Pese a los intentos del oficialismo por tomar distancia del estratega digital tras su detención en Bolivia, los registros de acceso revelan un flujo constante del consultor a los despachos del Poder Ejecutivo.

Luego de que la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia por el atentado contra la abogada Nadia Beller sacudiera el escenario político, los registros oficiales de la Casa Rosada dejaron al descubierto el estrecho vínculo que el estratega digital mantuvo con el gobierno de Javier Milei. Los libros de ingreso a la sede de Gobierno confirman que el consultor ingresó al menos en 12 oportunidades desde el inicio de la gestión libertaria.

Las visitas registradas desacreditan la narrativa de ciertos sectores del oficialismo que buscaron presentar a Cerimedo como un actor externo o desvinculado de la toma de decisiones. El estratega no solo mantenía contacto cotidiano en el ecosistema de redes sociales y batallas culturales del espacio, sino que caminaba con habitualidad por los pasillos de Balcarce 50 para reunirse con altos funcionarios y coordinar la comunicación oficial.

El paso frecuente del consultor por los despachos del Poder Ejecutivo coincide con momentos clave de la gestión, en los que la estrategia digital del Gobierno desplegó campañas agresivas contra la oposición y sectores críticos. Las planillas de acceso exponen una cercanía operativa insostenible de negar ante la opinión pública.

El hallazgo de estos ingresos sistemáticos suma presión e incomodidad al Gobierno, que intenta capear las repercusiones internacionales del caso Judicial que involucra a Cerimedo en el exterior. La evidencia de los registros vuelve a poner bajo la lupa la red de influencias y el nivel de injerencia que los operadores digitales informales tienen en las decisiones del Estado.

En medio de crecientes internas de poder dentro del gabinete libertario, el funcionario presentó su dimisión tras una breve licencia, dejando acéfalo a uno de los organismos de control clave del Estado.

La sangría de funcionarios en el Poder Ejecutivo no se detiene y suma un nuevo capítulo con la renuncia intempestiva de José Andrés Velis a la titularidad de la Dirección General de Aduanas (DGA). El histórico funcionario de carrera, que había vuelto de la jubilación convocado por la propia Casa Rosada para reestructurar el área, dio un paso al costado tras tomarse un periodo de licencia y activar nuevas alarmas sobre la estabilidad del gabinete.

Las primeras versiones en los pasillos oficiales ubican la imprevista salida de Velis como un daño colateral directo de la feroz disputa de poder interna que atraviesa a las segundas y terceras líneas de la administración central. Su dimisión representa, además, un golpe de impacto para el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, en un área sensible dedicada a la fiscalización y la recaudación técnica del país.

Aunque desde el entorno del exfuncionario adujeron motivos estrictamente personales y familiares, la salida se concretó sin que el Gobierno cuente todavía con un reemplazante designado formalmente para ocupar la conducción de la DGA. La falta de previsión para la sucesión expone las grietas operativas que padece el oficialismo en la gestión cotidiana de las dependencias públicas.

El alejamiento de Velis profundiza la sensación de desbande e inestabilidad que acecha al equipo de gobierno en las últimas semanas. Frente al avance del descontento y las discrepancias de criterio sobre el rumbo institucional, la conducción del organismo aduanero queda paralizada en un momento crítico para las cuentas y la transparencia estatal.

El Gobierno anunció que utilizará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para colocar plazos fijos en bancos y facilitar el otorgamiento de préstamos para vivienda. El programa promete unas 17 mil hipotecas, pero para acceder a un crédito promedio de US$80 mil se necesitarán ingresos familiares de al menos $3,5 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un mecanismo para que los bancos puedan ampliar su oferta de créditos hipotecarios a largo plazo. Para hacerlo, el Gobierno recurrirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que administrará colocaciones por $2 billones en entidades financieras.

Se trata del fondo que contiene recursos destinados a respaldar el sistema previsional y que históricamente fue identificado como parte de los activos vinculados a los trabajadores y jubilados. Ahora será utilizado para garantizar mayor previsibilidad a los bancos, que podrán recibir esos fondos a plazos de uno y hasta cinco años.

A cambio, las entidades deberán ofrecer créditos hipotecarios para primera vivienda con una tasa máxima de UVA más 7,5% anual. El FGS, por su parte, exigirá rendimientos mínimos para los depósitos que realizará en los bancos.

Según explicó Caputo, el esquema permitiría generar unos 17 mil créditos hipotecarios. El ejemplo presentado por el Gobierno contempla un préstamo de US$80 mil a 25 años, con una cuota inicial cercana a los $865 mil.

Pero el requisito de ingreso también marca el alcance real de la medida: para acceder a ese crédito se necesitarían ingresos familiares de aproximadamente $3,5 millones mensuales.

El Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda. Sin embargo, el mecanismo vuelve a poner en discusión el destino de los recursos administrados por ANSES: mientras se utiliza dinero del sistema previsional para darle mayor respaldo financiero a los bancos, millones de jubilados continúan dependiendo de haberes que no alcanzan para cubrir sus gastos básicos.

Además, los créditos estarán sujetos a la evolución de la UVA, por lo que las cuotas no permanecen necesariamente constantes en términos nominales. La medida busca dinamizar el mercado hipotecario, pero deja abierta la discusión sobre quién asume el riesgo y quién termina beneficiándose con el uso de los fondos previsionales.

Las declaraciones ante el tribunal de Héctor Zavaleta y Luis Betnaza sobre presuntos pagos ilegales exhibieron serias inconsistencias con testimonios anteriores y entre sí, dejando al descubierto fisuras en la hipótesis principal del proceso judicial.

Las audiencias del juicio oral por la causa denominada “Cuadernos” registraron una jornada de alto impacto tras las declaraciones de dos altísimos exejecutivos del Grupo Techint, Héctor Zavaleta y Luis Betnaza. Durante su comparecencia, ambos testigos incurrieron en notorias contradicciones respecto a la modalidad y los montos de entregas de dinero en efectivo que habrían realizado en 2008, debilitando la solidez del relato acusatorio impulsado desde el inicio del expediente.

El careo indirecto y la confrontación de los testimonios revelaron discrepancias sustanciales sobre los hechos investigados. Mientras en etapas previas los exdirectivos sostuvieron la versión de un presunto “pago humanitario” motivado por el proceso de estatización de la siderúrgica Sidor en Venezuela, los testimonios rendidos ante el tribunal se mostraron erráticos y discordantes con las afirmaciones presentadas por otros ejecutivos de la misma firma en jornadas previas.

La estrategia de las defensas técnicas logró que los jueces permitieran confrontar en tiempo real las versiones del dúo directivo con las pruebas documentales y los dichos de otros testigos del grupo empresarial. Esta dinámica expuso no solo diferencias en los montos en pesos equivalentes a dólares mencionados, sino también fisuras profundas sobre las circunstancias de lugar, modo y los verdaderos interlocutores de los supuestos acuerdos.

El desarrollo de la audiencia dejó al descubierto que las acusaciones formuladas en la etapa de instrucción carecen de la cohesión necesaria para sostener la versión oficial de los hechos. Con el avance del debate oral, el proceso judicial exhibe grietas cada vez más evidentes en los testimonios clave que sustentaron el expediente desde su origen.

Un grupo de diputados del peronismo federal presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno de Javier Milei informe en detalle sobre el ingreso y el amarre del buque británico VS Promise en el puerto de Ushuaia, un episodio que suscitó roces entre la administración de Javier Milei y la gestión de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Los legisladores Guillermo Michel y Raquel “Kelly” Olmos impulsan una iniciativa para determinar quién autorizó la operación, bajo qué criterios y qué organismos nacionales y provinciales intervinieron en el amarre del petrolero con bandera del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El hecho es grave y podría haber incumplido una ley que prohibe que barcos de bandera británica amarren en puertos argentinos. Vale recordar que Inglaterra explota ilegalmente el petróleo en la cuenca de Malvinas, por el que existe un conflicto diplomático. Además, Gran Bretaña ocupa de forma también ilegal territorios – el 25% de la superficie nacional – que corresponden a Argentina. ¿Milei no lo sabe?

El dólar mayorista cerró este martes en $1.512 y marcó un nuevo máximo nominal. Pero la presión más fuerte, sin embargo, apareció fuera del mercado oficial. El contado con liqui cerró en torno de los $1.600. Es una señal particularmente sensible porque el CCL es utilizado por empresas e inversores para dolarizar posiciones y sacar fondos del circuito local. La brecha con el mayorista volvió así a acercarse al 6%.

Por eso, el ministro de Economía Luis Caputo decidió salir a “hacer anuncios” durante el día de hoy aunque no se sabe sobre qué tema. El ministro quiere mostrar que acá no pasa nada y todo “marcha acorde el plan”. El tema es quién le cree. Mientras, la economía no arranca y 6 millones de personas están en mora porque no pueden pagar sus créditos.

Mientras tanto, el gobierno libertario decidió salir a pelearse cn la realidad y explicar que esos 6 millones de morosos no son un problema. Lo mismo hizo el oscuro empresario Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, la empresa que da préstamos y cobra tasas que pueden llegar al 900%. En los países serios, que aman Milei y Galperín, eso sería usura o directamente estafa.

La fiscalía encontró gastos por $43 millones superiores a los ingresos familiares y unos US$400.000 cuyo origen todavía no estaría corroborado. El insólito plazo otorgado por la justicia vuelve a poner bajo la lupa el abultado patrimonio de Adorni y alimenta las sospechas sobre su origen.

El juez federal Ariel Lijo le otorgó otros 15 días hábiles a Manuel Adorni para que intente justificar el origen de sus bienes, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión genera fuertes interrogantes, especialmente porque la fiscalía ya detectó importantes inconsistencias en las cuentas del exfuncionario.

El fiscal Gerardo Pollicita reclamó explicaciones sobre 20 puntos vinculados con dólares declarados, operaciones inmobiliarias y distintos movimientos de dinero. Entre las principales observaciones aparecen $43 millones en gastos que superarían los ingresos familiares y unos US$400.000 cuyo origen no estaría debidamente acreditado.

La defensa de Adorni solicitó la prórroga argumentando que no había podido acceder a documentación mencionada en el expediente. Así, el exfuncionario consiguió 15 días adicionales para reunir explicaciones y documentación con las que intentar despejar las dudas sobre su patrimonio.

La investigación también puso el foco en un incremento patrimonial registrado durante su paso por la función pública, además de los bienes y movimientos económicos de su cónyuge. La Justicia analiza la trazabilidad de los fondos declarados ante los organismos correspondientes.

Mientras tanto, las inconsistencias siguen sin explicación. El dato que más indignación genera es que, frente a diferencias millonarias y cientos de miles de dólares cuyo origen no estaría corroborado, la respuesta judicial sea otorgar más tiempo para justificar un patrimonio que ya se encuentra bajo sospecha.

Si las explicaciones finalmente no resultan satisfactorias, Adorni podría ser citado a indagatoria, lo que elevaría aún más la gravedad de una investigación que continúa acumulando interrogantes.

Se filtraron los explosivos mensajes que Javier Milei le habría enviado a Agustín Laje luego de que el titular de la Fundación Faro cuestionara el rumbo económico del Gobierno. “Hijo de puta”, “traidor” y “ya vas a ver” habrían sido algunas de las expresiones utilizadas por el Presidente, que luego bloqueó al dirigente.

El episodio, revelado por el periodista Alejandro Bercovich en C5N, expone una severa crisis interna en el entorno presidencial y muestra hasta qué punto las críticas sobre la marcha de la economía generan tensión dentro del oficialismo.

Según el relato, Milei se encontraba en la Quinta de Olivos cuando vio una entrevista de Laje, uno de sus principales defensores ideológicos y referentes de la denominada “batalla cultural” libertaria. El politólogo había marcado diferencias con el Gobierno y advertido sobre el deterioro de la situación social y económica.

Entre sus cuestionamientos, Laje sostuvo que “no le estaba mejorando el metro cuadrado a la gente”, advirtió que el péndulo político podía ir “para el otro lado” y remarcó que “la gente no come batalla cultural”. Las declaraciones habrían desatado la furia presidencial.

De acuerdo con Bercovich, Milei totalmente sacado tomó su teléfono y comenzó a enviarle mensajes en mayúsculas, con fuertes insultos y amenazas. Poco después, habría bloqueado al titular de la Fundación Faro, profundizando una crisis que amenazaba con provocar una nueva ruptura dentro del armado libertario.

La intervención de Santiago Caputo

La escalada del conflicto habría obligado a intervenir a Santiago Caputo, uno de los principales operadores políticos del Gobierno, para evitar que Laje abandonara la Fundación Faro, espacio central para el despliegue ideológico y político del oficialismo.

El episodio resulta particularmente significativo porque Laje no es un dirigente opositor: es uno de los principales referentes intelectuales del universo libertario y estuvo estrechamente vinculado a la construcción de la “batalla cultural” impulsada por el Gobierno.

El fuerte enfrentamiento revela así una fractura que va más allá de una disputa personal. Las diferencias sobre la situación económica y social comienzan a atravesar incluso al núcleo de aliados que hasta ahora habían sido fundamentales para defender el proyecto de Milei.

La reacción del Presidente también expone una creciente dificultad para procesar las críticas internas en un momento en que el malestar económico amenaza con convertirse en uno de los principales problemas políticos del oficialismo.

Según Bercovich, el episodio con Laje habría sido apenas un anticipo de la ira que posteriormente Milei descargó en sus discursos ante empresarios. La “batalla cultural” que el Gobierno convirtió en una de sus principales banderas empieza así a chocar con una realidad incómoda: las críticas sobre la economía ya no llegan solamente desde la oposición, sino también desde sus propios aliados.