Crece el rechazo al nuevo protocolo que impulsa el Gobierno de la Ciudad y que pone sobre estudiantes, padres y cooperadoras tareas que corresponden al Estado. “Esto no es corresponsabilidad, es delegación de responsabilidad”, denuncian.
Lo que el Gobierno de la Ciudad presentó como un simple “cambio de protocolo” encendió la alarma entre las comunidades educativas porteñas. Bajo el denominado “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, la gestión de Jorge Macri impulsa una serie de medidas que, según denuncian las cooperadoras, terminan trasladando a las familias y a los estudiantes responsabilidades que deberían ser asumidas por el Estado.
El viernes por la noche, el Ministerio de Educación porteño, encabezado por Mercedes Miguel, envió un correo a cientos de miles de familias para anunciar las nuevas pautas. El documento plantea una serie de iniciativas destinadas a promover el cuidado de los establecimientos, pero las cooperadoras advierten que detrás de los eufemismos existe un problema de fondo: el Gobierno porteño pretende que la comunidad educativa se haga cargo de resolver parte de las deficiencias de infraestructura y mantenimiento de las escuelas.
Para las familias, una cosa es colaborar con el cuidado cotidiano de los establecimientos y otra muy diferente es que esa colaboración termine reemplazando las obligaciones de la administración porteña.
“Esto es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad”, sostuvo Pablo Cesaroni, referente de Cooperadores en Movimiento, quien cuestionó que mientras las cooperadoras enfrentan cada vez más dificultades para funcionar, el Gobierno les exige resolver una cantidad creciente de problemas.
Según denuncian las cooperadoras, el problema se vincula con una política que lleva años de recortes y falta de inversión en infraestructura escolar. Cesaroni señaló que desde hace casi dos décadas las cooperadoras no reciben fondos destinados específicamente al mantenimiento y las obras, mientras las familias continúan aportando dinero y tiempo para sostener los establecimientos.
“Si hay escuelas que tienen los techos rotos o que no tienen calefacción, tienen que solucionarlo. Basta de utilizar a las familias como bomberos para cubrir las cosas que el Gobierno no hace”, reclamó.
Un protocolo que genera polémica
Jorge Macri defendió la iniciativa bajo la idea de recuperar una supuesta “cultura del orden” y del respeto por las reglas. Sin embargo, la implementación del nuevo esquema generó fuertes cuestionamientos por el alcance que tendrán las tareas asignadas a la comunidad educativa.
Entre las propuestas aparecen los llamados “Embajadores del cuidado”, mediante los cuales cada curso deberá asumir semanalmente y de manera rotativa la responsabilidad de verificar un sector de la escuela. También se plantea destinar los últimos minutos antes de un cambio de actividad o del final de la jornada a revisar el estado del espacio utilizado.
El protocolo incluye además una “Estación Ambiental” para el acopio y gestión de residuos con fines pedagógicos y campañas para retirar carteles y afiches.
Pero el punto que más preocupación genera es aquel que contempla que, frente a determinados daños, la propia comunidad educativa, junto con las cooperadoras, participe de las estrategias destinadas a repararlos.
Grafitis en paredes y mobiliario, bancos o puertas dañados y deterioros en los baños podrían derivar en jornadas de reparación y recuperación con participación estudiantil, siempre que no se considere necesaria una intervención urgente.
La pregunta que plantean las cooperadoras es inevitable: ¿dónde termina la participación comunitaria y dónde comienza la obligación del Estado?
“Esto no es corresponsabilidad: es delegación”
Las cooperadoras sostienen que desde hace años las familias ya realizan tareas de mantenimiento, colaboran con la pintura, organizan actividades y aportan recursos para cubrir necesidades que deberían ser atendidas mediante presupuesto público.
Ahora temen que el nuevo protocolo termine institucionalizando esa situación.
“Además de recaudar y pintar, ¿nos piden que hagamos ‘gestión del cambio de hábitos’ para que los chicos ‘cuiden’ un edificio que el propio Ministerio no cuida?”, cuestionaron.
Y fueron todavía más contundentes: “Esto no es corresponsabilidad, es delegación de responsabilidad”.
El reclamo apunta directamente al Gobierno porteño: las familias pueden colaborar con la vida cotidiana de una escuela, pero no deberían convertirse en responsables de garantizar su infraestructura, mantenimiento y condiciones edilicias.
Una escuela con filtraciones, problemas de calefacción, deterioro edilicio o instalaciones que requieren reparación necesita, según plantean las cooperadoras, una respuesta presupuestaria y de gestión, no trasladar el problema a padres y estudiantes.
Las cooperadoras exigen que el Estado vuelva a hacerse cargo
Ante este escenario, las organizaciones reclaman un aumento del presupuesto destinado a obras, la intervención de las empresas de mantenimiento y la ejecución de los trabajos pendientes para garantizar establecimientos seguros.
También exigen que se deje de trasladar a las cooperadoras y a las familias el costo económico y humano de resolver problemas que corresponden al Estado.
Las familias, remarcan, ya cuidan las escuelas desde hace años. Lo hacen aportando dinero, tiempo y trabajo voluntario. Lo que reclaman ahora es que el Gobierno porteño cumpla con su parte.
La polémica deja así expuesta una situación que genera creciente preocupación en la comunidad educativa: un Gobierno que, en lugar de reforzar la inversión y asumir el mantenimiento de las escuelas públicas, parece avanzar hacia un esquema en el que padres, estudiantes y cooperadoras terminan funcionando como reemplazo de las obligaciones estatales.