La causa fue remitida a la Justicia federal, mientras continúa el proceso impulsado por el Gobierno de Javier Milei para entregar el 90% de las acciones de la empresa al sector privado.
La Justicia bonaerense puso un freno al avance de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al mantener vigente una medida cautelar que protege las condiciones actuales de prestación del servicio. La resolución impide que la empresa modifique, reduzca, limite, suspenda o altere sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, la protección ambiental y la prestación adecuada del servicio.
El fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata representa un importante límite judicial al proceso privatizador impulsado por el Gobierno nacional. Aunque la resolución no anula la privatización, sí bloquea cualquier intento de avanzar con un esquema que implique un retroceso en las garantías que actualmente deben cumplir la empresa y su futuro operador.
El trasfondo de la decisión judicial: derechos humanos y medioambiente
Los jueces fundamentaron la decisión en el derecho humano al agua y en los principios preventivo y precautorio en materia ambiental, además de recurrir al criterio in dubio pro natura. El tribunal advirtió que una eventual reducción de las garantías sanitarias, ambientales o de prestación podría generar daños de muy difícil reparación, por lo que consideró necesario mantener la protección cautelar mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La medida adquiere especial relevancia porque el Gobierno de Milei avanza simultáneamente con un nuevo contrato de concesión y la venta del 90% de las acciones de AySA, proceso habilitado por la Ley Bases y posteriormente reglamentado mediante el Decreto 494. El Ejecutivo extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para presentar ofertas y espera obtener alrededor de 450 millones de dólares por la operación.
La cautelar surgió a partir de una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión firmado en mayo de 2026 y advirtió sobre una posible reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera AySA.
La Cámara rechazó los planteos de AySA y confirmó la cautelar en toda su extensión. Al mismo tiempo, resolvió que la causa deberá continuar en el fuero federal, debido a que la controversia involucra el marco regulatorio nacional y una empresa cuyo capital permanece mayoritariamente en manos del Estado nacional.
Así, mientras el Gobierno busca acelerar la privatización de una empresa encargada de un servicio público esencial, la Justicia estableció una condición concreta: el futuro operador no podrá prestar el servicio bajo estándares inferiores a los vigentes. La privatización podrá continuar siendo discutida, pero no podrá utilizarse como argumento para deteriorar las garantías de acceso al agua, la salud pública, el ambiente y la calidad del servicio.
La discusión de fondo continuará ahora en la Justicia federal, donde deberá definirse el alcance definitivo de las medidas cuestionadas. Hasta entonces, el avance privatizador sobre AySA queda condicionado por un límite judicial que obliga a preservar las obligaciones esenciales de la empresa frente a millones de usuarios.