El Gobierno anunció que utilizará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para colocar plazos fijos en bancos y facilitar el otorgamiento de préstamos para vivienda. El programa promete unas 17 mil hipotecas, pero para acceder a un crédito promedio de US$80 mil se necesitarán ingresos familiares de al menos $3,5 millones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un mecanismo para que los bancos puedan ampliar su oferta de créditos hipotecarios a largo plazo. Para hacerlo, el Gobierno recurrirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que administrará colocaciones por $2 billones en entidades financieras.
Se trata del fondo que contiene recursos destinados a respaldar el sistema previsional y que históricamente fue identificado como parte de los activos vinculados a los trabajadores y jubilados. Ahora será utilizado para garantizar mayor previsibilidad a los bancos, que podrán recibir esos fondos a plazos de uno y hasta cinco años.
A cambio, las entidades deberán ofrecer créditos hipotecarios para primera vivienda con una tasa máxima de UVA más 7,5% anual. El FGS, por su parte, exigirá rendimientos mínimos para los depósitos que realizará en los bancos.
Según explicó Caputo, el esquema permitiría generar unos 17 mil créditos hipotecarios. El ejemplo presentado por el Gobierno contempla un préstamo de US$80 mil a 25 años, con una cuota inicial cercana a los $865 mil.
Pero el requisito de ingreso también marca el alcance real de la medida: para acceder a ese crédito se necesitarían ingresos familiares de aproximadamente $3,5 millones mensuales.
El Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda. Sin embargo, el mecanismo vuelve a poner en discusión el destino de los recursos administrados por ANSES: mientras se utiliza dinero del sistema previsional para darle mayor respaldo financiero a los bancos, millones de jubilados continúan dependiendo de haberes que no alcanzan para cubrir sus gastos básicos.
Además, los créditos estarán sujetos a la evolución de la UVA, por lo que las cuotas no permanecen necesariamente constantes en términos nominales. La medida busca dinamizar el mercado hipotecario, pero deja abierta la discusión sobre quién asume el riesgo y quién termina beneficiándose con el uso de los fondos previsionales.