Según la investigación judicial, el ex agente de la SIDE habría comandado durante décadas una estructura que operaba locales nocturnos y cabarets en la Ciudad de Buenos Aires y Cancún.
Raúl Luis Martins Coggiola, ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue extraditado desde México hacia la Argentina y quedó a disposición de la Justicia federal, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa una presunta trama de crimen organizado, corrupción y extorsiones que durante años habría tenido ramificaciones en ámbitos políticos, judiciales y empresariales.
La causa tramita ante el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, y tiene como eje una investigación de extrema gravedad. Martins está procesado como presunto jefe de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres, trata de personas, proxenetismo, asociación ilícita y lavado de activos.
Según la investigación judicial, el ex agente habría comandado durante décadas una estructura que operaba locales nocturnos y cabarets en la Ciudad de Buenos Aires y Cancún. La acusación sostiene que mujeres eran captadas mediante falsas promesas laborales y posteriormente sometidas a la prostitución, mientras la organización habría utilizado bares, cafés y whiskerías como fachada para desarrollar sus actividades.
El expediente tomó impulso en 2012 a partir de una denuncia presentada por Lorena Martins, hija del acusado, con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. En sus declaraciones, denunció el presunto entramado de protección institucional que habría permitido el funcionamiento de la organización y apuntó a los contactos que su padre habría conservado dentro de los servicios de inteligencia y otros sectores de poder.
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación son las denuncias sobre la utilización de cámaras ocultas y filmaciones realizadas dentro de los establecimientos. Según lo expuesto en el expediente y en declaraciones públicas, ese material habría sido utilizado para ejercer presión y presuntamente extorsionar a personas vinculadas con la política, la Justicia y el mundo empresarial.
En ese contexto, Lorena Martins también sostuvo públicamente que su padre mantenía una relación de amistad y negocios con Mauricio Macri y realizó acusaciones sobre el supuesto destino de fondos provenientes de los locales nocturnos. Se trata de señalamientos formulados en el marco de las denuncias y que deberán ser establecidos o descartados por la Justicia.En su presentación, incluso sostuvo que el dinero habría sido entregado en un sobre en una dependencia de la Ciudad. Se trata de una acusación que deberá ser corroborada en el ámbito judicial.
A estas denuncias se sumó una fotografía difundida públicamente en 2012, en la que Mauricio Macri aparece junto a Juliana Awada y Gabriel Conde en el local nocturno Mix Sky Lounge, de Cancún. Según Lorena Martins, el establecimiento formaba parte del entramado de negocios que habría estado bajo control de su padre. La imagen volvió a cobrar relevancia en el marco de las acusaciones sobre los presuntos vínculos entre Martins y sectores cercanos al poder político.
La historia judicial de Martins se remonta a octubre de 2019, cuando fue detenido en el aeropuerto de Cancún por personal de Interpol luego de que la Justicia argentina emitiera una alerta roja internacional. Tras años de recursos judiciales y un período de prisión domiciliaria en México, finalmente se concretó su extradición.
Su llegada a la Argentina vuelve a abrir una causa que durante años permaneció atravesada por acusaciones de impunidad, protección institucional y presuntas extorsiones. Ahora, Martins deberá enfrentar a la Justicia federal y responder por las graves imputaciones que pesan sobre él, mientras la investigación vuelve a poner bajo el foco los vínculos que la presunta organización habría mantenido con sectores del poder.