En una aclaratoria clave, el Máximo Tribunal precisó que cualquier ciudadano o entidad legitimada puede interponer medidas cautelares para suspender la derogación de la norma. El pronunciamiento desmiente el triunfo que festejaba la Casa Rosada y mantiene en pie el freno a la extranjerización de los recursos nacionales.

El intento del Poder Ejecutivo por rematar el territorio nacional y habilitar la compra indiscriminada de tierras en manos de capitales extranjeros chocó de frente con una severa aclaración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante las interpretaciones interesadas del oficialismo sobre un fallo reciente, el Máximo Tribunal remarcó de manera tajante que no se pronunció sobre el fondo de la constitucionalidad del DNU 70/23 y dejó en claro que cualquier persona afectada o entidad representativa está plenamente habilitada para solicitar medidas cautelares que dejen sin efecto la derogación de la Ley de Tierras.

El pronunciamiento de la Corte desarma el relato triunfalista impulsado por el Gabinete libertario, que buscaba instalar la idea de que la normativa proteccionista había quedado definitivamente pulverizada. Los jueces supremos precisaron que el rechazo a un planteo presentado por una asociación civil obedeció a cuestiones de legitimación procesal específicas del caso, pero no convalida la validez técnica ni jurídica del decreto de desregulación ambiental y territorial emitido por Javier Milei.

La aclaración judicial cobra una relevancia estratégica para las provincias y las comunidades que custodian los recursos naturales estratégicos del país. Al dejar abierta la vía para que productores, legisladores, organizaciones sociales y dueños de tierras presenten recursos de amparo en sus distritos, el tribunal abre un abanico de frenos judiciales en todo el territorio nacional contra el intento de extranjerizar miles de hectáreas en zonas de frontera y reservas hídricas.

El derrotero del DNU expone la fragilidad de la estrategia normativa de Balcarce 50, volcada a imponer medidas de impacto regresivo mediante decretos de necesidad y urgencia que bordean la inconstitucionalidad. La ambición por complacer los intereses de fondos de inversión internacionales para la entrega de la soberanía territorial vuelve a encontrar escollos legales imposibles de saltear con simple propaganda en redes sociales.

Este nuevo episodio procesal mantiene en estado de alerta a los defensores de los bienes comunes e interrumpe las aspiraciones de la Casa Rosada para liberar el mercado inmobiliario rural. La vigencia potencial de las cautelares demuestra que el andamiaje legal de entrega del patrimonio nacional sigue siendo altamente vulnerable ante la Justicia, en momentos en que la resistencia social frente a las políticas de desguace del Estado gana intensidad en todo el país.

La jueza federal de Nueva York archivó la presentación colectiva impulsada por los estafados tras la caída de la criptomonedas promovida por el entorno libertario. Un desenlace que consolida la protección sobre los operadores financieros vinculados a la Casa Rosada.

La megacausa por la estafa del token $LIBRA sumó un nuevo y escandaloso capítulo de impunidad. La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, decidió desestimar la demanda colectiva iniciada por miles de inversores perjudicados tras el estrepitoso desplome del activo digital, cerrando definitivamente el expediente en la jurisdicción estadounidense que involucraba al principal promotor de la maniobra, el creador del token Hayden Mark Davis.

El fallo se fundamentó en un artilugio técnico procesal: al ser removido del expediente el único demandante con residencia en el estado de Nueva York, la magistrada consideró que el tribunal no contaba con la competencia jurisdiccional necesaria para continuar el litigio. Con esta resolución, la Justicia norteamericana tiró por la borda la demanda masiva, dejando desamparadas a las víctimas que perdieron sus ahorros confiando en la moneda virtual promovida en redes sociales.

El cierre de la investigación en tribunales neoyorquinos representa un salvavidas providencial para el entramado financiero que rodea al oficialismo libertario. La figura de Hayden Davis cobró relevancia pública por su estrecho vínculo con el ecosistema de propaganda y los operadores digitales alineados a la Casa Rosada, quienes utilizaron la imagen presidencial y el discurso del “libre mercado” para empujar la adopción de un esquema que terminó en un desfalco multimillonario.

A pesar del cierre de la causa en Estados Unidos, la sombra de la estafa con criptomonedas continúa sobre los despachos oficiales. En la Argentina, el derrotero judicial del caso sigue sumando cuestionamientos por el escaso avance de los fiscales para determinar las responsabilidades locales de los influencers y funcionarios que patrocinaron y le dieron aire mediático a $LIBRA antes del colapso.

Este fallo en los tribunales neoyorquinos expone, una vez más, los límites de la Justicia ante las maniobras del capital especulativo. Mientras los cerebros detrás de la arquitectura del token esquivan la acción judicial amparándose en tecnicismos de jurisdicción, miles de pequeños ahorristas deben asimilar las pérdidas de una estafa montada sobre el discurso de la especulación financiera sin límites que impulsa el propio Gobierno.

El New York Times reveló que el estratega digital del gobierno de Javier Milei se enamoró de una influencer hecha con inteligencia artificial. El delirio mileista ya es total.

Habitual difusor de mensajes de odio contra el periodismo, Santiago Oría fue ridiculizado por el diario más importante del mundo en una nota titulada “Javier Milei promociona a Argentina como un refugio sin reglas para la IA”.

La falta de reglas para el avance de la IA es tal, que el estratega sucumbió ante los encantos de “Lucía Libertaria”, una influencer concebida con inteligencia artificial. Delirante.

“Es inteligente, es relinda”, había dicho Oría sobre la Lucía, que todavía no tiene la capacidad de corresponder ese cariño, al menos en las últimas actualizaciones de los principales motores de IA que, más temprano que tarde, encontrarán la forma de amar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un presunto fraude contra la Administración Pública a partir de la designación de Daniel Neira como gerente de Contabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), luego de que el funcionario cobrara una liquidación de $109.781.999,73 por su desvinculación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Según el sindicato, Neira fue notificado de la rescisión de su vínculo con el Enacom el 24 de julio y el 31 de ese mes percibió la millonaria liquidación, mientras que al día siguiente, 1 de agosto, fue presentado en el INTA con un salario superior a los $5 millones. Los trámites para su designación en el organismo agropecuario, sin embargo, habían comenzado el 1 de julio, 23 días antes de la notificación formal de su salida del Enacom.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la operación y sostuvo que se trata de “maniobras dolosas mediante las cuales se apoderan de los recursos públicos”. “¿Cómo se entiende que desde el Estado le paguen más de $100 millones a una persona y al otro día la recontraten con un sueldo millonario?”, planteó el dirigente. De acuerdo con la información difundida por el sindicato, la liquidación abonada por el Enacom incluyó conceptos vinculados con antigüedad, preaviso y vacaciones no gozadas, mientras que Neira pasó al INTA sin un período de desocupación entre ambos organismos estatales.

ATE sostiene que el caso requiere una investigación para determinar quién impulsó la incorporación de Neira al INTA y bajo qué condiciones. El sindicato cuestiona especialmente que, mientras el Gobierno promueve retiros voluntarios en la Administración Pública, el funcionario haya accedido a un Nivel 11, Categoría 27, con una remuneración superior a los $5 millones, frente a salarios netos promedio que, según ATE, se ubican entre $800.000 y $1.500.000 en el organismo. Para la organización gremial, el hecho resulta particularmente cuestionable porque se trata de organismos que forman parte del mismo Estado y los trámites para su designación en el INTA comenzaron antes de que se formalizara su desvinculación del Enacom.

El sindicato reclamó al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, la convocatoria urgente de la Comisión Directiva para revisar y eventualmente anular la designación. Además, ATE planteó que la incorporación podría vulnerar disposiciones de la Ley de Empleo Público, su decreto reglamentario 1421/2002 y normas de procedimiento administrativo, y mencionó el artículo 174 del Código Penal, referido a delitos contra la Administración Pública. Aguiar advirtió que, si no se adoptan medidas, el gremio podría impulsar una medida de fuerza para denunciar lo que considera irregularidades en distintos organismos estatales. “Tenemos que ponerle un freno antes de que terminen de fundir todos los organismos y saquear el erario público”, afirmó.