Javier Milei ya cerró con los Saguier y el gobierno tiene listo el decreto para entregarle la licitación de Tecnópolis a La Nación y Live Nation. Se acabaron las críticas a los dueños del tradicional diario. Vuelven los negocios para los amigos.

La relación estaba rota desde que Milei echó a Fernán Saguier de la residencia presidencial luego de que el dueño de La Nación se negara a echar periodistas como le reclamó el presidente. “Me tiene que pedir disculpas públicamente”, suele comentar Saguier, todavía molesto por el destrato presidencial. No le pedirá perdón pero le dará un jugoso contrato.

Según informaron medios libertarios, la Agencia de Bienes ya tiene lista la adjudicación del predio de 54 hectáreas en Villa Martelli. Un gran negocio para los Saguier y una mala noticia para millones de argentinos que supieron disfrutar de Tecnópolis.

Este miércoles, científicos de todo el país se movilizan para reclamar al gobierno por la crisis que afecta al sector. Invitan a ponerse la camiseta por la ciencia argentina y defender un área estratégica que experimenta una sangría de recursos humanos y de fondos.

De manera reciente, despidió a 400 científicos, no garantiza fondos para los laboratorios e incumple la Ley de financiamiento.

Se estima que, desde diciembre de 2023, se perdieron 7 empleos por día en el área vinculada a la investigación y que la inversión proyectada para 2026 es de 0,14 del PBI, la más baja desde 1972. La cita, que en CABA será a las 16 en el Obelisco, también reunirá a la comunidad universitaria, que le pide a la administración libertaria que cumpla con la Ley de financiamiento sancionada hace ya casi 300 días.

Con el Mundial todavía fresco, los investigadores convocan a movilizarse con el lema “Me pongo la camiseta”. La idea es que quienes asistan a la convocatoria puedan vestir una camiseta de la Selección argentina en señal de apoyo a los cerebros que juegan para el país. Referentes del Conicet, pero también de otros organismos científicos y técnicos como el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Servicio Meteorológico Nacional, dirán presente.

Agustín Ormazábal es biofísico del Conicet y referente de la lucha contra el ajuste libertario. En este sentido, sintetiza a Página 12: “La movilización de este miércoles es una respuesta al deterioro sostenido. Jamás desde que se registra el dato tuvimos un presupuesto menor en materia científica-tecnológica. Estamos por debajo del 0,14 por ciento del PBI. Esto, a su vez, tiene un impacto notable en las dotaciones; todos los organismos han reducido sus puestos de trabajo. En paralelo, hay una erosión en materia salarial. Por ejemplo, en la Agencia de Promoción Científica, desde hace 28 meses, los sueldos están congelados por debajo de la línea de pobreza”. Y completa: “La marcha es una respuesta, también, a la militarización de los organismos científicos y a un ataque discursivo que cada vez tiene connotaciones más peligrosas. Hace poco el presidente nos trató de ‘terroristas encubiertos’”.

Como desde el Conicet y de otros organismos como la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación no hay convocatorias, tampoco hay dinero para promover la actividad científica. Así, los institutos y centros que subsisten lo hacen gracias a vínculos previos con laboratorios e instituciones extranjeras.

De acuerdo a un informe que publicó el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, se calcula que, desde que asumió Javier Milei la presidencia, se perdieron en el sector científico y tecnológico 6400 puestos de trabajo. El financiamiento del sector acumula una caída del 51 por ciento desde fines de 2023.

El cientificidio se confirma por partida doble. Por un lado, el gobierno congela partidas y quita fondos que corresponderían a los organismos encargados de la producción del conocimiento. Argumentan que “no hay plata” mientras benefician a otros sectores como el campo o inteligencia. Por otro lado, en paralelo, las tareas que realizaban organismos científicos públicos son trasladadas a los privados. Un caso emblemático es el del INTI que, a pesar de sus años de experiencia y eficacia en los servicios de certificaciones y controles metrológicos, a partir de meras resoluciones del gobierno, cada vez realiza menos actividades ya que pasaron a ser ofrecidos por empresas, publicó Página 12.

Un disparo al corazón del sistema

Semanas atrás, el Conicet informó que no renovaría las becas posdoctorales a 379 investigadores formados durante años en el país. Recursos humanos híper calificados que reclaman el lugar que se merecen, y así evitar una fuga de cerebros masiva. Esta semana, de hecho, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley con el objetivo de prorrogar las becas posdoctorales que se vencieron el 31 de julio y, entre otras cosas, garantizar la cobertura integral de salud para los jóvenes científicos.

Rolando González-José, investigador superior del Conicet en el Centro Nacional Patagónico, explica: “La discontinuidad de las becas posdoctorales es una afectación a un eslabón crítico del sistema. El becario posdoctoral es aquel que acumuló toda la experiencia posible en un tema específico. Precisamente en ese momento es cuando todos sus conocimientos comienzan a ser transferidos a las cadenas productivas y a cualquier tipo de impacto que sus saberes puedan tener en la comunidad”.

Y continúa: “Es el momento en que consolida sus alianzas internacionales con colegas de otros países y empieza a cristalizar sus líneas de investigación a través de publicaciones. El gobierno dispara directo a uno de los nudos más críticos que tiene el Conicet en relación a la formación de recursos humanos. Nuestro país necesita doctores para desarrollarse”.

Al respecto, Ormazábal agrega: “Despidieron a 379 compañeros y compañeras del Conicet, que el lunes tuvieron una audiencia pública impresionante en el Congreso con participación de un montón de bloques, lo que da cuenta de la transversalidad del reclamo. También hay que sumarle los 60 despidos recientes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La suspensión de proyectos emblemáticos para el desarrollo nacional, como lo que sucedió con el reactor Carem, entre muchos otros”.

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología importa tan poco para este gobierno que, a la fecha, luego de la renuncia de Darío Genua, todavía no le han encontrado un reemplazo. González-José apunta: “Reclamamos la renuncia del presidente del Conicet, Daniel Salamone, que se limita a viajar por el mundo, a administrar la pobreza, a cobrar un salario como funcionario mientras los trabajadores del organismo perdimos más del 40 por ciento del poder adquisitivo de nuestros salarios. Encima, no tolera las disidencias políticas al interior del Consejo que, precisamente, se caracteriza por su diversidad”.

Un informe de la UBA reveló que el 35,5% de los argentinos acudió durante el último año a una institución religiosa en busca de algún tipo de ayuda poniendo en evidencia la gravedad de la crisis social y económica que atraviesa el país.

La creciente incertidumbre económica y el deterioro de las condiciones de vida están empujando a cada vez más argentinos a buscar ayuda en lugares de culto. Iglesias y templos comienzan a cumplir una función que va mucho más allá de la asistencia espiritual: para miles de personas se transformaron en espacios donde pedir alimentos, apoyo económico, capacitación, trabajo y contención.

Un informe de la UBA reveló que el 35,5% de los argentinos acudió durante el último año a una institución religiosa en busca de algún tipo de ayuda. Entre quienes recurrieron a estos espacios, el 45% lo hizo por necesidades económicas, alimentarias o laborales, una cifra que expone con crudeza hasta qué punto la crisis comienza a impactar en la vida cotidiana.

El escenario social profundiza la preocupación. La pobreza volvió a ubicarse alrededor del 30% durante el primer trimestre de 2026, mientras la informalidad laboral alcanzó el 44,2%. A esto se suma que más del 90% de los nuevos ocupados necesita trabajar más horas para intentar mejorar sus ingresos.

Cuando la necesidad llega hasta los templos

El Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) del CBC-UBA, dimensionó el fenómeno. Del total de la población encuestada, el 16% se apoya en instituciones religiosas para resolver problemas de base material, económica o laboral.

La investigadora Mariela Mosqueira señaló que esta problemática se acentúa entre las personas con menor nivel de formación. Gabriela Irrazábal, por su parte, destacó que, en un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para quienes buscan desde consuelo emocional hasta asistencia material.

El dato revela una transformación preocupante: la crisis ya no se expresa solamente en los bolsillos, sino también en los lugares donde los argentinos buscan ayuda para sobrevivirla. Ante la falta de empleo estable, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para cubrir necesidades básicas, las redes religiosas aparecen como un último sostén para familias que sienten que las alternativas se van agotando.

La búsqueda de alimentos, trabajo o asistencia económica dentro de los templos funciona así como una señal de alarma sobre la profundidad de la crisis social. Para una parte creciente de la población, la religión no solo representa un refugio espiritual frente a la incertidumbre, sino también una red de contención material ante una realidad económica que cada vez ofrece menos respuestas.

La morosidad en las familias llegó a niveles récord y se metió de lleno en la agenda política. Para el Gobierno de Javier Milei “nadie le puso un arma en la cabeza” a los que tomaron crédito. Ahora la CGT se suma a los reclamos y decidió programar una marcha al Ministerio de Economía para el 20 de agosto. También preparan otras movilizaciones y no descartan un nuevo paro nacional antes de fin de año.

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) viene hablando del endeudamiento de los trabajadores y decidió ponerlo en la cabeza de su próxima acción contra el Gobierno.

Este martes realizaron un encuentro ampliado sobre este tema y anunciaron una “campaña contra el endeudamiento de las familias trabajadoras” y en los próximos días oficializarán la movilización a Economía. El mensaje será claro: la culpa es del modelo libertario. Nunca antes en la historia reciente la morosidad de las familias estuvo en los niveles actuales. El modelo no cierra.

El deterioro del entramado productivo nacional comienza a traducirse en una ola de despidos que golpea a empresas de sectores estratégicos. Granja Tres Arroyos, Unilever y Metalfor anunciaron fuertes recortes de personal, en un escenario que expone las dificultades que atraviesa la industria para sostener el empleo y los niveles de producción.

En Entre Ríos, Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 trabajadores de su planta de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de unos 900 empleados. La empresa atribuyó la crisis a las restricciones internacionales derivadas de la gripe aviar, la caída de las exportaciones, la sobreoferta en el mercado interno y el incremento de los costos.

El gremio de la alimentación, sin embargo, denunció una situación todavía más grave: los trabajadores acumularían más de cinco quincenas de salarios adeudados y entre los despedidos habría delegados sindicales. Desde FTIA calificaron los despidos como una medida que profundiza la crisis y advirtieron sobre el riesgo de que los trabajadores sean utilizados como “variable de ajuste”.

La situación de la compañía no es nueva. En diciembre de 2024 había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis y actualmente enfrenta una pesada carga financiera, con una deuda de USD 350,9 millones que negocia reestructurar con sus acreedores.

Unilever

A miles de kilómetros, Unilever cerró una histórica planta de Guaymallén, Mendoza, y desvinculó a unos 60 trabajadores, poniendo fin a más de seis décadas de producción de vegetales deshidratados vinculada a la elaboración de productos Knorr. La multinacional aseguró que la marca continuará operando en el país, pero no informó qué ocurrirá con las instalaciones.

La posibilidad de que parte de esa producción sea reemplazada por proveedores externos o incluso por productos importados encendió otra señal de alarma sobre el futuro de la producción local.

Metalfor

El caso de Metalfor completa un preocupante panorama. La fabricante de maquinaria agrícola busca reducir en alrededor de un 60% el personal de su planta de Marcos Juárez, con la salida de 225 trabajadores sobre una plantilla directa de 375. La empresa había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis y reconoció dificultades financieras, demoras salariales y un pasivo superior a $52.000 millones.

Además, acumula pedidos de quiebra y evalúa presentarse en concurso preventivo. El fracaso de las negociaciones dejó abierta la posibilidad de nuevos despidos directos.

Los tres casos, aunque responden a situaciones particulares, exhiben una misma tendencia: la pérdida de puestos de trabajo y el achicamiento de capacidades productivas comienzan a dejar de ser hechos aislados para convertirse en una señal de deterioro del entramado industrial argentino.

La combinación de caída de la demanda, dificultades financieras, apertura comercial, pérdida de competitividad y aumento de costos pone contra las cuerdas a empresas que durante décadas formaron parte de la estructura productiva del país.

Mientras el Gobierno sostiene su programa de ajuste y desregulación como vía para transformar la economía, en las fábricas la discusión empieza a tener una consecuencia concreta: menos trabajadores, menos producción y una creciente incertidumbre sobre qué empresas podrán atravesar el nuevo escenario sin cerrar o reducir drásticamente sus operaciones.

El hombre, de 42 años, fue detenido por la Policía Federal y trasladado a Villa María, donde fue liberado horas después. Denunció que el procedimiento estuvo vinculado a una supuesta amenaza contra una senadora y que le secuestraron el celular para peritarlo.

Un grave episodio ocurrido en Río Tercero encendió las alarmas sobre el respeto a la libertad de expresión durante la gestión de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Un hombre de 42 años fue detenido en su domicilio por la Policía Federal y trasladado a Villa María por una supuesta amenaza contra el Gobierno difundida en redes sociales.

El hombre relató que los efectivos tenían una orden de allanamiento y que le hablaron de una amenaza de muerte contra una senadora a la que aseguró no conocer. También contó que le secuestraron el celular para realizar una pericia y que, tras ser liberado horas después, los policías le pidieron disculpas.

La causa continúa abierta y deberá presentarse a indagatoria. Su madre describió el episodio como “de terror” y aseguró: “Todavía nos tiemblan las piernas”.

El caso generó preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad frente a expresiones realizadas en redes y volvió a poner bajo la lupa los límites del poder estatal. Si una crítica o publicación puede derivar en una detención y el secuestro de un teléfono, el episodio plantea una seria alarma sobre la libertad de expresión y el creciente autoritarismo del Gobierno.