La crisis industrial se profundiza y alcanza un nuevo nivel de alarma: en apenas siete meses de 2026, las empresas que recurrieron a Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) ya igualaron a todas las que lo hicieron durante 2025. En paralelo, se acelera la desaparición de compañías, aumenta la mora y se multiplican los cierres y despidos.
El Gobierno confirmó que hasta el 31 de julio se abrieron 163 expedientes, apenas uno menos que los 164 registrados durante todo 2025 y muy por encima de los 131 de 2024. El dato surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por el medio PERFIL y expone la velocidad con la que se deteriora el entramado productivo.
Los números oficiales muestran una situación cada vez más difícil para las empresas. En poco más de un semestre se concentró prácticamente la misma cantidad de Procedimientos Preventivos de Crisis que durante los doce meses del año anterior. Se trata de un mecanismo utilizado por compañías que atraviesan situaciones de emergencia y buscan evitar despidos masivos, suspensiones o incluso un cierre.
El escenario adquiere mayor gravedad al observar qué ocurre con esos expedientes. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Trabajo, 24 procedimientos ya derivaron en acuerdos homologados, 42 continúan en trámite y otros 19 fueron cerrados o enviados a guarda temporal.
Capital Humano, además, advirtió que se trata de expedientes dinámicos, cuyos estados pueden modificarse con el paso del tiempo, al igual que la cantidad de trabajadores involucrados y las medidas propuestas.
Una señal de alarma para la industria
En los dos años y medio de gestión de La Libertad Avanza, los PPC ya alcanzan los 458 expedientes. El volumen resulta significativo incluso frente a otros períodos de crisis: 2025 y 2026 ya superan los pedidos registrados en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando hubo 158, y se encaminan a igualar los 183 de 2018.
La comparación resulta particularmente significativa porque aquellos años estuvieron acompañados por fuertes contracciones de la actividad económica, mientras que el actual deterioro del entramado empresario se produce incluso después del rebote estadístico de 2025, cuando el PBI creció 4,4%.
El antecedente más extremo sigue siendo 2020, cuando los PPC llegaron a 498 en medio del impacto de la pandemia. Sin embargo, la velocidad que muestran los expedientes durante 2026 vuelve a encender las alarmas sobre la capacidad de las empresas para atravesar el actual escenario.
Menos empresas y una economía cada vez más frágil
El aumento de los PPC no aparece aislado. Desde noviembre de 2023, la Argentina perdió 30.633 empresas, equivalentes al 6% del total de empleadores formales, según el relevamiento mensual de Fundar.
La magnitud de la destrucción del tejido productivo convierte al período en uno de los más negativos de las últimas décadas: durante los primeros 30 meses de la actual gestión se registra, según ese relevamiento, la peor caída de la cantidad de empleadores formales para ese tramo de un gobierno.
Sólo en mayo de 2026 dejaron de existir 2.371 compañías. El retroceso acumula además 16 meses consecutivos de caída intermensual y 27 bajas interanuales seguidas.
Mientras tanto, los indicadores de actividad muestran que el crecimiento de la economía es profundamente desigual. El EMAE registró en junio una expansión interanual del 2,7%, pero buena parte del impulso provino de sectores como minería, pesca, agricultura y energía. La industria, el comercio y la construcción, actividades de mayor peso en el empleo y el mercado interno, exhiben un desempeño considerablemente más débil.
Las distintas proyecciones también anticipan una segunda mitad del año complicada. Estimaciones privadas apuntan a un crecimiento inferior al esperado inicialmente y advierten sobre el deterioro registrado durante el segundo trimestre y, particularmente, durante julio.
La otra alarma: empresas cada vez más endeudadas
A la pérdida de compañías se suma una creciente tensión financiera. El 47% de las empresas industriales tuvo dificultades para afrontar alguna de sus obligaciones financieras y un 9,2% no pudo cumplir con la totalidad de sus pagos, de acuerdo con la UIA.
La mora empresarial también se disparó. Según Equilibra, pasó del 0,7% en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de 2026, multiplicándose por cinco en menos de dos años.
En términos absolutos, las personas jurídicas en cesación de pagos aumentaron de 16.212 a casi 37.500, mientras que entre las empresas con préstamos menores a $5 millones —segmento que comprende a una amplia mayoría de las Pymes— la irregularidad llega al 9,3%.
Construcción y comercio aparecen entre los sectores con mayores niveles de mora, precisamente dos actividades que también sufren el enfriamiento de la economía.
La situación revela además un cambio en las estrategias de supervivencia empresarial. Las compañías no sólo recurren al crédito bancario: muchas están acumulando deuda impositiva y demorando pagos a proveedores para sostenerse. Dentro de la industria manufacturera, textiles y cuero presentan uno de los cuadros más delicados, con una morosidad cercana al 14,6%.
De los expedientes a los cierres: la crisis ya tiene consecuencias concretas
Los números comienzan a traducirse en decisiones empresariales concretas. En las últimas semanas se multiplicaron los anuncios de cierres de plantas, reducción de personal y abandono de la producción local.
La textil Will Der cerró su planta productiva en Las Flores y bloqueó el ingreso de 120 trabajadores en Pacheco. Unilever, por su parte, avanzó con el cierre de su fábrica de vegetales deshidratados en Mendoza y desvinculó a 60 trabajadores.
La cadena supermercadista marplatense Toledo también atraviesa una fuerte crisis laboral, mientras que Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 operarios de una de sus plantas avícolas.
En San Juan, la fabricante de galletitas Tía Maruca cerró definitivamente después de operar con apenas el 52% de su capacidad instalada. En Catamarca, Indumentaria Catamarca prepara el cierre de su planta tras reducir su plantilla de 150 trabajadores a apenas 20.
A este panorama se suma Peabody, que anunció su salida de la producción local después de 16 años y comenzó a desmantelar maquinaria para trasladar la fabricación a Paraguay, en medio de un concurso preventivo y pasivos que rondan los $40.000 millones.
Los 163 Procedimientos Preventivos de Crisis registrados en apenas siete meses son, en este contexto, mucho más que una cifra administrativa. Son una señal temprana de empresas que buscan ganar tiempo antes de aplicar suspensiones, reducir personal o abandonar definitivamente la actividad.
La combinación de PPC en ascenso, pérdida sostenida de empresas, aumento de la mora, caída de sectores clave y cierres de plantas configura un cuadro cada vez más preocupante para el entramado industrial argentino. Y el dato más inquietante es la velocidad: 2026 todavía no llegó a su último cuatrimestre y ya igualó, en sólo siete meses, todos los pedidos de crisis registrados durante 2025.