Con la semifinal del mundial entre Argentina e Inglaterra por delante y toda la pasión que ese partido despierta por la historia previa entre los dos países, muchos argentinos volvieron a recordar las indignantes frases de Javier Milei sobre Margaret Thatcher, quien fue la responsable de hundir al crucero General Belgrano, donde murieron 300 soldados argentinos.

En una entrevista con la BBC, el presidente Milei llegó a llenar de elogios a la ex primera ministra británica. “Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy intelectualmente precario. He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella era brillante. Entonces, ¿Cuál es el problema?”, dijo.

En la campaña electoral de 2023, Milei volvió a insistir con su “admiración” con Thatcher y ahora el gobierno nacional aceptó que los hinchas argentinos no puedan vestir remeras o llevar banderas con inscripciones referidas a las islas Malvinas.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata cuestionó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por una medida vinculada a la cooperación con el FBI y aseguró que desconoce el mandato constitucional sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata lanzó un duro comunicado contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al cuestionar su actuación en el marco de la cooperación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y acusarla de incumplir la Constitución Nacional.

Desde la organización sostuvieron que la funcionaria “ahora se puso la gorra del FBI” y remarcaron que, como integrante del Gobierno argentino, “debe cumplir con la Constitución Nacional”. En ese sentido, recordaron la Disposición Transitoria Primera, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, además de establecer que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

El CECIM aseguró que la ministra “se olvida” de ese mandato constitucional y la calificó como una funcionaria “colonizada”. En el mismo comunicado, la entidad expresó: “Qué vergüenza que nos das… reprimís a jubilados y Malvinas entregás”.

Las críticas se producen en medio de la polémica generada por la profundización de los vínculos entre el Ministerio de Seguridad y organismos estadounidenses, una decisión que distintos sectores cuestionan por considerar que puede afectar la autonomía del país en materia de seguridad y soberanía.

El pronunciamiento del CECIM vuelve a poner en el centro del debate la política del Gobierno nacional respecto de la cuestión Malvinas, un tema que para los excombatientes constituye una causa permanente y un compromiso establecido por la propia Constitución Nacional.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que quienes asistan este miércoles a la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta no podrán ingresar con remeras, banderas o cualquier elemento que haga alusión a las Islas Malvinas.

La funcionaria explicó que toda remera o bandera con las islas Malvinas será considerada un mensaje “provocativo”. En diálogo con radio Now 97.9, detalló que no se podrá entrar con botellas ni con ningún elemento —sea remera o bandera— que contenga algún mensaje provocativo, político, de odio o de intolerancia racial o religiosa.

Consultada puntualmente por la consigna “Las Malvinas son argentinas”, la ministra fue tajante: explicó que las medidas acordadas para el operativo establecen la prohibición de ingresar con elementos que contengan “mensajes de odio” o “contenido político”, y ubicó la consigna sobre las Islas Malvinas dentro de esas expresiones alcanzadas por la restricción.

Una nueva encuesta revela que la mayoría de los argentinos sigue sintiendo el impacto del ajuste en el bolsillo: la mitad de la población ya se considera de clase baja, el 86% sostiene que los salarios continúan perdiendo frente a la inflación y seis de cada diez hogares no llegan a fin de mes.

Así lo muestra el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que refleja un creciente malestar social producto de la pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es que el 50,2% de los argentinos se autopercibe como parte de la clase baja, mientras que apenas el 10,5% considera pertenecer a la clase alta. La consultora señala que esta percepción no responde solo a una valoración subjetiva, sino que está respaldada por la realidad de los ingresos y la capacidad de consumo de los hogares.

El deterioro del salario aparece como uno de los principales factores detrás de esa sensación de empobrecimiento. El 86,1% de los encuestados asegura que sus ingresos no logran ganarle a la inflación, un porcentaje que prácticamente no varió en los últimos meses y que evidencia que la recuperación del poder de compra sigue sin llegar.

Incluso entre quienes respaldan al Gobierno, el 70,2% admite que el salario continúa perdiendo frente al aumento de los precios. Entre los votantes opositores, esa percepción asciende al 96,6%, lo que muestra que el impacto del deterioro económico atraviesa a prácticamente todo el espectro político.

Cada vez cuesta más llegar a fin de mes

La encuesta también pone números a una realidad que se repite en millones de hogares. El 61% de los consultados afirmó que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, mientras que solo un 13% aseguró llegar al final del mes con capacidad de ahorro.

Las diferencias entre sectores sociales son contundentes. Apenas el 11,8% de quienes se consideran de clase alta reconocen quedarse sin dinero antes del día 20. Ese porcentaje escala al 43% entre la clase media y llega al 86,1% entre quienes se identifican con la clase baja.

Para Zentrix, estos datos reflejan que la creciente identificación con los sectores de menores ingresos está directamente vinculada con el deterioro de las condiciones materiales de vida.

Creciente desconfianza en los datos oficiales

El relevamiento también muestra una fuerte brecha entre las estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana de los consumidores. El 68,8% considera que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja los aumentos de precios que enfrenta en su vida diaria.

La desconfianza es todavía mayor entre los sectores más golpeados: cerca del 84% de quienes se consideran de clase baja descree de los datos oficiales.

Las expectativas hacia el futuro tampoco muestran señales de optimismo. El 55,1% cree que “lo peor todavía está por venir”, mientras que apenas el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás.

El malestar económico se convierte en cuestionamiento político

La encuesta también detecta un cambio en las principales preocupaciones de la población. Cuando la consulta es abierta, la corrupción aparece como el principal problema del país, seguida por “Milei” y luego por la economía. En la pregunta con opciones predeterminadas, la corrupción encabeza el ranking con el 51,3%, seguida por los ingresos y salarios (48,2%) y la incertidumbre económica (37,1%).

Para la consultora, el deterioro económico comienza a transformarse en un cuestionamiento más amplio al rumbo del país, donde las dificultades para sostener el nivel de vida ya no son percibidas únicamente como un problema económico, sino también como una consecuencia de las decisiones políticas adoptadas.

Si bien la desaprobación del Gobierno mostró una leve baja en junio —pasó del 61,2% al 56,6%, mientras que la aprobación subió del 32,2% al 33,2%—, Zentrix advierte que esto no implica una mejora en la percepción económica. Por el contrario, interpreta que parte de la sociedad comenzó a naturalizar el ajuste y el deterioro de su poder adquisitivo, estabilizando el nivel de malestar sin que ello suponga una recuperación de las condiciones de vida.

Según explicó el sociólogo Roberto Corne, el coeficiente de Gini registró un nuevo incremento en la medición correspondiente a marzo de 2026, lo que evidencia un crecimiento de la desigualdad y un impacto que ya alcanza a casi 19,5 millones de personas.

Corne recordó que el coeficiente de Gini es el indicador utilizado internacionalmente para medir la desigualdad económica y destacó que “es la forma más seria de medir la desigualdad en las naciones”. El índice varía entre 0 y 1: cuanto más cerca de cero, mayor igualdad; cuanto más próximo a uno, mayor concentración del ingreso.

El especialista señaló que Argentina había registrado un coeficiente de Gini de 0,417 en el segundo trimestre de 2023, pero las últimas estadísticas del INDEC muestran un deterioro del indicador. “En esta última medición de marzo de 2026 se reflejó de nuevo otra subida más del coeficiente de Gini”, afirmó.

Para Corne, el aumento del índice tiene consecuencias directas sobre la realidad cotidiana de millones de argentinos. “Hoy ha subido en casi medio millón de personas más. El impacto de la desigualdad hoy es de casi 19 millones 500 mil personas”, sostuvo.

El sociólogo también ilustró la magnitud de la brecha de ingresos entre los distintos sectores sociales. “Si entran 15 pesos en el sector más rico de la población argentina, solo ingresan 2 pesos en el sector más pobre”, ejemplificó, al advertir sobre la creciente concentración de los recursos.

En ese marco, rechazó los cuestionamientos que algunos sectores realizan sobre este indicador y remarcó que “el coeficiente de Gini es un coeficiente muy serio”, ya que constituye una herramienta reconocida a nivel internacional para medir la distribución del ingreso y evaluar la evolución de la desigualdad.

Las consecuencias de la destrucción del mercado interno

Durante la entrevista, Corne vinculó el agravamiento de la desigualdad con el rumbo económico. “La Argentina, en un 77%, depende del mercado interno como componente de su producto bruto; si uno destruye el mercado interno, destruye la Argentina”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo continúa deteriorando las condiciones de vida de la población. Según detalló, el salario promedio del empleo privado registrado ronda los 1,1 millones de pesos, mientras que en el empleo informal alcanza los 800 mil pesos, cifras que, aseguró, se mantienen por debajo del costo de vida.

A partir de ese diagnóstico, Corne afirmó que “más del 60% de la población argentina está bajo la línea de pobreza”, y consideró que el nuevo aumento del coeficiente de Gini confirma el empeoramiento de los indicadores sociales, con una desigualdad cada vez más profunda y un número creciente de personas afectadas.