A casi tres meses de dejar la Jefatura de Gabinete, el exfuncionario continúa utilizando una Toyota SW4 del Estado que acumula más de 50 infracciones por más de $10 millones. El vehículo había sido cedido exclusivamente para los traslados oficiales del jefe de Gabinete y su comitiva.

El discurso del Gobierno contra la llamada “casta”, los privilegios de la política y el uso discrecional de los recursos públicos vuelve a chocar con una situación que involucra a uno de sus propios exfuncionarios. Manuel Adorni continúa utilizando una camioneta oficial casi tres meses después de haber dejado la Jefatura de Gabinete, pese a que el vehículo había sido cedido para los traslados oficiales del titular de esa dependencia y su comitiva.

Se trata de una Toyota SW4 modelo 2022 perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que fue cedida a la Jefatura de Gabinete en enero de 2025, cuando el área estaba encabezada por Guillermo Francos. Adorni comenzó a utilizarla durante su gestión y dejó el cargo el 27 de junio último. Sin embargo, la camioneta continúa llegando al edificio donde vive en Caballito.

La información, revelada por La Nación a partir de registros públicos, agrega un dato especialmente incómodo para una administración que hizo de la austeridad y la eliminación de privilegios una de sus principales banderas. El vehículo fue entregado para cumplir funciones oficiales, pero continúa siendo utilizado por quien ya no ocupa el cargo para el cual fue asignado.

Desde Inprotur explicaron que la autorización establecía que el Toyota debía utilizarse “exclusivamente como medio de transporte oficial del jefe de Gabinete de ministros y de su comitiva”. El organismo también señaló que, desde la cesión, la administración de la unidad quedó a cargo de la dependencia receptora y que actualmente la camioneta continúa bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

La explicación oficial agrega otra particularidad: el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, no utiliza el vehículo. Fuentes oficiales indicaron que la camioneta cumple actualmente funciones dentro del Ministerio de Seguridad, que determina su utilización. Pero el beneficiario visible continúa siendo Adorni, quien además conserva custodia oficial pese a haber abandonado el Gobierno.

Custodia, camioneta oficial y privilegios después del cargo

La continuidad de estos beneficios cobra mayor relevancia porque Adorni dejó la función pública en junio. El Ministerio de Seguridad confirmó que mantiene su custodia por su condición de exfuncionario de alto rango y explicó que ese esquema se extiende durante seis meses, con posibilidad de prorrogarse si una evaluación de riesgo considera necesaria la continuidad de la protección.

Así, casi tres meses después de su salida, Adorni mantiene custodia oficial y continúa desplazándose en un vehículo perteneciente al Estado, originalmente cedido para los traslados oficiales del jefe de Gabinete.

El caso se conoce además mientras avanza una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario. Adorni debía presentar inicialmente explicaciones sobre su evolución patrimonial el 26 de agosto, pero obtuvo una prórroga.

Una camioneta con más de $10 millones en multas

A los cuestionamientos por la continuidad del uso del vehículo se suma el historial de infracciones. Los registros consultados muestran más de 50 multas, principalmente por exceso de velocidad, por un monto superior a los $10 millones.

Actualmente figuran cuatro infracciones en la Ciudad de Buenos Aires por unos $1,8 millones y otras 27 en territorio bonaerense. Ocho de estas últimas corresponden al período posterior a la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete y representan alrededor de $1,3 millones.

El registro porteño había exhibido anteriormente una situación todavía más grave: el martes aparecían 144 infracciones asociadas al dominio, de las cuales 41 correspondían al período posterior a la salida de Adorni y superaban los $8 millones. En total, esas multas alcanzaban los $61 millones.

Posteriormente, esas 144 infracciones dejaron de figurar en la consulta pública. Según explicó La Nación, esto puede ocurrir cuando las multas son abonadas o cuando un controlador dispone su baja. Luego aparecieron cuatro infracciones porteñas vigentes, mientras que los registros bonaerenses permanecieron sin modificaciones.

Desde la Ciudad señalaron que los vehículos pertenecientes a flotas del Estado nacional deben afrontar las infracciones como cualquier otro vehículo. Inprotur, por su parte, indicó que los gastos están a cargo de la Jefatura de Gabinete, dependencia que recibió la camioneta.

El discurso contra la “casta”, frente a los privilegios propios

La situación vuelve a plantear una contradicción difícil de ignorar para una administración que llegó al poder denunciando los privilegios de la dirigencia política y prometiendo terminar con los gastos considerados innecesarios del Estado.

La pregunta que deja el caso no es solamente quién paga las multas, sino por qué un exjefe de Gabinete continúa utilizando un vehículo oficial que había sido cedido para una función que ya no desempeña.

Mientras el Gobierno sostiene que los recursos públicos deben administrarse con austeridad y cuestiona los privilegios asociados a la política, Adorni conserva beneficios estatales después de haber dejado el cargo: custodia oficial y acceso a una camioneta perteneciente a un organismo público, con un abultado historial de infracciones.

La situación vuelve a poner bajo la lupa la distancia entre la prédica contra la “casta” y la aplicación concreta de esos criterios cuando los privilegios alcanzan a dirigentes del propio oficialismo. Para una gestión que hizo de la austeridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción parte central de su identidad política, el caso exige explicaciones sobre quién autorizó la continuidad del beneficio, bajo qué fundamento y hasta cuándo seguirá utilizando recursos del Estado.

La Justicia confirmó que la expresidenta continuará cumpliendo su condena domiciliaria en su residencia del barrio porteño de Constitución, tras certificar el estricto cumplimiento de todas las condiciones impuestas. La decisión frena los intentos de los sectores más duros por endurecer su régimen de reclusión.

En el marco de la persecución judicial y política que se consolidó con la condena en la causa Vialidad, la Justicia Penal ratificó que Cristina Fernández de Kirchner continuará cumpliendo su régimen de prisión domiciliaria en su piso de la calle San José 1111. La resolución se dio a conocer luego de constatar que la exmandataria viene cumpliendo con rigor cada una de las pautas de conducta e inspecciones fijadas por los tribunales, desestimando de momento los planteos que buscaban forzar un traslado o imponer restricciones aún más gravosas.

La definición judicial cobra una relevancia estratégica en el clima de constante ebullición política que atraviesa el país. Durante los últimos meses, el domicilio de San José 1111 se transformó en un punto neurálgico de referencia para el campo popular y las organizaciones sociales, convirtiéndose en el epicentro de masivas muestras de respaldo, marchas estudiantiles y actos en denuncia de la proscripción que pesa sobre la principal referente de la oposición.

Desde los sectores más alineados con la agenda punitiva del Gobierno y las espadas judiciales de Cambiemos se habían multiplicado los reclamos para alterar las condiciones del arresto domiciliario, bajo la excusa de la alteración del orden público. Sin embargo, los informes judiciales confirmaron que no existen motivos objetivos ni incumplimientos formales que justifiquen modificar el lugar de detención, echando por tierra las pretensiones de aislamiento total que impulsaba la cúpula oficialista.

El intento por endurecer el régimen de reclusión de Fernández de Kirchner no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en la constante sobreactuación del Poder Judicial para congraciarse con el clima de época que impone la Casa Rosada. En momentos en que la gestión libertaria enfrenta un severo desgaste social e intenta acallar la protesta en las calles, la figura de la expresidenta encarcelada sigue funcionando como un factor de cohesión y resistencia frente a la política de ajuste.

La ratificación de la prisión domiciliaria en Constitución frena, al menos en forma provisoria, la embestida judicial para profundizar el confinamiento de la exjefa de Estado. Mientras la defensa avanza con las denuncias internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas por la sistemática violación de sus derechos garantías, San José 1111 se consolida como el símbolo visible del Lawfare y de la vigencia del reclamo por la restitución democrática en el país.

En un escrito surrealista presentado ante la Justicia Federal, la defensa del exjefe de Gabinete intentó argumentar que la familia guardó una fortuna en dólares bajo el colchón durante años sin tocarla ni declararla. El absurdo descargo contable busca evitar el procesamiento por enriquecimiento ilícito.

El masivo descargo contable presentado por Manuel Adorni en Comodoro Py dejó al descubierto explicaciones que rozan lo insólito en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que acorrala al exfuncionario. Para intentar justificar la aparición extemporánea de más de 600.000 dólares en efectivo y eludir la falta de trazabilidad bancaria de sus bienes, la defensa técnica arrojó una justificación que causó estupor en los tribunales: argumentó que el grupo familiar “optó por vivir como si no tuviera” semejante fortuna guardada.

La insólita frase intenta maquillar la falta de declaración oportuna ante la Oficina Anticorrupción de sumas astronómicas de dinero en efectivo. Según la versión del perito contable de Adorni, los dólares provenían de supuestos ahorros de toda la vida y de una herencia familiar que prefirieron mantener oculta y fuera del sistema financiero durante años, sin reflejarse en sus consumos diarios hasta que comenzaron las adquisiciones de propiedades de lujo, autos de alta gama e inversiones inmobiliarias en countries.

El escrito de la defensa abarca las 20 inconsistencias señaladas por la Justicia, pero lejos de llevar claridad, profundiza las sospechas sobre el origen de los fondos. La pretendida “vida de austeridad” con un colchón de 600 mil dólares choca de frente con la realidad patrimonial del exvocero, cuyo nivel de vida y capacidad de compra experimentaron un salto vertiginoso justamente a partir de su consolidación dentro de la estructura de poder de la Casa Rosada.

El expediente administrativo y judicial expone cómo el entorno de Adorni echó mano a rectificaciones sucesivas, préstamos familiares opacos y donaciones no bancarizadas para cerrar los números de su patrimonio. La maniobra contable intenta justificar el flujo de caja utilizado para refaccionar su mansión en el Country Indio Cuá y adquirir bienes registrables sin haber tributado ni declarado los activos en el momento correspondiente.

La insólita doctrina del “vivir como si no lo tuvieran” desnuda la impunidad con la que los principales referentes del discurso libertario intentan justificar sus fortunas ante la ley. Mientras el Gobierno le exige rigurosidad fiscal y privaciones extremas a la sociedad civil, sus dirigentes apelan a excusas surrealistas en la Justicia para tratar de tapar el enriquecimiento veloz construido al calor del Estado.

Alejandro Vilches presentó su renuncia indeclinable acorralado por el ajuste feroz que el Ejecutivo pretende consolidar en el Presupuesto 2027. Su portazo expone el colapso del área y la deserción de funcionarios que eligen dar un paso al costado antes que dar la cara ante las familias castigadas.

El edificio del Ministerio de Salud volvió a convertirse en el escenario de una estampida que retrata la profunda crisis institucional y moral que atraviesa el Gabinete libertario. En pleno estallido político y social por los recortes previstos para el sector en el Presupuesto 2027, el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, pegó el portazo y abandonó de manera intempestiva su cargo. La maniobra, camuflada bajo las clásicas “razones estrictamente personales”, expone la huida masiva de aquellos cuadros técnicos que prefieren ponerse a resguardo antes que seguir ejecutando el desmantelamiento de las prestaciones básicas.

La partida de Vilches no representa un hecho aislado ni casual. Ocurre en el momento de mayor tensión política con el Congreso y las organizaciones sociales, desatado por los intentos del Poder Ejecutivo de recortar las partidas presupuestarias, derogar leyes de protección y licuar el sistema de aranceles del nomenclador que sostiene a los prestadores de todo el país. Incapaz de defender el ajuste salvaje en las comisiones legislativas o de dar respuestas frente al ahogo financiero que sufren miles de familias, el ahora exfuncionario optó por el abandono de sus funciones.

El derrotero del área demuestra la absoluta falta de rumbo y sensibilidad de la gestión. Desde la intervención y posterior degradación de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la órbita de Salud, el organismo fue sometido a una parálisis administrativa deliberada: demoras en las altas de pensiones no contributivas, congelamiento de transferencias y la constante amenaza sobre las coberturas médicas. La salida de su máxima autoridad deja al desnudo un sector completamente desamparado y sin conducción oficial.

Esta nueva baja en la nómina de funcionarios confirma el patrón recurrente dentro de la administración central: frente al desgaste social y la inviabilidad de sostener un modelo que vulnera derechos fundamentales, los ejecutores del ajuste eligen retirarse en silencio. La renuncia de Vilches ratifica que la crueldad presupuestaria promovida por la Casa Rosada no solo resulta insostenible para los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también para los propios cuadros gubernamentales que huyen despavoridos de sus despachos para no asumir el costo político y social de la destrucción del Estado.

En medio del vencimiento de los plazos procesales en Comodoro Py, el exjefe de Gabinete debió presentar un masivo descargo contable para intentar justificar dólares en efectivo, mansiones en countries y compras con criptomonedas. La causa expone la opacidad financiera de la cúpula libertaria mientras pregona transparencia.

La retórica de la transparencia y la anticorrupción volvió a resquebrajarse en los tribunales de Comodoro Py. Tras el vencimiento del plazo otorgado por la Justicia Federal, la defensa de Manuel Adorni debió presentar un extenso informe técnico para intentar justificar un listado de 20 inconsistencias graves detectadas en sus declaraciones juradas. La investigación, instruida bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pone bajo la lupa un crecimiento patrimonial vertical coincidente con su paso por la función pública.

Entre los puntos más comprometedores exigidos por la fiscalía se encuentra la justificación del origen de miles de dólares estadounidenses abonados en efectivo, los cuales fueron incorporados a posteriori mediante sospechosas rectificaciones patrimoniales. A esto se le suma la adquisición y remodelación de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá por más de 245 mil dólares pagados a contratistas sin la debida trazabilidad bancaria, además de la compra de un inmueble en el barrio porteño de Caballito y el amoblamiento de lujo de sus propiedades.

El expediente judicial saca a la luz mecanismos opacos recurridos por el entorno del exfuncionario, como la utilización reiterada de prestamistas familiares y terceras personas para concretar operaciones inmobiliarias, la compra de vehículos de alta gama y el pago de gastos cotidianos de elevado nivel de vida en efectivo. Asimismo, la fiscalía puso especial énfasis en reconstruir el origen del capital utilizado para sus movimientos en plataformas de criptomonedas y las inconsistencias detectadas en sus cuentas bancarias familiares.

Lejos de la austeridad que predicaba en sus conferencias de prensa habituales, el caso Adorni desnuda un entramado de justificaciones contables forzadas que pretenden imputar el grueso del incremento de su riqueza a supuestos “ingresos exentos, herencias y donaciones” sin respaldo documental claro. Esta maniobra de enmiendas extemporáneas ante la Oficina Anticorrupción refleja un patrón sistemático dentro del Gabinete para ocultar la verdadera magnitud de sus bienes.

El avance de la causa judicial deja al descubierto la doble vara moral de una gestión que criminaliza a los sectores populares mientras sus principales figuras enfrentan serias imputaciones por delitos contra la administración pública. Con la documentación presentada por la defensa, la decisión de la Justicia determinará si el exvocero y exjefe de Gabinete es citado a declaración indagatoria, asestando un golpe directo al relato de un Gobierno que acumula escándalos de corrupción en sus propias filas.

Por Chris Soto

En un mundo donde las sombras de la guerra, la desigualdad y la injusticia parecen dominar el paisaje cotidiano, surge con fuerza un clamor que resuena en los corazones de millones: el anhelo de paz. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; es también un estado de bienestar y un compromiso profundo con la justicia social, la equidad y el respeto por la dignidad humana. En ese sentido, cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la construcción de un futuro más armonioso.

El diálogo se erige como una de las herramientas más poderosas para alcanzar esa paz anhelada. Hablar sobre aquello que nos duele, sobre las heridas que hemos infligido a nuestro entorno y a nosotros mismos, es un primer paso hacia la sanación. Es imprescindible elevar nuestras voces no solo para expresar nuestras preocupaciones, sino también para escuchar las de los demás. La empatía y la comprensión son los cimientos sobre los cuales podemos construir una nueva conciencia colectiva, en la que el bienestar del otro sea tan importante como el propio.

Es hora de que la alimentación y la educación sean reconocidas y garantizadas como derechos fundamentales. No puede haber paz en un mundo donde millones de personas pasan hambre o carecen de acceso a una educación digna. Debemos trabajar para que esos derechos alcancen a todos, sin distinción alguna. Erradicar estas injusticias constituye un paso esencial hacia una sociedad más equitativa y, por lo tanto, más pacífica.

Las guerras deberían quedar relegadas a las páginas de la historia. La experiencia nos ha demostrado que los conflictos armados dejan dolor, destrucción y profundas divisiones. Es tiempo de aprender de esos errores y fomentar una verdadera cultura de paz, en la que el diálogo, la negociación y el entendimiento sean las herramientas elegidas para resolver nuestras diferencias.

En este contexto, las palabras adquieren un poder transformador. Deben ser caricias que sanen y unan, no armas que dividan. Si hemos de escribir, hagámoslo con destinatarios claros: quienes buscan construir puentes y no muros, quienes aspiran a dejar un legado de amor, solidaridad y comprensión en lugar de rencor y odio.

Como decía el célebre cantautor chileno Víctor Jara en su canción Te recuerdo Amanda: “Te recuerdo Amanda, la calle donde vivimos, el río que pasaba por tu ventana”. Esas palabras evocan la memoria de lo cotidiano, de aquello simple y hermoso que puede ser vivir en paz. Recordemos que cada pequeño gesto cuenta y que la construcción de un mundo mejor también comienza en nuestras acciones más cercanas.

La paz es, en definitiva, un sueño colectivo que debemos perseguir con determinación y esperanza. Cada uno de nosotros puede contribuir a hacerlo realidad. Elevemos nuestras voces, abramos nuestros corazones y trabajemos juntos para que algún día podamos decir que hemos alcanzado ese ideal que la humanidad persigue desde siempre: vivir en paz.

La senadora Patricia Bullrich volvió a desafiar a Javier Milei y se negó a pedir por la reelección del libertario. En cambio, dijo que “es importante que el proyecto reelija”. Fue su forma de decir: no importa si es Milei u otro el que encarna ese “proyecto”.

“¿Cuál es la medida de triunfo de un proyecto? Que reelija ese proyecto. Ese es el paso que todavía no se dio. Macri terminó la gestión, pero no pudo reelegir. Ese es el paso importante”, remarcó Bullrich y siguió evitando hacer nombre propio. El mensaje es claro: el proyecto puede ser Milei u otro…¿La propia Bullrich?.

Luego, la senadora se refirió a esa posibilidad: “En qué lugar voy a ir o si me quedo donde estoy, no me parece que sea una discusión importante porque lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer bien el proyecto”, reiteró. “Que la gente lo sienta, que lo siga defendiendo, que sienta que le llegan los efectos de los cambios. Por eso yo siempre hablo de la necesidad de generar una velocidad para que la sociedad lo sienta”, continuó.

Mientras, el ministro de Economía, Luis Caputo, habla de “hacer lo mismo que hace China”, una potencia industrial, la realidad volvió a mostrar que va por un camino diferente. En agosto, la actividad metalúrgica profundizó su caída y registró una contracción de 6,1% interanual y de 3,9% frente a julio, mientras que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar.

Los datos surgen del último Informe Mensual de Actividad elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Con el resultado de agosto, la actividad acumula una caída de 5,6% en lo que va de 2026.

Esa caída brutal, récord, se da mientras el gobierno de Javier Milei asegura estar haciendo “lo mismo que China”, un país que desde hace 40 años aplica políticas industriales claras que volvieron al país una potencia industrial en general y metalúrgica en particular. De hecho, el gobierno chino aplica subsidios millonarios a su producción industrial, política que es mala palabra para los libertarios.

Uno de los datos que refleja con mayor claridad el deterioro del sector es el uso de la capacidad instalada, que cayó al 39,6%, con una contracción de 5,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado.

Según ADIMRA, se trata de uno de los niveles más bajos en términos históricos y resulta comparable con los registrados a la salida de la pandemia en 2020. En términos prácticos, implica que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecen sin utilizar.

El 10 de agosto pasado, el fiscal Gerardo Pollicita exigió a Adorni que justifique su patrimonio como parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y luego de haber detectado inconsistencias por 43 millones en pesos argentinos y USD 400.000.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó en la mañana de este lunes, casi tres meses después de dejar el Gobierno, un escrito para justificar su evolución patrimonial durante el tiempo que estuvo en la gestión pública. Según indicó en la documentación, que ahora cotejará la Justicia, no hubo enriquecimiento ilícito y todos los gastos realizados tienen «sustento razonable» porque derivan de ahorros previos.

El ex funcionario entregó un documento de 77 páginas en el que sostuvo que su evolución patrimonial entre diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 “encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”.

El también ex vocero presidencial presentó el escrito para responder a los 20 puntos del requerimiento de justificación de su patrimonio que había impulsado el fiscal federal Gerardo Pollicita, donde se advertían desfasajes entre el ingreso familiar constatado y los gastos efectuados.

El 10 de agosto pasado, el fiscal Pollicita exigió a Adorni que justifique su patrimonio como parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y luego de haber detectado inconsistencias por 43 millones en pesos argentinos y USD 400.000.

Tal lo había manifestado en las últimas entrevistas que brindó estando en el cargo, Adorni indicó en el escrito que los dólares utilizados provinieron de la liquidación de bitcoin entre 2017 y 2018. Sostuvo que ocho billeteras le generaron USD 591.544,61 y que sus claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial. Según el abogado defensor del ex funcionario, Matías Ledesma, dichas direcciones registraron movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, aunque actualmente ya no conservan saldos.

En un multitudinario acto en Avellaneda, Axel Kicillof dio un paso decisivo en la construcción de su proyecto nacional y dejó un mensaje de cara a 2027. Reivindicó a Cristina Kirchner, cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei y llamó a construir una alternativa amplia capaz de enfrentar al modelo libertario.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dio este sábado un paso decisivo en su proyección nacional. Ante una multitud que los organizadores estimaron en 30 mil personas, el gobernador bonaerense encabezó en Avellaneda el lanzamiento nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y pronunció un discurso que funcionó como una presentación de su proyecto político con miras a 2027.

“Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa”, afirmó Kicillof, en una de las definiciones más fuertes de la jornada. La frase, acompañada por los cánticos de “Axel presidente”, marcó el tono de un acto que buscó mostrar al gobernador como una figura con voluntad de disputar el rumbo nacional.

El mandatario bonaerense combinó su lanzamiento con una fuerte reivindicación de Cristina Kirchner, en un gesto destinado a mantener un puente con el electorado kirchnerista. “El pueblo vivía mejor con Cristina, está injustamente presa”, sostuvo, y también reivindicó las experiencias de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y la propia expresidenta: “El pueblo vivía mejor con Perón, con Néstor y Cristina”.

La señal hacia Cristina convivió con una definición sobre la necesidad de construir una nueva etapa política. “Construir algo nuevo no significa renegar de nuestra historia e identidad política”, planteó Kicillof, buscando presentar su proyecto como una continuidad con identidad propia y, al mismo tiempo, con capacidad para ampliar sus fronteras.

Hay otro camino. Nos pusimos en movimiento para construirlo 🇦🇷 pic.twitter.com/AEAZqxYrOv

— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 20, 2026

Un discurso frontal contra Milei

Uno de los principales ejes del discurso fue la confrontación con el modelo libertario. Kicillof se presentó como una alternativa frente al rumbo económico y político del Gobierno nacional y lanzó una de sus definiciones más contundentes: “Milei no está ordenando la Argentina, la está desintegrando”.

El gobernador cuestionó especialmente el impacto social del ajuste y puso el foco en las consecuencias sobre las familias y la actividad económica. “No hay orden si los hogares están tapados de deuda, si los comercios están vacíos”, afirmó.

También volvió a denunciar el impacto de las políticas nacionales sobre la provincia de Buenos Aires y aseguró que “Milei le robó a la provincia 28 millones de millones”, en referencia a los recursos que, según planteó, dejaron de llegar al territorio bonaerense.

En ese marco, caracterizó al Gobierno nacional como “entreguista e insensible” y planteó una disputa de fondo por el modelo de país. El mensaje buscó instalar una contraposición clara entre el proyecto libertario y la alternativa que pretende encabezar.

“Con el peronismo solo no nos va a alcanzar”

Kicillof también dejó una definición estratégica sobre la construcción electoral que imagina para enfrentar a Milei. “El peronismo tiene que ser la columna vertebral de la construcción que se viene, pero con el peronismo solo no nos va a alcanzar”, sostuvo.

La frase apunta a una construcción política más amplia, capaz de incorporar sectores que excedan al peronismo y sumar a dirigentes y espacios críticos del Gobierno nacional.

Para Kicillof, la construcción de esa alternativa no puede quedar reducida a un acuerdo entre dirigentes. “La nueva mayoría no va a surgir por arte de magia, de una negociación secreta entre dirigentes, de un acuerdo de las cúpulas ni de una rosca a espaldas de la sociedad”, afirmó.

Y reforzó esa idea con otra definición de alto contenido político: “Las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo para arriba”. La frase abrió una nueva tanda de cánticos de “Axel Presidente” y funcionó como una síntesis de la identidad que busca darle a su armado.

“La alternativa a Milei tiene que despertar expectativas”

El gobernador bonaerense planteó que la oposición al Gobierno nacional no puede construirse únicamente desde el rechazo. “La alternativa a Milei no puede estar basada en el odio o la nostalgia, tiene que despertar expectativas”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que las condiciones actuales son diferentes a las de otras etapas políticas: “Las circunstancias son distintas, Argentina cambió, el mundo cambió, no alcanza con repetir una experiencia”.

El planteo busca instalar a Kicillof no solamente como un dirigente opositor al Gobierno de Milei, sino como parte de un proyecto destinado a disputar el futuro del país.

“Acá se respira algo nuevo, algo que está creciendo y organizando”, afirmó ante la multitud reunida en Avellaneda.

Con un discurso que combinó reivindicación histórica, crítica frontal al Gobierno nacional y convocatoria a construir una nueva mayoría, Kicillof dio un paso central en su instalación presidencial y dejó en claro que pretende disputar el escenario nacional de 2027. Su mensaje fue acompañado por una señal hacia Cristina Kirchner, pero también por la decisión de construir una alternativa con identidad propia y una base política más amplia.