En una aclaratoria clave, el Máximo Tribunal precisó que cualquier ciudadano o entidad legitimada puede interponer medidas cautelares para suspender la derogación de la norma. El pronunciamiento desmiente el triunfo que festejaba la Casa Rosada y mantiene en pie el freno a la extranjerización de los recursos nacionales.
El intento del Poder Ejecutivo por rematar el territorio nacional y habilitar la compra indiscriminada de tierras en manos de capitales extranjeros chocó de frente con una severa aclaración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante las interpretaciones interesadas del oficialismo sobre un fallo reciente, el Máximo Tribunal remarcó de manera tajante que no se pronunció sobre el fondo de la constitucionalidad del DNU 70/23 y dejó en claro que cualquier persona afectada o entidad representativa está plenamente habilitada para solicitar medidas cautelares que dejen sin efecto la derogación de la Ley de Tierras.
El pronunciamiento de la Corte desarma el relato triunfalista impulsado por el Gabinete libertario, que buscaba instalar la idea de que la normativa proteccionista había quedado definitivamente pulverizada. Los jueces supremos precisaron que el rechazo a un planteo presentado por una asociación civil obedeció a cuestiones de legitimación procesal específicas del caso, pero no convalida la validez técnica ni jurídica del decreto de desregulación ambiental y territorial emitido por Javier Milei.
La aclaración judicial cobra una relevancia estratégica para las provincias y las comunidades que custodian los recursos naturales estratégicos del país. Al dejar abierta la vía para que productores, legisladores, organizaciones sociales y dueños de tierras presenten recursos de amparo en sus distritos, el tribunal abre un abanico de frenos judiciales en todo el territorio nacional contra el intento de extranjerizar miles de hectáreas en zonas de frontera y reservas hídricas.
El derrotero del DNU expone la fragilidad de la estrategia normativa de Balcarce 50, volcada a imponer medidas de impacto regresivo mediante decretos de necesidad y urgencia que bordean la inconstitucionalidad. La ambición por complacer los intereses de fondos de inversión internacionales para la entrega de la soberanía territorial vuelve a encontrar escollos legales imposibles de saltear con simple propaganda en redes sociales.
Este nuevo episodio procesal mantiene en estado de alerta a los defensores de los bienes comunes e interrumpe las aspiraciones de la Casa Rosada para liberar el mercado inmobiliario rural. La vigencia potencial de las cautelares demuestra que el andamiaje legal de entrega del patrimonio nacional sigue siendo altamente vulnerable ante la Justicia, en momentos en que la resistencia social frente a las políticas de desguace del Estado gana intensidad en todo el país.