El Gobierno anunció un fuerte endurecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas y una mayor intervención del Estado. El giro expone una llamativa contradicción con el discurso libertario que llevó a Milei a la Casa Rosada.
En un inesperado giro político y discursivo, Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda y anunció una batería de medidas que implican un marcado fortalecimiento de la intervención estatal. En cadena nacional, el Presidente anunció el endurecimiento de la Ley 26.659 —sancionada durante el kirchnerismo—, un decreto para acelerar las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas y un proyecto de ley destinado a ampliar las restricciones sobre compañías, accionistas, directivos y proveedores.
La decisión representa un cambio significativo respecto del discurso que caracterizó al Gobierno desde diciembre de 2023. El mismo Presidente que hizo de la libertad económica, la desregulación y la reducción del Estado sus principales banderas ahora propone utilizar el poder regulatorio, sancionatorio y económico del Estado para impedir que empresas privadas operen en proyectos petroleros vinculados con las Islas Malvinas. La paradoja se vuelve todavía más evidente porque una de las principales herramientas recuperadas por el Ejecutivo fue creada durante una administración kirchnerista, precisamente una corriente política que Milei convirtió en uno de sus principales adversarios.
El llamativo aval de Trump
El otro elemento central del anuncio fue la referencia de Milei a Donald Trump. El Presidente presentó como un dato decisivo que su aliado estadounidense se encuentra “reevaluando la posición histórica” de Washington respecto de la disputa por Malvinas. El planteo fue utilizado como una suerte de respaldo internacional para la nueva ofensiva argentina sobre las empresas que participan de la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
Así, el Gobierno parece presentar el endurecimiento de las sanciones y la recuperación de herramientas de intervención estatal como parte de una nueva estrategia geopolítica habilitada por el contexto internacional. La referencia a Trump adquiere particular relevancia porque Milei había construido buena parte de su política exterior sobre un alineamiento estrecho con Estados Unidos y sobre la profundización de los vínculos con el Reino Unido.
Más Estado para defender Malvinas
La nueva estrategia oficial contempla extender las sanciones previstas por la Ley 26.659 a petroleras, proveedores, directivos y accionistas que participen de actividades hidrocarburíferas en las Islas. También se busca impedir que esas empresas puedan contratar con el Estado argentino e incluso operar comercialmente en el país.
A esto se suma la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de áreas como Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía, y un incremento de los recursos destinados al área militar. Entre las medidas anunciadas aparece además la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego (proyecto que estaba en marcha hasta la asunción del gobierno libertario que decidió frenarla hasta obtener el visto bueno de los Estados Unidos) y el fortalecimiento de las capacidades argentinas en el Atlántico Sur y la Antártida.
El contraste con la lógica económica del Gobierno resulta difícil de disimular: para defender los recursos naturales y la soberanía argentina, la administración libertaria propone precisamente aquello que durante años cuestionó en otros gobiernos: más regulación, más controles, mayores restricciones a empresas privadas, sanciones económicas y una presencia más activa del Estado.
De la motosierra a la defensa de la soberanía
El cambio discursivo alcanza incluso al llamado político. Milei convocó a la dirigencia política, social y económica a dejar de lado las diferencias y construir un “frente unido” alrededor de Malvinas, el Atlántico Sur y la proyección antártica. Una apelación a la unidad nacional que contrasta con el tono de confrontación que el Gobierno suele utilizar frente a sus adversarios políticos.
El resultado es un escenario particularmente llamativo: un Gobierno que llegó al poder reivindicando la reducción drástica del Estado ahora recurre a leyes impulsadas por el kirchnerismo, endurece regulaciones sobre empresas privadas, aumenta el presupuesto de Defensa y anuncia nueva infraestructura militar para defender la soberanía sobre Malvinas.
Más allá de la legitimidad de la causa soberana —que atraviesa transversalmente a la política argentina—, el giro abre un interrogante político evidente: ¿se trata de una verdadera redefinición estratégica de la política argentina sobre Malvinas o de una adaptación del discurso libertario a una causa que históricamente excedió las fronteras partidarias?