Según la investigación judicial, el ex agente de la SIDE habría comandado durante décadas una estructura que operaba locales nocturnos y cabarets en la Ciudad de Buenos Aires y Cancún.

Raúl Luis Martins Coggiola, ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue extraditado desde México hacia la Argentina y quedó a disposición de la Justicia federal, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa una presunta trama de crimen organizado, corrupción y extorsiones que durante años habría tenido ramificaciones en ámbitos políticos, judiciales y empresariales.

La causa tramita ante el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, y tiene como eje una investigación de extrema gravedad. Martins está procesado como presunto jefe de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres, trata de personas, proxenetismo, asociación ilícita y lavado de activos.

Según la investigación judicial, el ex agente habría comandado durante décadas una estructura que operaba locales nocturnos y cabarets en la Ciudad de Buenos Aires y Cancún. La acusación sostiene que mujeres eran captadas mediante falsas promesas laborales y posteriormente sometidas a la prostitución, mientras la organización habría utilizado bares, cafés y whiskerías como fachada para desarrollar sus actividades.

El expediente tomó impulso en 2012 a partir de una denuncia presentada por Lorena Martins, hija del acusado, con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. En sus declaraciones, denunció el presunto entramado de protección institucional que habría permitido el funcionamiento de la organización y apuntó a los contactos que su padre habría conservado dentro de los servicios de inteligencia y otros sectores de poder.

Uno de los aspectos más sensibles de la investigación son las denuncias sobre la utilización de cámaras ocultas y filmaciones realizadas dentro de los establecimientos. Según lo expuesto en el expediente y en declaraciones públicas, ese material habría sido utilizado para ejercer presión y presuntamente extorsionar a personas vinculadas con la política, la Justicia y el mundo empresarial.

En ese contexto, Lorena Martins también sostuvo públicamente que su padre mantenía una relación de amistad y negocios con Mauricio Macri y realizó acusaciones sobre el supuesto destino de fondos provenientes de los locales nocturnos. Se trata de señalamientos formulados en el marco de las denuncias y que deberán ser establecidos o descartados por la Justicia.En su presentación, incluso sostuvo que el dinero habría sido entregado en un sobre en una dependencia de la Ciudad. Se trata de una acusación que deberá ser corroborada en el ámbito judicial.

A estas denuncias se sumó una fotografía difundida públicamente en 2012, en la que Mauricio Macri aparece junto a Juliana Awada y Gabriel Conde en el local nocturno Mix Sky Lounge, de Cancún. Según Lorena Martins, el establecimiento formaba parte del entramado de negocios que habría estado bajo control de su padre. La imagen volvió a cobrar relevancia en el marco de las acusaciones sobre los presuntos vínculos entre Martins y sectores cercanos al poder político.

La historia judicial de Martins se remonta a octubre de 2019, cuando fue detenido en el aeropuerto de Cancún por personal de Interpol luego de que la Justicia argentina emitiera una alerta roja internacional. Tras años de recursos judiciales y un período de prisión domiciliaria en México, finalmente se concretó su extradición.

Su llegada a la Argentina vuelve a abrir una causa que durante años permaneció atravesada por acusaciones de impunidad, protección institucional y presuntas extorsiones. Ahora, Martins deberá enfrentar a la Justicia federal y responder por las graves imputaciones que pesan sobre él, mientras la investigación vuelve a poner bajo el foco los vínculos que la presunta organización habría mantenido con sectores del poder.

Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza, fue detenido e imputado por la presunta comercialización de estupefacientes. Durante un allanamiento en su vivienda, la Justicia secuestró restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión. El caso genera un fuerte impacto político para el espacio libertario y pone bajo la lupa a sus representantes en el territorio.

Un nuevo escándalo golpea a La Libertad Avanza. Germán Díaz, concejal de 52 años de ese espacio en Bragado, fue detenido y quedó imputado por la presunta comercialización de drogas. El procedimiento se realizó en su vivienda de O’Brien, donde efectivos policiales secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión, según consta en la investigación judicial.

El operativo fue ordenado a pedido de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes y avalado por el Juzgado de Garantías N° 3. Díaz permanecía detenido a disposición de la Justicia y debía ser trasladado a Mercedes para prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola.

La investigación se habría iniciado luego de que vecinos de O’Brien manifestaran su preocupación por una presunta actividad vinculada con la venta de drogas. Según informó LA NACION, durante una reunión en la que habría participado el intendente Sergio Barenghi, los vecinos señalaron al concejal como presunto responsable.

El episodio representa un duro golpe político para La Libertad Avanza, un espacio que convirtió la lucha contra la inseguridad y el delito en una de sus principales banderas. La detención de uno de sus concejales por una causa vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes deja expuestas, además, fuertes dudas sobre los mecanismos de control y selección de sus dirigentes locales.

En paralelo, el Concejo Deliberante de Bragado analiza la situación y convocará a una reunión interbloque para evaluar posibles medidas contra Díaz, incluida una eventual suspensión mientras avance la investigación. La Ley Orgánica de las Municipalidades contempla sanciones que pueden llegar incluso a la destitución.

Díaz había asumido su banca en diciembre de 2023, cuando La Libertad Avanza consiguió dos concejalías en Bragado. Ahora, una investigación por presunta venta de drogas amenaza con convertirse en un nuevo escándalo para el espacio libertario y en una incómoda prueba para su discurso sobre seguridad y combate al delito.