La Justicia declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno de Javier Milei a pagar de “inmediato” a las universidades, pero apelará el fallo.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025. Sin embargo, la gestión libertaria se niega a aceptar el fallo y seguir con el ajuste sobre las universidades.

De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

Con la apelación, el gobierno busca dilatar los tiempos para no cumplir con la normativa y no pagar para sostener el superávit fiscal. Sobre el impacto fiscal, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el texto sancionado equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde mensualmente el Banco Central argentino informó que Argentina está en recesión. Hasta hace unas semanas habían dicho lo contrario pero la realidad se impuso. Ya ni los bancos pueden negar que el modelo económico de Javier Milei no funciona.

Ahora, las 33 consultoras y centros de investigación y las 11 entidades financieras que integran el panel estimaron que el PIB desestacionalizado se contrajo 1% durante el tercer trimestre. 

Es una revisión de 2,1 puntos porcentuales respecto del REM anterior. Para todo 2026 redujeron la expansión prevista, hasta apenas 1,5%. El Top 10 de pronosticadores que más aciertan fue más pesimista: bajó su cálculo un punto y ahora espera apenas 1,2%, pero en una tendencia hacia la recesión a medida que avanza el año. ¿Y ahora?

Una de las principales medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que un remolcador paraguayo chocara contra las estructuras de protección del puente General Manuel Belgrano, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes.

El accidente ocurrió cuando el remolcador Tío Jan, que trasladaba cinco barcazas, impactó contra la defensa flotante del puente. El choque desplazó parte de la infraestructura de protección, rompió el amarre del convoy y dejó a las barcazas a la deriva, generando una situación de riesgo en un punto estratégico de la navegación sobre el río Paraná.

El episodio adquiere especial relevancia porque se produjo poco después de que el Gobierno flexibilizara las normas para la navegación comercial en aguas argentinas mediante el Decreto 690/2026, una reforma impulsada por Sturzenegger que modificó el régimen de practicaje y pilotaje.

La reforma eliminó o flexibilizó restricciones que el Gobierno consideraba obsoletas, entre ellas algunas vinculadas con las dimensiones de los convoyes y con la obligatoriedad de contar con prácticos. El argumento oficial fue reducir regulaciones, agilizar la navegación y bajar los costos de la actividad comercial.

Pero ahora, tras el accidente, Prefectura Naval volvió a establecer límites para los convoyes que atraviesan la zona del puente: 180 metros de eslora y 50 metros de manga. Es decir, una de las restricciones que habían sido flexibilizadas vuelve a aparecer después de un incidente que puso en riesgo infraestructura estratégica.

"Hay un negocito" dijo Sturzenegger en junio y eliminó las dimensiones exigidas para los convoy de barcazas que bajan desde Paraguay por el río Paraná. Tres meses después: un convoy de barcazas paraguayas se lleva puesto parte del puente General Belgrano a la altura de Corrientes. ¿Quién va a pagar los daños? La desregulación de Sturzenegger pone en riesgo la vida de los argentinos y te carga el costo a vos. PD: hoy, domingo 4 de octubre, la prefectura volvió a restringir las dimensiones máximas permitidas…¿no es que era un “negocito”? Burros, bestias e irresponsables. @fedesturze te menciono a ver si tenés alguna respuesta para dar.

— Julia Strada (@Juli_Strada) October 4, 2026

La secuencia vuelve a encender las alarmas sobre los efectos concretos de una política que busca eliminar controles y restricciones en nombre de la desregulación. El interrogante no es menor: si esas limitaciones eran consideradas innecesarias, ¿por qué Prefectura decidió reinstalarlas precisamente después del choque?

El antecedente inmediato tampoco había sido sencillo para el Gobierno. En agosto, la flexibilización del régimen de practicaje provocó un fuerte conflicto con los profesionales del sector, que paralizó durante varios días la actividad y afectó el movimiento de buques en distintos puntos del país.

Ante la gravedad del conflicto, el Ejecutivo suspendió temporalmente la aplicación del Decreto 690 y abrió una mesa de trabajo para discutir un nuevo esquema regulatorio. También acordó una reducción del 20% en las tarifas del practicaje.

Ahora, el incidente en el puente General Belgrano vuelve a colocar bajo escrutinio el criterio con el que el Gobierno está llevando adelante su programa de desregulación. La reducción de controles puede significar menores costos para determinados sectores, pero también plantea interrogantes cuando se aplica sobre actividades que involucran seguridad, infraestructura estratégica y circulación de grandes convoyes.

La responsabilidad directa por el choque corresponde al remolcador que impactó contra las defensas y deberá ser determinada con precisión por las investigaciones correspondientes. Pero el episodio abre otra discusión: si la flexibilización de las reglas modificó los márgenes de seguridad de la navegación y si las restricciones que Prefectura acaba de reinstalar deberían haber continuado vigentes.

La imagen resulta difícil de ignorar: primero se flexibilizan las reglas; después ocurre un accidente; y finalmente el Estado vuelve a imponer límites en el mismo punto donde había reducido las restricciones. Esa secuencia vuelve a poner en debate hasta dónde puede avanzar la motosierra regulatoria cuando están en juego la seguridad y la protección de infraestructura crítica.

La inflación volvió a tomar impulso en septiembre y puso en tensión el discurso oficial de estabilización de la economía. El índice alcanzó el 2,1%, por encima del 1,8% registrado en agosto, mientras la Canasta Básica Total ya trepó a $2.076.505 y la Canasta Básica Alimentaria superó los $1,13 millones.

El dato surge del nuevo Informe Económico y Social del IETSE correspondiente a septiembre de 2026 y marca una interrupción de la desaceleración observada en los meses anteriores. La inflación acumulada durante 2026 alcanza el 24%, mientras que la variación interanual llega al 32,8%.

El repunte inflacionario adquiere especial relevancia frente al discurso oficial que viene destacando la estabilización de las principales variables económicas. Sin embargo, los datos relevados muestran que la presión sobre los precios persiste y continúa impactando directamente sobre los ingresos y las condiciones de vida de los hogares.

Una canasta básica que ya supera los $2 millones

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó los $2.076.505, el ingreso mínimo que necesita el hogar de referencia para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

A su vez, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) llegó a $1.130.236, estableciendo el umbral de ingresos necesario para superar la línea de indigencia.

Los valores muestran la magnitud del esfuerzo que deben realizar los hogares para sostener consumos considerados esenciales, en un escenario en el que los precios continúan avanzando y el poder de compra enfrenta crecientes dificultades.

El consumo se desploma y las compras de alimentos se resienten

El deterioro también aparece con claridad en las ventas de los comercios minoristas de proximidad. Según el IETSE, las ventas en volumen de alimentos y bebidas cayeron 8,3% interanual en septiembre, un retroceso que el informe vincula con las dificultades que atraviesan los hogares para sostener sus niveles de consumo.

La situación también golpea a los propios comerciantes. Consultados sobre cuánto tiempo consideran que podrían sostener su actividad, el 34,7% respondió que podría hacerlo durante un año o menos:

• Más de 12 meses: 65,3%
• Entre 6 y 12 meses: 18,6%
• Entre 3 y 6 meses: 10,2%
• Menos de 3 meses: 5,9%

Cada vez menos margen para afrontar una emergencia

El deterioro de los ingresos también queda reflejado en la situación financiera de los hogares. El 28,5% tuvo que pedir dinero para afrontar gastos básicos, mientras que la capacidad para resistir una interrupción de los ingresos aparece severamente limitada.

Ante una pérdida o interrupción de sus ingresos, el 61,3% de los hogares podría sostenerse menos de una semana. Otro 32,7% podría hacerlo entre una semana y un mes.

El margen de maniobra, por lo tanto, es reducido: para una amplia mayoría de las familias, cualquier imprevisto puede convertirse rápidamente en un problema para cubrir las necesidades esenciales.

La comida, cada vez más condicionada por la falta de dinero

El informe expone además un escenario crítico en materia alimentaria. Apenas el 42,4% de los hogares accede plenamente a los alimentos que necesita, mientras que el 57,6% restante enfrenta algún tipo de dificultad o restricción.

La situación resulta todavía más preocupante en los hogares con menores. En septiembre, el 28,6% informó que algún niño, niña o adolescente tuvo que reducir la cantidad de comida por falta de dinero.

Entre los adultos, el 39,1% de los hogares señaló que algún integrante redujo voluntariamente lo que comió para que los alimentos alcanzaran para el resto de la familia.

Fiado, tarjeta y préstamos para llegar a fin de mes

Ante la insuficiencia de los ingresos, el endeudamiento y el financiamiento cotidiano aparecen como mecanismos cada vez más utilizados para sostener la alimentación.

El 38,4% de los hogares recurrió al fiado, el 36,5% utilizó tarjetas de crédito y el 13,9% tomó préstamos para comprar alimentos.

En conjunto, el 88,8% de los hogares utilizó alguna modalidad de financiamiento para acceder a la comida, un dato que refleja el estrecho margen con el que muchas familias afrontan sus gastos cotidianos.

Así, mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en la estabilización y la recuperación, los indicadores relevados por el IETSE muestran otra dimensión de la economía: la inflación volvió a acelerarse, la canasta básica ya supera los $2 millones, el consumo de alimentos se contrajo y millones de hogares deben recurrir al crédito, al fiado o a reducir su alimentación para poder sostenerse.