Mientras el ajuste recorta derechos y servicios esenciales, Milei vuelve a aumentar el presupuesto de la SIDE y le asigna $7.500 millones en gastos reservados.
El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar que la austeridad y el ajuste no alcanza a todos por igual. Mientras el discurso oficial insiste en que “no hay plata” para jubilaciones, universidades, salud, ciencia o políticas sociales, el Ejecutivo decidió reforzar nuevamente el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluso con miles de millones de pesos en fondos reservados que no deben rendir cuentas.
La medida quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/26, que introduce una serie de modificaciones presupuestarias bajo el argumento de que, de no realizarse de manera inmediata, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. Entre esas prioridades, el Gobierno volvió a incluir al aparato de inteligencia.
El decreto incrementa en $49.261.489.000 el presupuesto anual de la SIDE. De ese monto, casi $7.500 millones corresponden a la partida de Gastos Reservados, recursos cuyo destino permanece fuera del control y del escrutinio público. Además, el organismo recibió otros más de $9.400 millones para la compra de equipamiento informático.
La decisión reafirma un patrón que se repite desde el comienzo de la gestión libertaria. En medio del fuerte ajuste sobre distintas áreas del Estado, la SIDE ha sido una de las grandes beneficiadas por las ampliaciones presupuestarias. En julio de 2024, el Gobierno ya había intentado otorgarle $100.000 millones mediante un decreto con partidas de carácter reservado. Un año después, otro DNU le sumó $1.625 millones adicionales. Ahora, vuelve a ampliar sus recursos con otra inyección de fondos.