Enfurecido por la difusión de una compra multimillonaria de insumos gastronómicos de alta gama para la Quinta Presidencial, Milei activó una cacería de brujas interna para echar a los responsables de la filtración. El episodio expone la doble vara de un Gobierno que exige austeridad mientras mantiene privilegios opacos.
La narrativa del ajuste draconiano y la austeridad republicana volvió a resquebrajarse en las entrañas del poder. Tras la difusión pública de una escandalosa licitación para la compra de más de 29 toneladas de carne e insumos gastronómicos de primera calidad destinados a la residencia de Quinta de Olivos, la respuesta de Javier Milei no fue dar explicaciones a la sociedad, sino lanzar una implacable purga interna para castigar a los funcionarios y empleados sospechados de haber filtrado la información a la prensa.
El malestar en la Casa Rosada y en la residencia oficial alcanzó niveles críticos cuando los detalles del desproporcionado gasto en cortes vacunos, achuras y delicatessen salieron a la luz. Mientras el discurso oficial exige sacrificios inéditos a los jubilados, vacía los comedores comunitarios y congeló los presupuestos de las universidades aduciendo que “no hay plata”, las contrataciones del Poder Ejecutivo demuestran que la billetera estatal permanece abultada y generosa a la hora de garantizar el confort de la cúpula gobernante.
Lejos de asumir el costo político de una erogación injustificable en pleno pico de recesión social, la mesa chica del Presidente optó por el camino de la paranoia y el castigo. A través de la Secretaría General de la Presidencia, se iniciaron sumarios, revisiones de teléfonos y desplazamientos de personal en el área de intendencia de Olivos, en un desesperado intento por cerrar los canales de información que exponen las contradicciones más groseras del gabinete libertario.
Esta cacería de brujas dentro del propio aparato estatal deja al descubierto la verdadera naturaleza de la gestión: la obsesión por el blindaje mediático y el control del relato por sobre la ética pública. Mientras el Gobierno intenta tapar el sol con las manos persiguiendo empleados, la filtración de las 29 toneladas de carne deja una marca imborrable en la opinión pública, ratificando que el ajuste salvaje que pregona el oficialismo es solo para las familias trabajadoras y nunca para la casta que habita Olivos.