El bloqueo del Aeropuerto Internacional de Saná, los ataques contra instalaciones civiles y la crisis humanitaria volvieron a colocar a Yemen en una nueva fase de tensión con Arabia Saudita. El informe mensual sobre la situación del país correspondiente a julio de 2026 sostiene que la disputa dejó de estar concentrada exclusivamente en el escenario regional para adquirir una dimensión de confrontación directa entre Saná y Riad.

El mes de julio marcó, según el informe, un nuevo punto de inflexión en la guerra de Yemen. Después de más de una década de conflicto y de los compromisos alcanzados desde 2022 para avanzar hacia un alto el fuego, el levantamiento del bloqueo y el pago de los salarios públicos, Saná sostiene que buena parte de esos acuerdos permanecen incumplidos. El Aeropuerto Internacional de Saná se convirtió así en el principal símbolo de una disputa que combina cuestiones humanitarias, económicas y de soberanía. El documento atribuye a Arabia Saudita y a sus aliados la continuidad de las restricciones y sostiene que la reapertura del aeropuerto constituye un derecho soberano y humanitario del país.

La tensión aumentó el 3 de julio, cuando un avión de la compañía iraní Mahan Air llegó a Saná con ciudadanos yemeníes que permanecían varados en el extranjero. El informe presenta ese vuelo como una ruptura del bloqueo aéreo que se mantenía desde 2016. Diez días después, otro avión iraní intentó llegar a la capital yemení con una delegación que participaría en unas exequias en Teherán, pero, según el documento, cuatro incursiones aéreas saudíes contra la pista impidieron su aterrizaje. Las autoridades de Saná denunciaron entonces ante Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad una violación de la soberanía yemení y reclamaron el levantamiento de las restricciones.

La respuesta política llegó el 16 de julio, cuando el líder del movimiento Ansar Allah, Abdulmalik al-Houthi, formuló una nueva ecuación de disuasión: «Aeropuerto de Saná por aeropuerto de Riad; aeropuertos por aeropuertos, puertos por puertos y bloqueo por bloqueo». El mensaje supuso un endurecimiento respecto de las anteriores advertencias y fue acompañado por una movilización popular en Saná y otras gobernaciones. Cuatro días después, las Fuerzas Armadas yemeníes anunciaron la prohibición de la navegación marítima hacia Arabia Saudita, extendiendo la confrontación desde el espacio aéreo al ámbito marítimo y económico.

La escalada no significó, según el informe, el abandono de la agenda regional. La causa palestina continuó ocupando un lugar central en el discurso político de Saná, junto con el respaldo a Irán, el Líbano y las fuerzas de resistencia. Las autoridades yemeníes también volvieron a advertir sobre una eventual presencia israelí en el Cuerno de África, que consideran una amenaza para el estrecho de Bab el-Mandeb y el mar Rojo. De este modo, la política de Yemen continúa vinculando su seguridad nacional con el escenario regional y, particularmente, con el control de las rutas marítimas estratégicas.

En paralelo, el Gobierno de Cambio y Construcción afirma haber mantenido el funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos, pese al deterioro económico. Uno de los principales problemas continúa siendo el pago de los salarios estatales. El informe sostiene que los ingresos provenientes del petróleo y el gas fueron trasladados hacia estructuras financieras bajo control de las autoridades asentadas en Adén, mientras miles de empleados públicos permanecen sin cobrar regularmente. La consecuencia, según el documento, es una pérdida acelerada del poder adquisitivo, mayor pobreza y un debilitamiento de las redes de protección social.

La situación del Aeropuerto de Saná constituye además un problema económico de enormes dimensiones. Las autoridades aeroportuarias calculan en unos 160 millones de dólares las pérdidas directas provocadas por su cierre y en más de 3.500 millones las pérdidas indirectas. El informe sostiene que durante los últimos dos años se mantuvieron contactos con compañías aéreas de países como Egipto, Jordania, Argelia, Líbano, Irak, Siria, Qatar, Kuwait, India, Irán y Omán con el objetivo de restablecer las conexiones internacionales. Saná asegura que el aeropuerto se encuentra actualmente en condiciones operativas y reclama el levantamiento de las restricciones que impiden la recuperación plena de la aviación civil.

El puerto de Hodeida aparece como el otro gran punto de presión económica. De acuerdo con el informe, por ese puerto ingresa alrededor del 70% de los alimentos y medicamentos destinados a Yemen. Las restricciones, sostiene, ralentizan el ingreso de mercancías y obligan a utilizar rutas alternativas más costosas, con un impacto directo sobre el transporte, los seguros, el almacenamiento y, finalmente, los precios que pagan los consumidores. A esta situación se suma la escasez de gas doméstico y para vehículos registrada en ciudades como Adén y Taiz, donde el precio de una bombona habría alcanzado los 14.000 riales en el mercado negro.

El deterioro económico tiene su correlato más grave en el terreno humanitario. El informe cita datos de Naciones Unidas según los cuales unos 18,3 millones de yemeníes enfrentan inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o superiores. En las zonas bajo control de las autoridades de Saná, alrededor de 5,5 millones de personas podrían atravesar una situación de emergencia alimentaria, mientras unas 41.000 enfrentarían condiciones calificadas como catastróficas. El documento también señala que más de 2,2 millones de niños menores de cinco años padecen desnutrición aguda, incluidos unos 516.000 casos de desnutrición aguda grave.

La crisis sanitaria profundiza el cuadro. Los pacientes con cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas y otras patologías crónicas aparecen entre los principales afectados por la falta de medicamentos, equipamiento y tratamientos especializados. Para muchos de ellos, las restricciones al aeropuerto representan además la imposibilidad de viajar al extranjero para recibir atención médica. El informe advierte asimismo sobre las dificultades para garantizar agua potable, saneamiento e higiene, especialmente entre los desplazados internos, cuya población supera los 6,7 millones de personas que dependían de la asistencia humanitaria antes de la reducción de esos programas.

En materia de seguridad, el informe registra ataques contra el Aeropuerto Internacional de Saná, el puerto de Hodeida y la isla de Kamaran, además de bombardeos en distintas gobernaciones. Según las estadísticas incluidas en el documento, durante julio se produjeron 2.518 ataques, bombardeos o acciones militares en distintas provincias yemeníes. Al Hodeida concentró 1.056 de esos ataques, seguida por Saada, con 1.014, y Taiz, con 385. Las autoridades de Saná también denuncian la persistencia de restos de bombas de racimo, que continúan provocando víctimas, especialmente entre mujeres y niños.

Las estadísticas de víctimas correspondientes a julio contabilizan 20 muertos y 84 heridos, para un total de 104 víctimas. El informe sostiene que entre los afectados hubo mujeres y niños y denuncia además ataques contra viviendas y campamentos de migrantes en la gobernación de Saada. Entre las historias incluidas figura la de Dasta, un migrante etíope que sobrevivió a un ataque contra un refugio y quedó con graves lesiones físicas y psicológicas después de perder a varios de sus compañeros.

La historia de Dasta resume, en el relato del informe, una dimensión que las estadísticas difícilmente pueden expresar: la permanencia de las heridas después del bombardeo. El migrante sobrevivió, pero pasó veinte días sin poder hablar y quedó marcado por la muerte de quienes compartían con él el refugio. El documento utiliza su experiencia para reclamar investigaciones, reparación y rendición de cuentas por las víctimas civiles.

El panorama que deja julio es, por lo tanto, el de un conflicto que lejos de haber entrado definitivamente en una etapa de desescalada parece haber adquirido una nueva dimensión. Saná mantiene abierta la puerta a una salida negociada, pero condiciona cualquier avance a la apertura del aeropuerto, el levantamiento del bloqueo, el pago de los salarios y el cese de los ataques. Al mismo tiempo, la decisión de responder con restricciones marítimas y la amenaza de una política de «bloqueo por bloqueo» elevan el riesgo de una nueva escalada regional.

Después de más de doce años de guerra, Yemen continúa atrapado entre una negociación política inconclusa, una economía devastada y una emergencia humanitaria de enormes proporciones. Julio de 2026 muestra que el aeropuerto de Saná y los puertos del mar Rojo ya no son solamente infraestructuras civiles: se han convertido en piezas centrales de una disputa de poder que conecta el futuro de Yemen con el equilibrio estratégico de todo el mar Rojo.

La morosidad en los créditos a las familias volvió a aumentar en julio y alcanzó el 18% del total de los préstamos, según el Monitor Mensual de Crédito a las Familias elaborado por Eco Go y la Universidad Austral. El indicador acumula 21 meses consecutivos de subas y registró un aumento de 10,3 puntos porcentuales en la comparación interanual. Es récord absoluto en Argentina en el siglo XXI.

Si se analiza el impacto por cantidad de personas y no solo por los montos adeudados, la proporción de deudores en mora trepó al 26,6% del total de titulares de crédito. Esto implica un incremento de 0,3 puntos porcentuales en el mes y de 8,3 puntos porcentuales frente a julio de 2025.

El gobierno de Javier Milei insiste en que es un tema de las personas que “se endeudaron para comprarse una televisión por el mundial”, aunque todos los datos desmientan ese relato. “Nadie les puso un arma en la cabeza, que se arreglen”, insistió el presidente ante el periodista libertario Luis Majul.

Bandung, Palestina, reparaciones y nueva arquitectura económica. La posición de Argelia recuerda una contradicción central: no se puede reivindicar el anticolonialismo y guardar silencio sobre el Sáhara Occidental.

Por Esteban Silva Cuadra

La Declaración de Nueva Delhi adoptada por los BRICS el 12 de septiembre de 2026 constituye un avance político en la transformación de la correlación de fuerzas internacionales y en el cuestionamiento de un orden mundial marcado por profundas desigualdades entre el Norte y el Sur.

Los BRICS no constituyen un bloque homogéneo ni expresan un programa acabado de transformación internacional. Sin embargo, sus consensos sobre multipolaridad, reforma de Naciones Unidas, Palestina, colonialismo, reparaciones históricas, sanciones unilaterales y nueva arquitectura económica y financiera son políticamente relevantes. La Declaración debe ser analizada, por tanto, desde sus avances, pero también desde sus límites y contradicciones.

Bandung y el Sur Global

Uno de sus contenidos más significativos aparece en el párrafo 16, donde los BRICS recuerdan expresamente la Conferencia Afroasiática de Bandung de 1955 y sus principios de igualdad, independencia, no intervención y beneficio mutuo, reconociendo al Espíritu de Bandung como referencia para construir un sistema multilateral más justo, inclusivo y representativo.

Bandung expresó la irrupción política de los pueblos recientemente independizados en un sistema internacional dominado por las grandes potencias. Sus principios de soberanía, autodeterminación, descolonización, no injerencia y cooperación Sur-Sur enlazan históricamente con Belgrado, el nacimiento del Movimiento de Países No Alineados y la actual emergencia del Sur Global.

El párrafo 10 reconoce precisamente al Sur Global como motor de cambio, mientras los párrafos 2 y 7 defienden un orden más justo, representativo y multipolar.

La multipolaridad, sin embargo, no debería significar sustituir una hegemonía por otra, sino ampliar los márgenes de soberanía de los pueblos e impedir que una potencia o un grupo de potencias pueda imponer unilateralmente sus decisiones al conjunto de la humanidad.

Palestina y el derecho a la autodeterminación

Los párrafos 30 al 34 contienen uno de los avances políticos más importantes de la Declaración.

Los BRICS exigen preservar el alto el fuego y garantizar la ayuda humanitaria en Gaza; rechazan el desplazamiento forzado; reconocen el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno; respaldan la membresía plena de Palestina en Naciones Unidas y un Estado palestino soberano sobre las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital.

La Declaración condena además la inanición como método de guerra, los ataques contra civiles e infraestructura sanitaria, respalda a la UNRWA y recuerda las medidas provisionales adoptadas por la Corte Internacional de Justicia en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel. Asimismo, rechaza las medidas destinadas a modificar unilateralmente el estatuto de Jerusalén ocupada.

Desde una perspectiva anticolonialista, estas definiciones son relevantes porque Palestina no puede reducirse simplemente a un “conflicto entre dos partes”. Existe una ocupación, una desposesión territorial y una persistente negación del derecho a la autodeterminación de un pueblo.

Colonialismo, esclavitud y reparaciones históricas

El párrafo 11 reclama erradicar el colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y destaca la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como uno de los crímenes más graves contra la humanidad.

Esta definición abre necesariamente la cuestión de las reparaciones históricas.

La esclavitud y el colonialismo fueron pilares del proceso de acumulación mediante el cual las potencias coloniales construyeron una parte sustantiva de su riqueza, mientras África, el Caribe, Asia y otros territorios sufrían siglos de saqueo y subordinación.

Las reparaciones no pueden limitarse a lo simbólico. Deben comprender reconocimiento de responsabilidades, restitución patrimonial, transferencia tecnológica, cooperación para el desarrollo, financiamiento justo, revisión de mecanismos de endeudamiento y transformación de estructuras económicas internacionales que continúan reproduciendo desigualdades históricas.

Existe así una relación entre el anticolonialismo del párrafo 11, la reforma de las instituciones de Bretton Woods de los párrafos 17 al 19, el comercio más justo de los párrafos 20 y 21, la soberanía sobre los recursos naturales del párrafo 67 y la incorporación del Sur a segmentos de mayor valor agregado de los párrafos 84 y 86.

Las formas actuales de dependencia pueden expresarse mediante subordinación financiera, tecnológica y comercial, sanciones extraterritoriales y apropiación desigual de los recursos naturales. En esa misma lógica, el párrafo 22 condena las medidas coercitivas unilaterales y el párrafo 27 exige poner fin a las medidas económicas, comerciales y financieras contra Cuba.

El silencio sobre el Sáhara Occidental

Precisamente porque el párrafo 11 reivindica la erradicación del colonialismo, resulta inexplicable que la Declaración guarde silencio sobre el Sáhara Occidental.

El Sáhara Occidental continúa inscrito en Naciones Unidas como territorio no autónomo pendiente de descolonización y la causa saharaui forma parte inseparable de la historia de las luchas africanas contra el colonialismo.

También se echa de menos una referencia más explícita a la Unión Africana, a su tradición anticolonialista y a sus principios de soberanía y autodeterminación. La República Árabe Saharaui Democrática forma parte de esa organización.

No basta, por tanto, con reclamar —como correctamente hace el párrafo 13— una mayor representación de África en las instituciones internacionales. También debe escucharse la posición africana frente a los procesos todavía pendientes de descolonización.

El párrafo 67, que reconoce los derechos soberanos sobre los recursos naturales, plantea otra contradicción. Mientras no exista una solución definitiva basada en el ejercicio efectivo del derecho a la autodeterminación, debe protegerse la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales.

Ninguna potencia ocupante puede disponer legítimamente de las riquezas de un territorio pendiente de descolonización ignorando los derechos y la voluntad de su pueblo. Del mismo modo, deben respetarse los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y mantenerse la solidaridad con los presos políticos y defensores saharauis de los derechos humanos.

Palestina y el Sáhara Occidental poseen historias y situaciones jurídicas diferentes, pero comparten un principio universal: ningún pueblo puede ser privado indefinidamente del derecho a decidir libremente su destino.

Nuestro internacionalismo no puede establecer jerarquías entre pueblos ocupados.

Argelia: Bandung, MNOAL y las nuevas herramientas del Sur Global

En este debate adquiere especial relevancia Argelia, que representa hoy una de las expresiones más consecuentes de la tradición política de Bandung, del Movimiento de Países No Alineados y del anticolonialismo africano.

Argelia sostiene simultáneamente el derecho del pueblo palestino y del pueblo saharaui a la autodeterminación. En la XIX Cumbre del MNOAL, el presidente Abdelmadjid Tebboune vinculó ambas causas con el derecho de los pueblos a decidir su destino y con la necesidad de terminar con las formas todavía existentes de ocupación y colonialismo.

Esta posición demuestra que no existe contradicción entre defender firmemente Palestina y sostener con la misma consecuencia los derechos nacionales del pueblo saharaui.

Argelia no integra los BRICS, pero desde mayo de 2025 es miembro del Nuevo Banco de Desarrollo, creado por ese agrupamiento. Su participación permite visualizar una convergencia posible entre la tradición histórica de Bandung y el MNOAL y las nuevas herramientas financieras surgidas en torno a los BRICS, sin confundir espacios que poseen historias y funciones diferentes.

Democratizar Naciones Unidas

Los párrafos 7, 8 y 13 reclaman mayor representación de África, Asia, América Latina y el Caribe y de los países en desarrollo en los procesos internacionales de toma de decisiones.

El párrafo 13 plantea una reforma integral de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad y reconoce las aspiraciones africanas expresadas en el Consenso de Ezulwini y la Declaración de Sirte.

Es un avance, pero todavía insuficiente. Democratizar Naciones Unidas no puede significar únicamente incorporar nuevos miembros permanentes al Consejo de Seguridad. Exige también discutir el privilegio del veto, fortalecer la Asamblea General y terminar con la aplicación selectiva del derecho internacional.

Nueva arquitectura económica, financiera y comercial

Aquí se juega una parte sustantiva de la capacidad transformadora de los BRICS.

Los párrafos 17 al 19 plantean reformar el FMI y el Banco Mundial aumentando la representación de las economías emergentes y países en desarrollo, mientras los párrafos 20 y 21 defienden una reforma de la OMC y un sistema comercial más equitativo.

El párrafo 90 propone ampliar el uso de monedas locales y desarrollar sistemas de pagos transfronterizos más accesibles. A ello se suman el Acuerdo de Reservas de Contingencia (97), los mecanismos multilaterales de garantías (102) y el Nuevo Banco de Desarrollo (115).

No estamos todavía ante una moneda común ni frente a una ruptura con el dólar o con las instituciones de Bretton Woods, pero sí ante esfuerzos que pueden ampliar progresivamente los márgenes de autonomía financiera del Sur.

Desde América Latina y el Caribe sabemos, sin embargo, que no basta aumentar el comercio si sus reglas reproducen estructuras de dependencia. La experiencia de América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC, Chile Mejor Sin TLC y LATINDADD muestra que un comercio verdaderamente justo debe permitir industrialización, soberanía alimentaria, energética y tecnológica y capacidad de los Estados para definir sus propias estrategias de desarrollo.

La discusión recupera también la vigencia de la teoría latinoamericana de la dependencia y del enfoque centro-periferia: diversificar socios comerciales no transforma por sí solo las relaciones estructurales de subordinación si el Sur continúa exportando materias primas mientras la tecnología, el financiamiento y el mayor valor agregado permanecen concentrados en otros centros.

En ese sentido, los párrafos 67, 84 y 86 son particularmente importantes: reconocen la soberanía sobre minerales críticos y plantean industrialización, transferencia tecnológica y una mayor participación de los países en desarrollo en los segmentos de alto valor agregado.

La experiencia chilena es ilustrativa. Décadas de apertura comercial no modificaron estructuralmente nuestro carácter de economía fundamentalmente exportadora de materias primas.

La pregunta central sigue siendo, entonces: qué comercio, bajo qué reglas, entre quiénes y al servicio de qué proyecto de desarrollo.

Una nueva arquitectura económica internacional sólo será verdaderamente transformadora si contribuye a superar la vieja división internacional del trabajo mediante soberanía sobre los recursos naturales, industrialización, agregación de valor, transferencia tecnológica, comercio justo y cooperación Sur-Sur.

Contradicciones y balance desde el Sur Global

Los BRICS no son un nuevo Movimiento de Países No Alineados ni constituyen un bloque ideológico.

Su propuesta financiera continúa siendo principalmente reformista; sus mecanismos propios son todavía embrionarios y persisten vínculos importantes con las instituciones que buscan reformar. Existe, por tanto, una diferencia entre conquistar mayores espacios dentro del sistema existente y transformar sus estructuras.

La otra contradicción central aparece entre el llamado a erradicar el colonialismo del párrafo 11, la reivindicación del Espíritu de Bandung del párrafo 16 y el silencio sobre el Sáhara Occidental. La posición de Argelia demuestra que es posible participar de las nuevas herramientas económicas del Sur y mantener al mismo tiempo una política consecuentemente anticolonial respecto de Palestina y el pueblo saharaui.

Estas contradicciones deben señalarse sin desconocer el significado general de la Declaración: expresa una correlación mundial en transformación y la búsqueda de mayores márgenes de soberanía por parte del Sur Global.

Por eso resulta particularmente importante que los BRICS hayan recuperado el Espíritu de Bandung.

Bandung significó que los pueblos sometidos al colonialismo comenzaron a dejar de ser objetos de la política mundial para convertirse en sujetos de su propia historia. Setenta y un años después, la tarea consiste en convertir esa memoria en poder político y económico efectivo.

Los BRICS no constituyen una alternativa acabada, pero pueden contribuir, junto al MNOAL, la Unión Africana, las articulaciones latinoamericanas y caribeñas y otras expresiones del Sur Global, a construir un mundo multipolar, soberano, anticolonial y más justo.

El desafío histórico continúa siendo que el Sur deje definitivamente de ser periferia subordinada y se transforme en sujeto político, económico y civilizatorio de un nuevo orden mundial, construyendo desde sus propias soberanías una cooperación entre pueblos y Estados fundada en la complementariedad, la igualdad, el beneficio mutuo y la autodeterminación.

Notas y referencias

[1] Esteban Silva Cuadra, “A 65 años del Movimiento de Países No Alineados: Bandung, Argelia, Allende y la vigencia del Sur Global”, InfoSurGlobal, septiembre de 2026. Sobre Bandung, Belgrado, MNOAL y cooperación Sur-Sur.
Leer en InfoSurGlobal

[2] Esteban Silva Cuadra, “Las causas saharaui y palestina son indisociables”, InfoSurGlobal, agosto de 2025. Sobre autodeterminación y coherencia anticolonial.
Leer entrevista

[3] Esteban Silva Cuadra, “Soberanía o recolonización: la gran batalla de los pueblos de América Latina y el Caribe”, América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC, julio de 2026. Sobre neocolonialismo y nuevas formas de dependencia.
Leer artículo

[4] Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC, Declaración de la Tercera Asamblea Continental, Santiago, mayo de 2025. Sobre soberanía económica y alternativas a los TLC.
Leer declaración

[5] Lucía Sepúlveda / Chile Mejor Sin TLC, “TLC Chile-EEUU, 23 años de promesas incumplidas”, 2026. Balance sobre extractivismo y diversificación productiva.
Leer documento

[6] Esteban Silva Cuadra, “Chile no puede negociar su soberanía”, América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC, agosto de 2026. Sobre autonomía, política productiva e integración regional.
Leer artículo

[7] LATINDADD, “BRICS: el reto de construir una nueva arquitectura financiera global”, mayo de 2025. Sobre BRICS y transformación del sistema financiero internacional.
Leer análisis

[8] LATINDADD, “BRICS 2026: balance de los avances rumbo a la Cumbre de Nueva Delhi”, agosto de 2026. Sobre gobernanza global, cooperación Sur-Sur y agenda financiera.
Leer balance

[9] Presidente Abdelmadjid Tebboune, intervención ante la XIX Cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Sobre Palestina, Sáhara Occidental, autodeterminación y anticolonialismo.
Consultar Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia

[10] Nuevo Banco de Desarrollo, “Algeria officially becomes member country of New Development Bank”, mayo de 2025. Sobre la incorporación de Argelia al banco creado por los BRICS.
Consultar Nuevo Banco de Desarrollo

[11] André Nassif, “El modelo centro-periferia y la economía política de la CEPAL: ayer y hoy”, Revista CEPAL, diciembre de 2024. Sobre la vigencia contemporánea del enfoque centro-periferia y las restricciones estructurales que enfrentan las economías periféricas.
Consultar publicación de CEPAL

Manuel Adorni transita los últimos días del plazo que le otorgó la Justicia para presentar su descargo en la causa que investiga su patrimonio. El exjefe de Gabinete de Javier Milei tiene tiempo hasta este miércoles para responder el requerimiento de justificación patrimonial formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que un informe técnico detectara una serie de inconsistencias en la evolución de sus bienes y gastos.

El plazo original había sido prorrogado por 15 días hábiles a pedido de la defensa de Adorni. El juez federal Ariel Lijo aceptó el planteo y extendió el tiempo disponible para que el exfuncionario pudiera acceder a la documentación incorporada al expediente y preparar su respuesta. La nueva fecha límite vence esta semana. Se acabaron los días en que Adorni y Milei aseguraban que el ex candidato libertario “no tiene nada que ocultar porque es honesto”.

Ante la justicia, Adorni deberá justiciar gastos por más de 500 millones de pesos que la justicia no entiende cómo hizo teniendo en cuenta sus declaraciones juradas. ¿Cómo pasó de tener una vida austera a la compra de propiedades y viajes por el mundo a hoteles de lujos? Nadie lo sabe. Y por ahora, Adorni tampoco lo puede explicar.

Se trata de la tercera publicación crítica del semanario británico haca la gestión libertaria en una semana.

The Economist volvió a arremeter con un duro editorial contra la gestión de Javier Milei y sostuvo que Argentina necesita combinar la baja de la inflación con un mayor crecimiento económico y atender las consecuencias sociales de las reformas.

Bajo el antetítulo “Pan y manteca, no fanfarronadas”, una expresión en inglés que alude a concentrarse en lo esencial y dejar de lado las grandilocuencias, el editorial señala que el Presidente atraviesa uno de los niveles de aprobación más bajos desde que asumió, con salarios reales todavía inferiores a los del inicio de la gestión y una caída del empleo formal. “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento”, afirmó la publicación.

The Economist recordó que Milei asumió hace tres años con la promesa de recortar el gasto público, controlar la inflación y liberar la economía, un programa que muchos analistas consideraban difícil de implementar: “Milei demostró que estaban equivocados”, reconoce.

En ese sentido, destacó que la inflación anual pasó del 161% registrado el mes previo a la asunción al 34% en julio y que la economía avanza hacia un segundo año consecutivo de crecimiento, algo poco frecuente desde 2008. Sin embargo, remarcó que los salarios reales permanecen por debajo del inicio de la gestión y que el empleo formal disminuye.

Según el editorial, el Gobierno atraviesa una etapa diferente a la del comienzo de su gestión y ahora debería adoptar medidas que favorezcan la actividad, el crédito y la inversión.

The Economist no cuestiona el superávit fiscal ni el rechazo a la emisión monetaria, de hecho, los considera pilares necesarios de la política económica, pero plantea que Milei debería aprovechar los avances logrados para impulsar una expansión más rápida de la economía, incluso si eso implica que la baja de precios sea menos acelerada: “Es el momento de construir sobre los cimientos que estableció y concentrarse más en el crecimiento”, afirma.

Entre las medidas señaladas, propone eliminar los controles de capital vigentes y que el Banco Central deje de intervenir en los mercados para sostener al peso: “La forma más evidente de resolver esto consiste en ser más libertario, no menos”, sostiene.

Las críticas por Malvinas y las denuncias de corrupción

El análisis también indica que Milei utiliza la causa Malvinas para movilizar votantes y desviar la atención de los problemas económicos. En ese marco, cuestionó el estilo confrontativo del Presidente y advirtió sobre la vulnerabilidad del Gobierno frente a denuncias de corrupción.

“Es difícil denunciar a la ‘casta’ corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias”, señala.

Además, consideran que Milei debería mostrar “algo de empatía” frente a las dificultades que atraviesan los hogares como consecuencia de la reducción de subsidios, la caída de los salarios y la pérdida de empleo.

“El destino de su proyecto puede depender de encontrar ese equilibrio”, concluye The Economist.

Juan Manuel Olmos denunció que Santiago Bausili no fue claro sobre el destino de los lingotes enviados fuera del país. La AGN aseguró que el Banco Central restringió el acceso a documentación clave y cuestionó que todavía no pueda determinarse con precisión qué ocurrió con el oro entre junio de 2025 y mayo de 2026.

El destino de las reservas de oro que el Gobierno trasladó al exterior vuelve a quedar bajo la lupa. Las explicaciones del Banco Central no lograron despejar las dudas y ahora el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, cuestionó duramente las condiciones impuestas por la autoridad monetaria para acceder a la información sobre los movimientos de los lingotes.

“El presidente del BCRA no ha sido claro respecto al oro argentino en el exterior”, sostuvo Olmos en declaraciones al canal C5N. Y apuntó directamente contra Santiago Bausili: “Debería poner transparencia en el BCRA y no hacer una ensalada para no informar qué pasó con el oro entre junio de 2025 y mayo de 2026”.

El titular de la AGN relató que el organismo encargado de controlar las cuentas públicas se encontró con sucesivas restricciones para acceder a la información. “Primero pidieron que no retiremos materiales de la entidad, luego no nos dejaron acceder a los datos concretos y finalmente no pudimos llevarnos siquiera capturas de la documentación”, explicó.

Para Olmos, la situación resulta particularmente grave porque la AGN tiene precisamente entre sus funciones controlar y auditar el manejo de los recursos del Estado. “Podríamos habernos negado desde la AGN a hacer un procedimiento en estas condiciones, pero preferimos hacerlo de todas maneras porque queremos saber por qué se llevaron el metal precioso de la Argentina”, afirmó.

🗣️ Juan Manuel Olmos: "El presidente del BCRA debe ser más transparente"

📲 #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/lebNy2xJcA

— C5N (@C5N) September 14, 2026

La auditoría sobre el oro sigue abierta

Olmos aclaró que la aprobación de los balances contables generales del Banco Central correspondientes a 2023 y 2024 no implica que haya quedado auditado el destino de los lingotes depositados fuera del país.

La diferencia es central: mientras las cuentas generales de la autoridad monetaria fueron convalidadas, la revisión específica sobre las operaciones vinculadas al oro continúa abierta.

Según explicó el titular de la AGN, uno de los principales obstáculos está dado por los extensos plazos que se tomó el Banco Central para entregar los expedientes solicitados por los auditores. La falta de documentación disponible y las restricciones para conservar evidencia dificultan, de esta manera, reconstruir con precisión la ruta seguida por las reservas.

¿Cuánto oro salió de la Argentina?

Entre junio y agosto de 2024, el Banco Central realizó cuatro operaciones de envío que, según la información consignada, involucraron un total de 1.000 lingotes de oro con destino al exterior.

Cuando los técnicos de la AGN solicitaron los dictámenes y las actas correspondientes para verificar las operaciones, el BCRA invocó el secreto financiero. El argumento utilizado por la entidad fue que la difusión de esa información podía favorecer maniobras especulativas en los mercados contra los activos del Estado.

Pero la respuesta del Banco Central generó nuevas controversias.

La alternativa ofrecida a los auditores consistió en permitirles leer la documentación de manera presencial en las pantallas de la entidad, pero sin posibilidad de retirar copias, sacar fotocopias o tomar imágenes de los documentos.

Para el equipo técnico de la AGN, esas condiciones no resultaban suficientes para reunir la evidencia necesaria y respaldar adecuadamente su trabajo de auditoría.

El problema, entonces, ya no pasa solamente por cuánto oro fue trasladado al exterior, sino también por una pregunta todavía más sensible: ¿dónde están exactamente esos activos y qué ocurrió con ellos una vez que salieron del país?

Las dudas sobre Suiza y el Reino Unido

A las críticas de Olmos se sumaron cuestionamientos desde el Congreso. La senadora nacional justicialista Juliana Di Tullio llegó a acusar a la conducción del Banco Central de brindar información falsa sobre la ubicación final de los activos.

Según la legisladora, la falta de documentación entregada por el organismo que conduce Bausili impide comprobar si los lingotes continúan depositados en Suiza o fueron trasladados al Reino Unido.

Así, el misterio sobre el oro argentino permanece abierto mientras crecen los reclamos para que el Banco Central explique de manera documentada qué cantidad de reservas salió del país, bajo qué condiciones, dónde fue depositada, quién tomó las decisiones y cuál es actualmente su situación.

La discusión adquiere una dimensión adicional por tratarse de reservas pertenecientes al patrimonio del Banco Central, en un contexto en el que la autoridad monetaria sostiene que sus decisiones sobre los activos buscan preservar la estabilidad financiera.

Por ahora, sin embargo, la falta de acceso pleno a la documentación mantiene abiertas las preguntas y alimenta un creciente cuestionamiento político e institucional: si el oro argentino fue trasladado al exterior, el Gobierno deberá explicar con precisión dónde está y qué se hizo con él.

La crisis industrial se profundiza y alcanza un nuevo nivel de alarma: en apenas siete meses de 2026, las empresas que recurrieron a Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) ya igualaron a todas las que lo hicieron durante 2025. En paralelo, se acelera la desaparición de compañías, aumenta la mora y se multiplican los cierres y despidos.

El Gobierno confirmó que hasta el 31 de julio se abrieron 163 expedientes, apenas uno menos que los 164 registrados durante todo 2025 y muy por encima de los 131 de 2024. El dato surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por el medio PERFIL y expone la velocidad con la que se deteriora el entramado productivo.

Los números oficiales muestran una situación cada vez más difícil para las empresas. En poco más de un semestre se concentró prácticamente la misma cantidad de Procedimientos Preventivos de Crisis que durante los doce meses del año anterior. Se trata de un mecanismo utilizado por compañías que atraviesan situaciones de emergencia y buscan evitar despidos masivos, suspensiones o incluso un cierre.

El escenario adquiere mayor gravedad al observar qué ocurre con esos expedientes. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Trabajo, 24 procedimientos ya derivaron en acuerdos homologados, 42 continúan en trámite y otros 19 fueron cerrados o enviados a guarda temporal.

Capital Humano, además, advirtió que se trata de expedientes dinámicos, cuyos estados pueden modificarse con el paso del tiempo, al igual que la cantidad de trabajadores involucrados y las medidas propuestas.

Una señal de alarma para la industria

En los dos años y medio de gestión de La Libertad Avanza, los PPC ya alcanzan los 458 expedientes. El volumen resulta significativo incluso frente a otros períodos de crisis: 2025 y 2026 ya superan los pedidos registrados en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando hubo 158, y se encaminan a igualar los 183 de 2018.

La comparación resulta particularmente significativa porque aquellos años estuvieron acompañados por fuertes contracciones de la actividad económica, mientras que el actual deterioro del entramado empresario se produce incluso después del rebote estadístico de 2025, cuando el PBI creció 4,4%.

El antecedente más extremo sigue siendo 2020, cuando los PPC llegaron a 498 en medio del impacto de la pandemia. Sin embargo, la velocidad que muestran los expedientes durante 2026 vuelve a encender las alarmas sobre la capacidad de las empresas para atravesar el actual escenario.

Menos empresas y una economía cada vez más frágil

El aumento de los PPC no aparece aislado. Desde noviembre de 2023, la Argentina perdió 30.633 empresas, equivalentes al 6% del total de empleadores formales, según el relevamiento mensual de Fundar.

La magnitud de la destrucción del tejido productivo convierte al período en uno de los más negativos de las últimas décadas: durante los primeros 30 meses de la actual gestión se registra, según ese relevamiento, la peor caída de la cantidad de empleadores formales para ese tramo de un gobierno.

Sólo en mayo de 2026 dejaron de existir 2.371 compañías. El retroceso acumula además 16 meses consecutivos de caída intermensual y 27 bajas interanuales seguidas.

Mientras tanto, los indicadores de actividad muestran que el crecimiento de la economía es profundamente desigual. El EMAE registró en junio una expansión interanual del 2,7%, pero buena parte del impulso provino de sectores como minería, pesca, agricultura y energía. La industria, el comercio y la construcción, actividades de mayor peso en el empleo y el mercado interno, exhiben un desempeño considerablemente más débil.

Las distintas proyecciones también anticipan una segunda mitad del año complicada. Estimaciones privadas apuntan a un crecimiento inferior al esperado inicialmente y advierten sobre el deterioro registrado durante el segundo trimestre y, particularmente, durante julio.

La otra alarma: empresas cada vez más endeudadas

A la pérdida de compañías se suma una creciente tensión financiera. El 47% de las empresas industriales tuvo dificultades para afrontar alguna de sus obligaciones financieras y un 9,2% no pudo cumplir con la totalidad de sus pagos, de acuerdo con la UIA.

La mora empresarial también se disparó. Según Equilibra, pasó del 0,7% en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de 2026, multiplicándose por cinco en menos de dos años.

En términos absolutos, las personas jurídicas en cesación de pagos aumentaron de 16.212 a casi 37.500, mientras que entre las empresas con préstamos menores a $5 millones —segmento que comprende a una amplia mayoría de las Pymes— la irregularidad llega al 9,3%.

Construcción y comercio aparecen entre los sectores con mayores niveles de mora, precisamente dos actividades que también sufren el enfriamiento de la economía.

La situación revela además un cambio en las estrategias de supervivencia empresarial. Las compañías no sólo recurren al crédito bancario: muchas están acumulando deuda impositiva y demorando pagos a proveedores para sostenerse. Dentro de la industria manufacturera, textiles y cuero presentan uno de los cuadros más delicados, con una morosidad cercana al 14,6%.

De los expedientes a los cierres: la crisis ya tiene consecuencias concretas

Los números comienzan a traducirse en decisiones empresariales concretas. En las últimas semanas se multiplicaron los anuncios de cierres de plantas, reducción de personal y abandono de la producción local.

La textil Will Der cerró su planta productiva en Las Flores y bloqueó el ingreso de 120 trabajadores en Pacheco. Unilever, por su parte, avanzó con el cierre de su fábrica de vegetales deshidratados en Mendoza y desvinculó a 60 trabajadores.

La cadena supermercadista marplatense Toledo también atraviesa una fuerte crisis laboral, mientras que Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 operarios de una de sus plantas avícolas.

En San Juan, la fabricante de galletitas Tía Maruca cerró definitivamente después de operar con apenas el 52% de su capacidad instalada. En Catamarca, Indumentaria Catamarca prepara el cierre de su planta tras reducir su plantilla de 150 trabajadores a apenas 20.

A este panorama se suma Peabody, que anunció su salida de la producción local después de 16 años y comenzó a desmantelar maquinaria para trasladar la fabricación a Paraguay, en medio de un concurso preventivo y pasivos que rondan los $40.000 millones.

Los 163 Procedimientos Preventivos de Crisis registrados en apenas siete meses son, en este contexto, mucho más que una cifra administrativa. Son una señal temprana de empresas que buscan ganar tiempo antes de aplicar suspensiones, reducir personal o abandonar definitivamente la actividad.

La combinación de PPC en ascenso, pérdida sostenida de empresas, aumento de la mora, caída de sectores clave y cierres de plantas configura un cuadro cada vez más preocupante para el entramado industrial argentino. Y el dato más inquietante es la velocidad: 2026 todavía no llegó a su último cuatrimestre y ya igualó, en sólo siete meses, todos los pedidos de crisis registrados durante 2025.