En medio de un marcado deterioro en los índices de confianza de su gestión y el avance de definiciones legislativas clave, el Presidente reapareció en la sede de Gobierno para bajar línea ante diputados y senadores oficialistas.

Luego de permanecer recluido durante casi un mes en la Quinta Presidencial de Olivos, Javier Milei retomó las actividades presenciales en la Casa Rosada. La reaparición gubernamental se produce en un contexto político adverso, marcado por crecientes tensiones legislativas, internas crecientes en el espacio oficialista y indicadores de opinión pública que señalan caídas significativas en la aprobación de la gestión libertaria.

El retorno del mandatario al despacho presidencial responde a la urgencia del Poder Ejecutivo por ordenar a su propia tropa en el Congreso. Para ello, Milei convocó a una reunión de urgencia con los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza, buscando alinear posiciones y fijar las prioridades en la agenda parlamentaria ante proyectos decisivos para la sostenibilidad de su programa de gobierno.

El aislamiento prolongado en la residencia oficial había encendido alarmas dentro y fuera del propio espacio libertario, abonando lecturas sobre el desgaste político del Ejecutivo y la dificultad de la mesa chica presidencial para conducir la coyuntura. La falta de presencia del Presidente en la sede de Gobierno coincidió con el avance de reclamos sociales, cuestionamientos a figuras clave del Gabinete y un escenario económico signado por el descontento social.

Con esta reaparición, la gestión oficialista intenta recuperar la iniciativa política e imprimir volumen institucional a una semana que se prevé compleja en las cámaras. Resta constatar si la reunión con los legisladores propios logrará abroquelar la bancada oficialista frente a una oposición que busca imponer límites a los decretos y proyectos impulsados desde Balcarce 50.

A menos de 48 horas de que venza el plazo para que el ultralibertario Manuel Adorni responda al requerimiento del fiscal Pollicita por las inconsistencias en su patrimonio, en la fiscalía no descartan que el exjefe de Gabinete pida una prórroga: le habían dado 15 días hábiles. ¡Hasta las manos!

La justicia le puso un plazo para que el ex funcionario de Javier Milei pueda explicar cómo hizo para incrementar de forma extraordinaria su patrimonio. Adorni no puede justificar gastos por más de 400 mil dólares. Recordemos que el libertario había asegurado que encontró un pendrive donde guardaba inversiones en criptomendas, que le habrían dado muchas ganancias. La justicia no le creyó.

Ahora, a solo dos días de la entrega de la documentación aclaratoria, en Comodoro Py sospechan de que Adorni volverá a pedir más tiempo. Es evidente que se le hace imposible justificar gastos por 600 millones de pesos cuando tenía un salario no superior a los 5 millones mensuales. Además, se sabe también que vivía de forma muy austera hasta llegar a la función pública. Se viene días oscuros para Adorni.

Si bien las ventas en supermercados muestran signos de caída en la comparación mensual, una perspectiva de más largo plazo aporta un cuadro más preciso sobre la evolución real de la facturación del sector. Asimismo, la desagregación por los 24 distritos subnacionales permite observar cierta homogeneidad en la caída, con dos excepciones, y cómo algunas provincias han tenido una caída mucho mayor al promedio.

Los datos provienen del informe de la consultora Politikon Chaco elaborado en base a la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esos datos chocan contra el discurso de Javier Milei que insiste en que Argentina vive un “boom de consumo”. El mandatario está decidido a pelearse con la realidad.

En términos reales, la facturación del primer semestre de 2026 se ubicó un 9,2% por debajo del promedio histórico para el mismo período entre 2017 y 2025. El cálculo toma como punto de partida el inicio de la serie actual del INDEC y coteja el volumen acumulado este año frente al promedio de los últimos nueve años, evitando la distorsión de comparar contra un único punto de base, reseñó Ámbito Financiero.

Detrás del dato nacional se esconde una profunda brecha territorial, con marcadas muestras de los ganadores y perdedores en este período político: durante el primer semestre, 22 de las provincias relevadas facturaron por debajo de su promedio histórico y solo dos mostraron números positivos. Las excepciones fueron Neuquén y Río Negro, impulsadas por el dinamismo de la minería y el petróleo, sectores que hoy encabezan la tracción de la actividad económica.

Los gremios universitarios realizarán un paro nacional de 48 horas por falta de fondos y reclaman recomposiciones salariales que compensen la inflación.

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) lanzó un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La medida, confirmada por sindicatos como FEDUBA, ocurre en medio de una tensa disputa judicial y política en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso ratificó tras el veto presidencial pero que el Ejecutivo aún no aplica en su totalidad.

Las universidades públicas no reciben los fondos que establece esa norma, pese a que existan fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. Esta demora afecta tanto el funcionamiento cotidiano de las instituciones como el pago de salarios docentes y las becas estudiantiles.

Desde los gremios denuncian que las actualizaciones salariales de los últimos meses surgieron de decisiones unilaterales, sin una paritaria formal, y que resultaron muy por debajo de la inflación. Estiman que el poder adquisitivo del sector cayó casi un 30% desde diciembre de 2023, por lo que necesitarían un aumento superior al 50% para recuperar el nivel de compra de esa fecha. La pérdida golpea con mayor dureza a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, aunque también alcanza a las exclusivas.

Otro punto crítico es la fuga de docentes e investigadores con posgrados, que migran hacia el sector privado o el exterior atraídos por mejores ingresos. Este drenaje de talento compromete la calidad educativa y la producción científica del país.

El paro coincide con la demora gubernamental en implementar la ley, y las organizaciones sindicales advierten que endurecerán las medidas si el Poder Ejecutivo no ofrece respuestas concretas.

El gobierno lleva más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que lo obliga a aplicarla . El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Ejecutivo el 26 de junio de 2026 y mantuvo vigente la cautelar que exige la actualización salarial de docentes y no docentes, así como la recomposición de las becas estudiantiles . Sin embargo, el Poder Ejecutivo continúa dilatando su ejecución . El acuerdo salarial del 24,33% que el gobierno alcanzó con los rectores no alcanza a cumplir lo que establece la ley: los artículos 5 y 6 exigen una recomposición automática por inflación desde diciembre de 2023, lo que implicaría un aumento superior al 50% sobre los haberes actuales . Las becas estudiantiles siguen congeladas en $35.000, otro punto que la norma ordena actualizar .

Según la investigación judicial, el ex agente de la SIDE habría comandado durante décadas una estructura que operaba locales nocturnos y cabarets en la Ciudad de Buenos Aires y Cancún.

Raúl Luis Martins Coggiola, ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue extraditado desde México hacia la Argentina y quedó a disposición de la Justicia federal, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa una presunta trama de crimen organizado, corrupción y extorsiones que durante años habría tenido ramificaciones en ámbitos políticos, judiciales y empresariales.

La causa tramita ante el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, y tiene como eje una investigación de extrema gravedad. Martins está procesado como presunto jefe de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres, trata de personas, proxenetismo, asociación ilícita y lavado de activos.

Según la investigación judicial, el ex agente habría comandado durante décadas una estructura que operaba locales nocturnos y cabarets en la Ciudad de Buenos Aires y Cancún. La acusación sostiene que mujeres eran captadas mediante falsas promesas laborales y posteriormente sometidas a la prostitución, mientras la organización habría utilizado bares, cafés y whiskerías como fachada para desarrollar sus actividades.

El expediente tomó impulso en 2012 a partir de una denuncia presentada por Lorena Martins, hija del acusado, con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. En sus declaraciones, denunció el presunto entramado de protección institucional que habría permitido el funcionamiento de la organización y apuntó a los contactos que su padre habría conservado dentro de los servicios de inteligencia y otros sectores de poder.

Uno de los aspectos más sensibles de la investigación son las denuncias sobre la utilización de cámaras ocultas y filmaciones realizadas dentro de los establecimientos. Según lo expuesto en el expediente y en declaraciones públicas, ese material habría sido utilizado para ejercer presión y presuntamente extorsionar a personas vinculadas con la política, la Justicia y el mundo empresarial.

En ese contexto, Lorena Martins también sostuvo públicamente que su padre mantenía una relación de amistad y negocios con Mauricio Macri y realizó acusaciones sobre el supuesto destino de fondos provenientes de los locales nocturnos. Se trata de señalamientos formulados en el marco de las denuncias y que deberán ser establecidos o descartados por la Justicia.En su presentación, incluso sostuvo que el dinero habría sido entregado en un sobre en una dependencia de la Ciudad. Se trata de una acusación que deberá ser corroborada en el ámbito judicial.

A estas denuncias se sumó una fotografía difundida públicamente en 2012, en la que Mauricio Macri aparece junto a Juliana Awada y Gabriel Conde en el local nocturno Mix Sky Lounge, de Cancún. Según Lorena Martins, el establecimiento formaba parte del entramado de negocios que habría estado bajo control de su padre. La imagen volvió a cobrar relevancia en el marco de las acusaciones sobre los presuntos vínculos entre Martins y sectores cercanos al poder político.

La historia judicial de Martins se remonta a octubre de 2019, cuando fue detenido en el aeropuerto de Cancún por personal de Interpol luego de que la Justicia argentina emitiera una alerta roja internacional. Tras años de recursos judiciales y un período de prisión domiciliaria en México, finalmente se concretó su extradición.

Su llegada a la Argentina vuelve a abrir una causa que durante años permaneció atravesada por acusaciones de impunidad, protección institucional y presuntas extorsiones. Ahora, Martins deberá enfrentar a la Justicia federal y responder por las graves imputaciones que pesan sobre él, mientras la investigación vuelve a poner bajo el foco los vínculos que la presunta organización habría mantenido con sectores del poder.

Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza, fue detenido e imputado por la presunta comercialización de estupefacientes. Durante un allanamiento en su vivienda, la Justicia secuestró restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión. El caso genera un fuerte impacto político para el espacio libertario y pone bajo la lupa a sus representantes en el territorio.

Un nuevo escándalo golpea a La Libertad Avanza. Germán Díaz, concejal de 52 años de ese espacio en Bragado, fue detenido y quedó imputado por la presunta comercialización de drogas. El procedimiento se realizó en su vivienda de O’Brien, donde efectivos policiales secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión, según consta en la investigación judicial.

El operativo fue ordenado a pedido de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes y avalado por el Juzgado de Garantías N° 3. Díaz permanecía detenido a disposición de la Justicia y debía ser trasladado a Mercedes para prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola.

La investigación se habría iniciado luego de que vecinos de O’Brien manifestaran su preocupación por una presunta actividad vinculada con la venta de drogas. Según informó LA NACION, durante una reunión en la que habría participado el intendente Sergio Barenghi, los vecinos señalaron al concejal como presunto responsable.

El episodio representa un duro golpe político para La Libertad Avanza, un espacio que convirtió la lucha contra la inseguridad y el delito en una de sus principales banderas. La detención de uno de sus concejales por una causa vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes deja expuestas, además, fuertes dudas sobre los mecanismos de control y selección de sus dirigentes locales.

En paralelo, el Concejo Deliberante de Bragado analiza la situación y convocará a una reunión interbloque para evaluar posibles medidas contra Díaz, incluida una eventual suspensión mientras avance la investigación. La Ley Orgánica de las Municipalidades contempla sanciones que pueden llegar incluso a la destitución.

Díaz había asumido su banca en diciembre de 2023, cuando La Libertad Avanza consiguió dos concejalías en Bragado. Ahora, una investigación por presunta venta de drogas amenaza con convertirse en un nuevo escándalo para el espacio libertario y en una incómoda prueba para su discurso sobre seguridad y combate al delito.