Una de las principales medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que un remolcador paraguayo chocara contra las estructuras de protección del puente General Manuel Belgrano, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes.
El accidente ocurrió cuando el remolcador Tío Jan, que trasladaba cinco barcazas, impactó contra la defensa flotante del puente. El choque desplazó parte de la infraestructura de protección, rompió el amarre del convoy y dejó a las barcazas a la deriva, generando una situación de riesgo en un punto estratégico de la navegación sobre el río Paraná.
El episodio adquiere especial relevancia porque se produjo poco después de que el Gobierno flexibilizara las normas para la navegación comercial en aguas argentinas mediante el Decreto 690/2026, una reforma impulsada por Sturzenegger que modificó el régimen de practicaje y pilotaje.
La reforma eliminó o flexibilizó restricciones que el Gobierno consideraba obsoletas, entre ellas algunas vinculadas con las dimensiones de los convoyes y con la obligatoriedad de contar con prácticos. El argumento oficial fue reducir regulaciones, agilizar la navegación y bajar los costos de la actividad comercial.
Pero ahora, tras el accidente, Prefectura Naval volvió a establecer límites para los convoyes que atraviesan la zona del puente: 180 metros de eslora y 50 metros de manga. Es decir, una de las restricciones que habían sido flexibilizadas vuelve a aparecer después de un incidente que puso en riesgo infraestructura estratégica.
"Hay un negocito" dijo Sturzenegger en junio y eliminó las dimensiones exigidas para los convoy de barcazas que bajan desde Paraguay por el río Paraná. Tres meses después: un convoy de barcazas paraguayas se lleva puesto parte del puente General Belgrano a la altura de Corrientes. ¿Quién va a pagar los daños? La desregulación de Sturzenegger pone en riesgo la vida de los argentinos y te carga el costo a vos. PD: hoy, domingo 4 de octubre, la prefectura volvió a restringir las dimensiones máximas permitidas…¿no es que era un “negocito”? Burros, bestias e irresponsables. @fedesturze te menciono a ver si tenés alguna respuesta para dar.
— Julia Strada (@Juli_Strada) October 4, 2026
La secuencia vuelve a encender las alarmas sobre los efectos concretos de una política que busca eliminar controles y restricciones en nombre de la desregulación. El interrogante no es menor: si esas limitaciones eran consideradas innecesarias, ¿por qué Prefectura decidió reinstalarlas precisamente después del choque?
El antecedente inmediato tampoco había sido sencillo para el Gobierno. En agosto, la flexibilización del régimen de practicaje provocó un fuerte conflicto con los profesionales del sector, que paralizó durante varios días la actividad y afectó el movimiento de buques en distintos puntos del país.
Ante la gravedad del conflicto, el Ejecutivo suspendió temporalmente la aplicación del Decreto 690 y abrió una mesa de trabajo para discutir un nuevo esquema regulatorio. También acordó una reducción del 20% en las tarifas del practicaje.
Ahora, el incidente en el puente General Belgrano vuelve a colocar bajo escrutinio el criterio con el que el Gobierno está llevando adelante su programa de desregulación. La reducción de controles puede significar menores costos para determinados sectores, pero también plantea interrogantes cuando se aplica sobre actividades que involucran seguridad, infraestructura estratégica y circulación de grandes convoyes.
La responsabilidad directa por el choque corresponde al remolcador que impactó contra las defensas y deberá ser determinada con precisión por las investigaciones correspondientes. Pero el episodio abre otra discusión: si la flexibilización de las reglas modificó los márgenes de seguridad de la navegación y si las restricciones que Prefectura acaba de reinstalar deberían haber continuado vigentes.
La imagen resulta difícil de ignorar: primero se flexibilizan las reglas; después ocurre un accidente; y finalmente el Estado vuelve a imponer límites en el mismo punto donde había reducido las restricciones. Esa secuencia vuelve a poner en debate hasta dónde puede avanzar la motosierra regulatoria cuando están en juego la seguridad y la protección de infraestructura crítica.