La reunión entre las federaciones docentes y las autoridades nacionales fracasó ante la falta de una propuesta salarial concreta. Mañana habrá una jornada de protesta en todas las universidades del país en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores de la educación superior suma un nuevo capítulo tras el fracaso de la reunión paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano. Las federaciones docentes, entre ellas la CONADU Histórica, rechazaron la falta de una oferta salarial acorde a la inflación y ratificaron un paro nacional para este miércoles 2 de septiembre. La medida paralizará las actividades académicas y administrativas en las 57 universidades públicas del país.

Desde las organizaciones gremiales denunciaron que la gestión oficialista continúa licuando los ingresos del sector, con sueldos que en su mayoría se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Señalan que la negativa del Poder Ejecutivo a recomponer el atraso acumulado desde el inicio de la gestión no es una omisión casual, sino una decisión política orientada al ahogo financiero de las casas de estudio.

La medida de fuerza incluirá no solo la suspensión de clases presenciales y virtuales, sino también visibilizaciones, ruidazos y clases públicas en distintas unidades académicas. Los docentes exigen la urgente actualización de los salarios, el pago de la garantía salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Frente a la falta de respuestas por parte del Estado, los referentes del sector advirtieron que el plan de lucha continuará profundizándose durante las próximas semanas. La comunidad universitaria ratificó que mantendrá la resistencia en las calles y en las aulas para defender la educación pública, gratuita y de calidad frente al ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo.

Un nuevo escándalo se cierne sobre los Neuss, empresarios cercanos al gobierno de Javier Milei. Recientemente se conoció que el grupo ejecutó una vieja artimaña de las privatizaciones argentinas al pagar más de dos tercios de la compra de Transener con fondos que la propia transportadora de energía eléctrica tenía en su haber. En la década de 1990 pasó con muchas empresas públicas que pasaron al sector privado. Lindo negocio…

El pase desde manos del Estado al conglomerado privado se llevó a cabo en mayo cuando Economía se desprendió de la participación que Energía Argentina S.A. (ENARSA) poseía en Citelec, controlante de Transener, a cambio de u$s356,1 millones aportados por Edison Transmisión, del Grupo Edison que conforman Juan y Patricio Neuss, y Genneia.

¿De donde salió esa plata? En principio, de los nuevos empresarios. Pero recuperaron ese pago con fondos que salieron de la propia Transener, que los había acumulado durante su etapa estatal. Es decir, la empresa pública pagó su propia privatización. Para los empresarios cercanos a Milei, un negocio redondo.

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó algún tipo de intervención frente a los 6 millones de argentinos que están morosos porque no pueden pagar sus deudas con bancos y billeteras virtuales, como Mercado Pago. Habló de “deudas leoninas” y le pidió “soluciones” al gobierno de Javier Milei.

“Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, sostuvo Colombo.

“Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen'”, agregó el titular de la CEA en una referencia directa a las declaraciones del propio Milei, que dijo que es un problema entre privados.

Así lo afirmaron referentes de diversos partidos políticos a cuatro años del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta en 2022.

Al cumplirse un nuevo año del ataque contra Cristina Kirchner, dirigenciales de distintos espacios políticos emitieron un comunicado donde remarcan que la democracia no tolera la erradicación de los rivales políticos.

El documento analiza el trasfondo de hostigamiento político, mediático y judicial en el que ocurrió el atentado hacia la exmandataria, sosteniendo que el hecho no puede considerarse un caso solitario ni ajeno al ambiente político previo.

El texto advierte que hay un límite infranqueable para cualquier sistema democrático: el momento en que la anulación simbólica del oponente habilita la opción de su erradicación física. Asimismo, destaca que el 1 de septiembre de 2022 el país estuvo muy cerca de sobrepasar ese punto sin retorno.

Quienes firman la declaración señalan que esta fecha interpela a todo el arco democrático del país, no solo al peronismo o a sus simpatizantes. Por ello, convocan a una coincidencia básica entre todas las fuerzas políticas, sin importar sus posturas ideológicas: las contiendas democráticas se resuelven con ideas, debates, militancia y elecciones; jamás mediante la persecución política que ponga en peligro la libertad, la seguridad o la vida de las personas.

El texto completo del pronunciamiento

A cuatro años del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 mientras ejercía la Vicepresidencia de la Nación, creemos necesario volver a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro.

Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió. Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner.

La llamada “antipolítica” no es solamente el rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes. También ha sido construida y alimentada como un sentido común por sectores del poder económico concentrado y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos.

Cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción; cuando el dirigente político es convertido en enemigo; cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada; cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad; cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse.

En ese contexto deben analizarse también las prácticas conocidas como lawfare: la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática.

La articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el cual aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse. Y existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física.

El 1° de septiembre de 2022 la Argentina estuvo a centímetros de atravesar definitivamente esa frontera. Un hombre apuntó un arma contra la cabeza de la entonces Vicepresidenta de la Nación y gatilló. Ese instante debería permanecer en nuestra memoria democrática no solamente por lo que ocurrió, sino también por lo que pudo haber ocurrido.

Por eso consideramos que este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Interpela al conjunto del sistema democrático argentino. Los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida.

Esta reflexión adquiere una significación todavía mayor cuando la Argentina transita los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sabemos que se trata de contextos históricos profundamente diferentes y que no corresponde establecer equivalencias simplificadoras. Pero nuestra historia debería habernos dejado un aprendizaje definitivo: ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto.

Hace cincuenta años, el terrorismo de Estado secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos y argentinas. La democracia recuperada en 1983 estableció otra regla para nuestra convivencia: las diferencias políticas se tramitan dentro de las instituciones, mediante la palabra, la participación popular y el voto. Por eso resulta alarmante que, medio siglo después del golpe, todavía existan sectores que conciban al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública.

Las herramientas pueden cambiar. El hostigamiento puede expresarse hoy mediante campañas digitales, noticias falsas, operaciones comunicacionales, persecuciones judiciales o discursos que promueven el odio. Pero existe un límite democrático que debemos defender colectivamente: nadie debe ser perseguido, amenazado ni violentado por sus ideas políticas.

Defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto. La política es discusión. Es confrontación de intereses, proyectos, valores e ideas. Es pasión, identidad y disputa por el rumbo de una sociedad. Pretender eliminar esas diferencias sería negar la propia democracia. Lo que debemos recuperar es algo distinto: la legitimidad del adversario. Poder discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente. Poder confrontar sin deshumanizar. Poder ganar y perder elecciones sabiendo que ninguna derrota habilita la persecución y ninguna diferencia justifica la violencia.

Quienes firmamos esta declaración hacemos llegar a Cristina Fernández de Kirchner nuestro abrazo y nuestra solidaridad al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 1° de septiembre. Pero, fundamentalmente, asumimos el compromiso de reivindicar el ejercicio de la política.

De defender la palabra frente a la violencia.

La verdad frente a la mentira organizada.

El debate frente a la estigmatización.

La participación frente a la antipolítica.

Y a trabajar para que la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación democrática vuelvan a ser reconocidos como lo que nunca debieron dejar de ser: un ejercicio noble, indispensable y profundamente democrático.

Nunca más la eliminación del adversario.

Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política.

Partido Justicialista — José Mayans

Frente Renovador — Diego Giuliano / Sergio Massa

Encuentro Republicano Federal — Miguel Ángel Pichetto

Nuevo Encuentro — Martín Sabbatella

Principios y Valores — Guillermo Moreno

Movimiento Nacional Alfonsinista — Leopoldo Moreau

Patria Grande — Juan Grabois

Frente Amplio por la Democracia — Ricardo Alfonsín

Radicalismo Auténtico — Federico Storani

Kolina — Carlos Castagneto

Frente Grande — Mario Secco

La Patria de los Comunes — Emilio Pérsico

Partido Solidario — Carlos Heller

Unidad Socialista — Jorge Rivas

Unidad Popular — Claudio Lozano

Forja — Gustavo López

Partido de la Victoria — Esteban San Pedro

Espacio Popular — Eduardo Sigal

PTP-PCR — Juan Carlos Alderete

Partido Intransigente — Lucrecia Monteagudo

Partido Comunista — Jorge Kreyness

Nueva Dirigencia — Matías Barroetaveña

Libres del Sur — Humberto Tumini

Por Carlos Martínez*

Hay causas que trascienden las fronteras y los intereses de los poderosos. Hay luchas que, aunque silenciadas por los grandes medios y ninguneadas por las cancillerías occidentales, se sostienen en la verdad histórica, en el derecho y en la dignidad de un pueblo. La causa del Sáhara Occidental es una de ellas. No es solo una causa anticolonial y antiimperialista; es también la causa de la justicia, del derecho internacional y del principio fundamental de que ningún pueblo puede ser sometido contra su voluntad.

El Sáhara Occidental figura todavía hoy en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Fue incluido en 1963 y, desde entonces, la comunidad internacional ha sido clara: España sigue siendo de iure la potencia administradora del territorio. La Asamblea General de la ONU estableció ya en 1965, mediante la Resolución 2072, que España debía conducir el Sáhara Occidental hacia su emancipación política. Pero ese proceso quedó truncado.

Los llamados Acuerdos de Madrid de 1975, firmados en la agonía del franquismo, no transfirieron la soberanía del territorio ni modificaron su estatus jurídico internacional. El asesor jurídico de Naciones Unidas lo recordó en 2002: España no podía disponer unilateralmente de su condición de potencia administradora ni transferir la soberanía del territorio. Ese criterio ha sido reiterado incluso por la Audiencia Nacional española en 2014.

Sin embargo, el referéndum de autodeterminación prometido sigue sin celebrarse. La MINURSO fue establecida en 1991 para organizar esa consulta. Más de treinta años después, el pueblo saharaui sigue esperando. La reciente Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2025, renueva un año más el mandato de la MINURSO, pero evita abrir vías sustantivas que permitan avanzar hacia el referéndum. Es la misma inacción de siempre, el mismo aplazamiento que favorece al ocupante.

La traición de 1975 y la cesión de 2022

España no solo abandonó su responsabilidad; la entregó a manos de quien no tenía derecho a recibirla. El 9 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I, impuesto por Franco y “hermano” del monarca alauita Hassan II, pactó la entrega del Sáhara a Marruecos. No fue un acto de estado mayoritario ni consultado; fue una cesión vergonzosa, urdida en despachos, que condenó a un pueblo entero a la ocupación.

Y medio siglo después, la historia se repitió. Pedro Sánchez, sin consultar al Parlamento ni al pueblo español, cambió la histórica posición de neutralidad de España y apoyó el plan de autonomía marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para una solución. Un giro que muchos analistas han interpretado como una progresiva política de acomodación a las posiciones de Rabat. El acuerdo administrativo firmado en diciembre de 2025 entre los ministerios de Educación de España y Marruecos, que cede la enseñanza en el colegio español La Paz de El Aaiún a la administración educativa marroquí, es solo el último episodio de esta rendición. Marruecos ha visto la debilidad del Reino de España y sus gobiernos y a diferencia de ellos sabe lo que quiere y como conseguirlo, mientras que las autoridades españolas carecen de plan y su sujeción a los intereses de los EEUU y su miedo a la corona alauita junto a sus dadivas y corrupciones, mantiene un política errática, miedosa y liberal carente de toda defensa de la soberanía propia y la dignidad.

Marruecos, EE.UU. e Israel: el eje de la ocupación

Marruecos no actúa solo. Su expansión territorial, basada en supuestos derechos históricos de antiguos sultanatos que nada tienen que ver con el derecho internacional contemporáneo, se sostiene sobre alianzas estratégicas con las potencias occidentales y con el ente sionista de Israel.

En diciembre de 2020, la Administración Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. Fue un canje vergonzoso: un territorio pendiente de descolonización se convirtió en moneda de cambio en los Acuerdos de Abraham. Desde entonces, Estados Unidos ha reiterado su apoyo a la posición de Rabat, y Francia y Alemania han calificado el plan de autonomía marroquí como “serio y creíble”. La alianza con Israel, con cooperación en seguridad, tecnología y economía, ha dado a Marruecos un respaldo político y militar sin precedentes.

Esta alianza no es un fenómeno aislado. Es parte de un nuevo mapa de alianzas que debilita la posición negociadora de Europa y convierte el Mediterráneo en un escenario de presión y chantaje. Marruecos ha aprendido que puede usar la presión migratoria como arma de negociación. No es un socio de fiar; es un país que juega sistemáticamente con cartas marcadas.

Pero la dinastía alauita también convierte a su propio pueblo en objeto de su explotación y expropiación de riquezas y derechos, empobreciéndolo y negándole el bienestar, manipulándole y oprimiendo a otras minorías interirores, mientras su rey posee la quinta fortuna más grande de África.

El Frente Polisario: la voz legítima de un pueblo

Frente a esta alianza de potencias coloniales y neo-coloniales, el Frente Polisario se mantiene en pie. No es un grupo más en disputa con otros; es el único representante legítimo del pueblo saharaui, reconocido como tal por la ONU y por la Unión Africana. La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante las Resoluciones 34/37 (1979) y 35/19 (1980), reconoció al Frente Polisario como representante del pueblo del Sáhara Occidental. Desde 1984, la República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

La inmensa mayoría de las potencias africanas, todas ellas ex colonias, reconocen al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui. Numerosas naciones, partidos políticos y asociaciones internacionales respaldan su causa. La lucha saharaui es, además, una causa antiimperialista. Marruecos, EE.UU. e Israel solo gozan del apoyo de potencias que fueron colonizadoras y que desean hacer del reino alauita una base contra el multilateralismo y la soberanía de los pueblos.

Neocolonialismo: el expolio del Sur Global

El Sáhara Occidental no es un caso aislado. Es la expresión de una lacra más amplia: el neocolonialismo. Occidente y sus potencias siguen practicando la usurpación y expropiación de las riquezas naturales del Sur Global. El Sáhara Occidental es un territorio rico en fosfatos, pesca, hidrocarburos y otros recursos. Su ocupación bloquea la explotación de esos recursos por su población autóctona, mientras la corona se los ofrece a empresas multinacionales y a potencias extranjeras que están entrando a saco en el Sahara Occidental.

Marruecos, con la connivencia de EE.UU., Israel, la OTAN y la Unión Europea, mantiene un escenario de guerra y ocupación para asegurar el control de esas riquezas. Cuando las naciones del mundo demuestran ser capaces de lograr su propio desarrollo, las potencias coloniales recurren a sátrapas o a la guerra. La causa saharaui expresa que el colonialismo sigue presente, y que tanto Marruecos por sí mismo como por delegación occidental lo ejerce, al igual que el ente sionista de Israel en Palestina o Gran Bretaña en Gibraltar.

La justicia no prescribe

El Sáhara Occidental es la última colonia de África. Es el recordatorio de que el colonialismo no es un asunto del pasado, sino una realidad presente. Es la prueba de que el derecho internacional puede ser violado impunemente cuando los poderosos así lo deciden. Pero la justicia no prescribe. El pueblo saharaui sigue en pie, el Frente Polisario sigue luchando, y la comunidad internacional tiene la obligación moral y jurídica de exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU.

España, como potencia administradora, tiene la obligación de contribuir a un referéndum de autodeterminación. No puede lavarse las manos. No puede esconderse tras acuerdos vergonzosos. El pueblo saharaui merece decidir su futuro. Y el mundo, si realmente cree en la justicia, en el derecho internacional y en la soberanía de los pueblos, debe estar de su lado.

*Politólogo y miembro de Sovintern

Clientes denunciaron descuentos de hasta $95.000 en sus cuentas. La entidad admitió una “incidencia operativa”, aseguró que el problema ya fue corregido y anunció la restitución automática de los fondos afectados.

El Banco Provincia quedó en el centro de los reclamos de clientes que detectaron débitos que no correspondían en sus cuentas sueldo. Las denuncias comenzaron a multiplicarse durante las últimas horas y algunos usuarios aseguraron haber sufrido descuentos de hasta $95.000.

La situación generó preocupación especialmente entre trabajadores estatales y jubilados que utilizan sus cuentas para cobrar sus haberes. Frente a los reclamos, desde la entidad reconocieron que se produjo una falla en el sistema que derivó en descuentos indebidos.

Voceros del Banco Provincia explicaron que se trató de una “incidencia operativa que generó débitos indebidos en un grupo de cuentas” y aseguraron que el inconveniente fue identificado y corregido.

El Banco Provincia devolverá los importes

Desde la entidad señalaron que los montos descontados por error serán restituidos automáticamente, por lo que los clientes afectados no deberán realizar ningún trámite.

Según informaron, la devolución de los importes debía completarse durante la mañana de este martes. También remarcaron que el inconveniente fue transitorio y que ya se trabaja en la normalización de todos los casos alcanzados.

El episodio provocó malestar entre los usuarios, particularmente porque los descuentos se produjeron sobre cuentas destinadas al cobro de salarios y jubilaciones, fondos que en muchos casos son utilizados para afrontar gastos cotidianos.

Desde el Banco Provincia lamentaron las molestias ocasionadas y reiteraron que la restitución de los fondos se realizará de manera automática.

Los suicidios alcanzaron en 2025 el nivel más alto de toda la serie analizada. En apenas ocho años, los casos pasaron de 3.304 a 5.209 y la tasa trepó un 43,9%. Entre adolescentes y adultos jóvenes, el suicidio ya ocupa el primer lugar entre las causas de muerte.

Los suicidios alcanzaron en 2025 un récord histórico en Argentina, con 5.209 casos registrados. La cifra representa un aumento del 57,7% respecto de 2017, mientras que la tasa pasó de 8,2 a 11,8 casos cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de toda la serie analizada.

La situación es especialmente preocupante entre los jóvenes. Desde 2022, el suicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años y también ocupa el primer lugar entre los 25 y 34 años. A esto se suma una fuerte brecha de género: cuatro de cada cinco víctimas son hombres.

Los especialistas advierten que no existe una única explicación. Se trata de un fenómeno multicausal, en el que pueden intervenir factores individuales, familiares, sociales y económicos. La pérdida de expectativas, las dificultades económicas, el desempleo, la incertidumbre y el avance de las apuestas online aparecen entre los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad.

Ante este escenario, los expertos reclaman reforzar la prevención, la atención de la salud mental y las redes comunitarias, especialmente en escuelas, clubes y otros espacios donde los jóvenes puedan encontrar acompañamiento. El récord registrado en 2025 vuelve a poner en evidencia la urgencia de abordar una problemática que ya constituye una de las principales causas de muerte entre las nuevas generaciones.

Crece el rechazo al nuevo protocolo que impulsa el Gobierno de la Ciudad y que pone sobre estudiantes, padres y cooperadoras tareas que corresponden al Estado. “Esto no es corresponsabilidad, es delegación de responsabilidad”, denuncian.

Lo que el Gobierno de la Ciudad presentó como un simple “cambio de protocolo” encendió la alarma entre las comunidades educativas porteñas. Bajo el denominado “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, la gestión de Jorge Macri impulsa una serie de medidas que, según denuncian las cooperadoras, terminan trasladando a las familias y a los estudiantes responsabilidades que deberían ser asumidas por el Estado.

El viernes por la noche, el Ministerio de Educación porteño, encabezado por Mercedes Miguel, envió un correo a cientos de miles de familias para anunciar las nuevas pautas. El documento plantea una serie de iniciativas destinadas a promover el cuidado de los establecimientos, pero las cooperadoras advierten que detrás de los eufemismos existe un problema de fondo: el Gobierno porteño pretende que la comunidad educativa se haga cargo de resolver parte de las deficiencias de infraestructura y mantenimiento de las escuelas.

Para las familias, una cosa es colaborar con el cuidado cotidiano de los establecimientos y otra muy diferente es que esa colaboración termine reemplazando las obligaciones de la administración porteña.

“Esto es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad”, sostuvo Pablo Cesaroni, referente de Cooperadores en Movimiento, quien cuestionó que mientras las cooperadoras enfrentan cada vez más dificultades para funcionar, el Gobierno les exige resolver una cantidad creciente de problemas.

Según denuncian las cooperadoras, el problema se vincula con una política que lleva años de recortes y falta de inversión en infraestructura escolar. Cesaroni señaló que desde hace casi dos décadas las cooperadoras no reciben fondos destinados específicamente al mantenimiento y las obras, mientras las familias continúan aportando dinero y tiempo para sostener los establecimientos.

“Si hay escuelas que tienen los techos rotos o que no tienen calefacción, tienen que solucionarlo. Basta de utilizar a las familias como bomberos para cubrir las cosas que el Gobierno no hace”, reclamó.

Un protocolo que genera polémica

Jorge Macri defendió la iniciativa bajo la idea de recuperar una supuesta “cultura del orden” y del respeto por las reglas. Sin embargo, la implementación del nuevo esquema generó fuertes cuestionamientos por el alcance que tendrán las tareas asignadas a la comunidad educativa.

Entre las propuestas aparecen los llamados “Embajadores del cuidado”, mediante los cuales cada curso deberá asumir semanalmente y de manera rotativa la responsabilidad de verificar un sector de la escuela. También se plantea destinar los últimos minutos antes de un cambio de actividad o del final de la jornada a revisar el estado del espacio utilizado.

El protocolo incluye además una “Estación Ambiental” para el acopio y gestión de residuos con fines pedagógicos y campañas para retirar carteles y afiches.

Pero el punto que más preocupación genera es aquel que contempla que, frente a determinados daños, la propia comunidad educativa, junto con las cooperadoras, participe de las estrategias destinadas a repararlos.

Grafitis en paredes y mobiliario, bancos o puertas dañados y deterioros en los baños podrían derivar en jornadas de reparación y recuperación con participación estudiantil, siempre que no se considere necesaria una intervención urgente.

La pregunta que plantean las cooperadoras es inevitable: ¿dónde termina la participación comunitaria y dónde comienza la obligación del Estado?

“Esto no es corresponsabilidad: es delegación”

Las cooperadoras sostienen que desde hace años las familias ya realizan tareas de mantenimiento, colaboran con la pintura, organizan actividades y aportan recursos para cubrir necesidades que deberían ser atendidas mediante presupuesto público.

Ahora temen que el nuevo protocolo termine institucionalizando esa situación.

“Además de recaudar y pintar, ¿nos piden que hagamos ‘gestión del cambio de hábitos’ para que los chicos ‘cuiden’ un edificio que el propio Ministerio no cuida?”, cuestionaron.

Y fueron todavía más contundentes: “Esto no es corresponsabilidad, es delegación de responsabilidad”.

El reclamo apunta directamente al Gobierno porteño: las familias pueden colaborar con la vida cotidiana de una escuela, pero no deberían convertirse en responsables de garantizar su infraestructura, mantenimiento y condiciones edilicias.

Una escuela con filtraciones, problemas de calefacción, deterioro edilicio o instalaciones que requieren reparación necesita, según plantean las cooperadoras, una respuesta presupuestaria y de gestión, no trasladar el problema a padres y estudiantes.

Las cooperadoras exigen que el Estado vuelva a hacerse cargo

Ante este escenario, las organizaciones reclaman un aumento del presupuesto destinado a obras, la intervención de las empresas de mantenimiento y la ejecución de los trabajos pendientes para garantizar establecimientos seguros.

También exigen que se deje de trasladar a las cooperadoras y a las familias el costo económico y humano de resolver problemas que corresponden al Estado.

Las familias, remarcan, ya cuidan las escuelas desde hace años. Lo hacen aportando dinero, tiempo y trabajo voluntario. Lo que reclaman ahora es que el Gobierno porteño cumpla con su parte.

La polémica deja así expuesta una situación que genera creciente preocupación en la comunidad educativa: un Gobierno que, en lugar de reforzar la inversión y asumir el mantenimiento de las escuelas públicas, parece avanzar hacia un esquema en el que padres, estudiantes y cooperadoras terminan funcionando como reemplazo de las obligaciones estatales.

Unilever cerró definitivamente su histórica fábrica de Rodeo de la Cruz y dejó 60 trabajadores desvinculados. El golpe también alcanza a decenas de agricultores de Mendoza y San Juan que durante décadas adaptaron sus producciones para abastecer a la planta y ahora perdieron a su principal cliente.

La crisis del mercado interno vuelve a dejar una fuerte señal de alarma sobre el entramado productivo argentino. Unilever concretó el cierre definitivo de su planta de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, Mendoza, y puso fin a más de seis décadas de actividad vinculada al procesamiento y deshidratado de hortalizas destinadas a la marca Knorr.

La decisión implicó 60 despidos y un impacto que excede ampliamente a los trabajadores de la fábrica. La paralización cortó una cadena de comercialización que durante décadas vinculó a la compañía con agricultores de Mendoza y San Juan. Muchos de ellos habían realizado inversiones y adaptado sus parcelas a las necesidades específicas de la empresa y ahora quedaron sin su principal comprador.

La planta procesaba alrededor de 3.500 toneladas de hortalizas por año. Allí se realizaba el tratamiento y deshidratado de las verduras que posteriormente eran enviadas al centro industrial de Unilever en Pilar, Buenos Aires, donde se elaboraban las sopas instantáneas y los caldos de Knorr.

El cierre expone así el efecto cada vez más profundo de la caída del consumo sobre la producción. Cuando el mercado interno se achica, las consecuencias dejan de concentrarse en las góndolas y comienzan a sentirse en las fábricas, el empleo, el campo y las cadenas de proveedores.

Caída de las ventas y cambio de modelo

Según explicó Unilever, la decisión respondió al cambio en las pautas de consumo y al desplome de las ventas de sopas secas, un producto marcado además por una fuerte estacionalidad durante los meses de invierno. Para la compañía, sostener durante todo el año la infraestructura necesaria para atender una demanda concentrada en pocos meses dejó de ser económicamente viable.

La empresa justificó el cierre como parte de una “evolución del negocio de alimentos” y de una transformación de su modelo operativo destinada a ganar competitividad frente a las nuevas condiciones del mercado.

Sin embargo, detrás de la explicación empresarial queda expuesto el deterioro de una cadena productiva que había funcionado durante décadas. La decisión no solo elimina puestos industriales: también deja en una situación crítica a productores que construyeron su actividad alrededor de una demanda que ahora desaparece.

Importaciones y tercerización

El nuevo esquema implica que Unilever dejará de procesar internamente la materia prima en Mendoza. La compañía recurrirá a proveedores externos y a la importación de insumos, mientras conservará en Pilar las etapas de empaquetado y terminación de los productos.

El cambio representa un fuerte retroceso para la producción local: una parte del proceso que durante décadas se realizaba en Mendoza dejará de efectuarse allí, reduciendo el nivel de actividad industrial y debilitando el vínculo entre la gran empresa y los productores regionales.

Una fábrica que deja de producir

Unilever aclaró que el cierre de la planta mendocina no implica la salida de Knorr del mercado argentino ni afecta la continuidad de sus restantes negocios en el país.

Pero para Mendoza el impacto es concreto: 60 trabajadores pierden sus empleos, decenas de agricultores pierden a su principal cliente y una planta con más de 60 años de historia deja de producir.

El caso Knorr se convierte así en otra muestra del deterioro del entramado productivo nacional. La combinación de menor consumo, caída de ventas, reducción de la actividad industrial, tercerización e importaciones amenaza con profundizar el proceso de desindustrialización y extender sus consecuencias mucho más allá de las fábricas.

El cierre de Rodeo de la Cruz no es solamente la desaparición de una planta: es la ruptura de una cadena productiva que durante décadas sostuvo empleos, inversiones y producción agrícola en la región.