Alejandro Vilches presentó su renuncia indeclinable acorralado por el ajuste feroz que el Ejecutivo pretende consolidar en el Presupuesto 2027. Su portazo expone el colapso del área y la deserción de funcionarios que eligen dar un paso al costado antes que dar la cara ante las familias castigadas.
El edificio del Ministerio de Salud volvió a convertirse en el escenario de una estampida que retrata la profunda crisis institucional y moral que atraviesa el Gabinete libertario. En pleno estallido político y social por los recortes previstos para el sector en el Presupuesto 2027, el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, pegó el portazo y abandonó de manera intempestiva su cargo. La maniobra, camuflada bajo las clásicas “razones estrictamente personales”, expone la huida masiva de aquellos cuadros técnicos que prefieren ponerse a resguardo antes que seguir ejecutando el desmantelamiento de las prestaciones básicas.
La partida de Vilches no representa un hecho aislado ni casual. Ocurre en el momento de mayor tensión política con el Congreso y las organizaciones sociales, desatado por los intentos del Poder Ejecutivo de recortar las partidas presupuestarias, derogar leyes de protección y licuar el sistema de aranceles del nomenclador que sostiene a los prestadores de todo el país. Incapaz de defender el ajuste salvaje en las comisiones legislativas o de dar respuestas frente al ahogo financiero que sufren miles de familias, el ahora exfuncionario optó por el abandono de sus funciones.
El derrotero del área demuestra la absoluta falta de rumbo y sensibilidad de la gestión. Desde la intervención y posterior degradación de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la órbita de Salud, el organismo fue sometido a una parálisis administrativa deliberada: demoras en las altas de pensiones no contributivas, congelamiento de transferencias y la constante amenaza sobre las coberturas médicas. La salida de su máxima autoridad deja al desnudo un sector completamente desamparado y sin conducción oficial.
Esta nueva baja en la nómina de funcionarios confirma el patrón recurrente dentro de la administración central: frente al desgaste social y la inviabilidad de sostener un modelo que vulnera derechos fundamentales, los ejecutores del ajuste eligen retirarse en silencio. La renuncia de Vilches ratifica que la crueldad presupuestaria promovida por la Casa Rosada no solo resulta insostenible para los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también para los propios cuadros gubernamentales que huyen despavoridos de sus despachos para no asumir el costo político y social de la destrucción del Estado.