El deterioro del entramado productivo nacional comienza a traducirse en una ola de despidos que golpea a empresas de sectores estratégicos. Granja Tres Arroyos, Unilever y Metalfor anunciaron fuertes recortes de personal, en un escenario que expone las dificultades que atraviesa la industria para sostener el empleo y los niveles de producción.
En Entre Ríos, Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 trabajadores de su planta de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de unos 900 empleados. La empresa atribuyó la crisis a las restricciones internacionales derivadas de la gripe aviar, la caída de las exportaciones, la sobreoferta en el mercado interno y el incremento de los costos.
El gremio de la alimentación, sin embargo, denunció una situación todavía más grave: los trabajadores acumularían más de cinco quincenas de salarios adeudados y entre los despedidos habría delegados sindicales. Desde FTIA calificaron los despidos como una medida que profundiza la crisis y advirtieron sobre el riesgo de que los trabajadores sean utilizados como “variable de ajuste”.
La situación de la compañía no es nueva. En diciembre de 2024 había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis y actualmente enfrenta una pesada carga financiera, con una deuda de USD 350,9 millones que negocia reestructurar con sus acreedores.
Unilever
A miles de kilómetros, Unilever cerró una histórica planta de Guaymallén, Mendoza, y desvinculó a unos 60 trabajadores, poniendo fin a más de seis décadas de producción de vegetales deshidratados vinculada a la elaboración de productos Knorr. La multinacional aseguró que la marca continuará operando en el país, pero no informó qué ocurrirá con las instalaciones.
La posibilidad de que parte de esa producción sea reemplazada por proveedores externos o incluso por productos importados encendió otra señal de alarma sobre el futuro de la producción local.
Metalfor
El caso de Metalfor completa un preocupante panorama. La fabricante de maquinaria agrícola busca reducir en alrededor de un 60% el personal de su planta de Marcos Juárez, con la salida de 225 trabajadores sobre una plantilla directa de 375. La empresa había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis y reconoció dificultades financieras, demoras salariales y un pasivo superior a $52.000 millones.
Además, acumula pedidos de quiebra y evalúa presentarse en concurso preventivo. El fracaso de las negociaciones dejó abierta la posibilidad de nuevos despidos directos.
Los tres casos, aunque responden a situaciones particulares, exhiben una misma tendencia: la pérdida de puestos de trabajo y el achicamiento de capacidades productivas comienzan a dejar de ser hechos aislados para convertirse en una señal de deterioro del entramado industrial argentino.
La combinación de caída de la demanda, dificultades financieras, apertura comercial, pérdida de competitividad y aumento de costos pone contra las cuerdas a empresas que durante décadas formaron parte de la estructura productiva del país.
Mientras el Gobierno sostiene su programa de ajuste y desregulación como vía para transformar la economía, en las fábricas la discusión empieza a tener una consecuencia concreta: menos trabajadores, menos producción y una creciente incertidumbre sobre qué empresas podrán atravesar el nuevo escenario sin cerrar o reducir drásticamente sus operaciones.