A casi tres meses de dejar la Jefatura de Gabinete, el exfuncionario continúa utilizando una Toyota SW4 del Estado que acumula más de 50 infracciones por más de $10 millones. El vehículo había sido cedido exclusivamente para los traslados oficiales del jefe de Gabinete y su comitiva.
El discurso del Gobierno contra la llamada “casta”, los privilegios de la política y el uso discrecional de los recursos públicos vuelve a chocar con una situación que involucra a uno de sus propios exfuncionarios. Manuel Adorni continúa utilizando una camioneta oficial casi tres meses después de haber dejado la Jefatura de Gabinete, pese a que el vehículo había sido cedido para los traslados oficiales del titular de esa dependencia y su comitiva.
Se trata de una Toyota SW4 modelo 2022 perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que fue cedida a la Jefatura de Gabinete en enero de 2025, cuando el área estaba encabezada por Guillermo Francos. Adorni comenzó a utilizarla durante su gestión y dejó el cargo el 27 de junio último. Sin embargo, la camioneta continúa llegando al edificio donde vive en Caballito.
La información, revelada por La Nación a partir de registros públicos, agrega un dato especialmente incómodo para una administración que hizo de la austeridad y la eliminación de privilegios una de sus principales banderas. El vehículo fue entregado para cumplir funciones oficiales, pero continúa siendo utilizado por quien ya no ocupa el cargo para el cual fue asignado.
Desde Inprotur explicaron que la autorización establecía que el Toyota debía utilizarse “exclusivamente como medio de transporte oficial del jefe de Gabinete de ministros y de su comitiva”. El organismo también señaló que, desde la cesión, la administración de la unidad quedó a cargo de la dependencia receptora y que actualmente la camioneta continúa bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La explicación oficial agrega otra particularidad: el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, no utiliza el vehículo. Fuentes oficiales indicaron que la camioneta cumple actualmente funciones dentro del Ministerio de Seguridad, que determina su utilización. Pero el beneficiario visible continúa siendo Adorni, quien además conserva custodia oficial pese a haber abandonado el Gobierno.
Custodia, camioneta oficial y privilegios después del cargo
La continuidad de estos beneficios cobra mayor relevancia porque Adorni dejó la función pública en junio. El Ministerio de Seguridad confirmó que mantiene su custodia por su condición de exfuncionario de alto rango y explicó que ese esquema se extiende durante seis meses, con posibilidad de prorrogarse si una evaluación de riesgo considera necesaria la continuidad de la protección.
Así, casi tres meses después de su salida, Adorni mantiene custodia oficial y continúa desplazándose en un vehículo perteneciente al Estado, originalmente cedido para los traslados oficiales del jefe de Gabinete.
El caso se conoce además mientras avanza una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario. Adorni debía presentar inicialmente explicaciones sobre su evolución patrimonial el 26 de agosto, pero obtuvo una prórroga.
Una camioneta con más de $10 millones en multas
A los cuestionamientos por la continuidad del uso del vehículo se suma el historial de infracciones. Los registros consultados muestran más de 50 multas, principalmente por exceso de velocidad, por un monto superior a los $10 millones.
Actualmente figuran cuatro infracciones en la Ciudad de Buenos Aires por unos $1,8 millones y otras 27 en territorio bonaerense. Ocho de estas últimas corresponden al período posterior a la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete y representan alrededor de $1,3 millones.
El registro porteño había exhibido anteriormente una situación todavía más grave: el martes aparecían 144 infracciones asociadas al dominio, de las cuales 41 correspondían al período posterior a la salida de Adorni y superaban los $8 millones. En total, esas multas alcanzaban los $61 millones.
Posteriormente, esas 144 infracciones dejaron de figurar en la consulta pública. Según explicó La Nación, esto puede ocurrir cuando las multas son abonadas o cuando un controlador dispone su baja. Luego aparecieron cuatro infracciones porteñas vigentes, mientras que los registros bonaerenses permanecieron sin modificaciones.
Desde la Ciudad señalaron que los vehículos pertenecientes a flotas del Estado nacional deben afrontar las infracciones como cualquier otro vehículo. Inprotur, por su parte, indicó que los gastos están a cargo de la Jefatura de Gabinete, dependencia que recibió la camioneta.
El discurso contra la “casta”, frente a los privilegios propios
La situación vuelve a plantear una contradicción difícil de ignorar para una administración que llegó al poder denunciando los privilegios de la dirigencia política y prometiendo terminar con los gastos considerados innecesarios del Estado.
La pregunta que deja el caso no es solamente quién paga las multas, sino por qué un exjefe de Gabinete continúa utilizando un vehículo oficial que había sido cedido para una función que ya no desempeña.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos públicos deben administrarse con austeridad y cuestiona los privilegios asociados a la política, Adorni conserva beneficios estatales después de haber dejado el cargo: custodia oficial y acceso a una camioneta perteneciente a un organismo público, con un abultado historial de infracciones.
La situación vuelve a poner bajo la lupa la distancia entre la prédica contra la “casta” y la aplicación concreta de esos criterios cuando los privilegios alcanzan a dirigentes del propio oficialismo. Para una gestión que hizo de la austeridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción parte central de su identidad política, el caso exige explicaciones sobre quién autorizó la continuidad del beneficio, bajo qué fundamento y hasta cuándo seguirá utilizando recursos del Estado.