerio de Seguridad y organismos estadounidenses, una decisión que distintos sectores cuestionan por considerar que puede afectar la autonomía del país en materia de seguridad y soberanía.
El pronunciamiento del CECIM vuelve a poner en el centro del debate la política del Gobierno nacional respecto de la cuestión Malvinas, un tema que para los excombatientes constituye una causa permanente y un compromiso establecido por la propia Constitución Nacional.