Los informes detectaron contrataciones por fuera de los mecanismos legales, medicamentos con diferencias millonarias de precios y graves fallas en los controles médicos e informáticos. Además, una empresa privada mantuvo acceso privilegiado al sistema del organismo durante más de tres años sin un contrato formal. Los hallazgos profundizan las sospechas de corrupción en la gestión de Diego Spagnuolo y comprometen al Gobierno.
El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos comprometedores para el Gobierno de Javier Milei. Tres auditorías realizadas entre octubre de 2025 y abril de 2026 detectaron irregularidades en las compras de medicamentos, prótesis, insumos médicos y sillas de ruedas durante la gestión de Diego Spagnuolo, con diferencias de precios de hasta 1.068% y operaciones realizadas al margen de los procedimientos obligatorios del Estado.
Uno de los casos más impactantes fue la compra del medicamento Macitentán, utilizado para tratar la hipertensión arterial pulmonar. En febrero de 2025, una droguería facturó cada unidad a $5.299.081, mientras que otra empresa vendió el mismo producto a $453.621 apenas un mes después. La diferencia fue de casi $4,85 millones por unidad. También se detectaron variaciones de precios en medicamentos oncológicos e inmunosupresores, además de preferencias por determinados proveedores sin justificaciones documentadas.
Las auditorías revelaron que la ANDIS realizó adquisiciones sin utilizar el sistema obligatorio COMPR.AR, sin licitaciones ni comparación documentada de ofertas y sin fundamentos legales suficientes para recurrir a contrataciones directas. El problema alcanzó también a compras de medicamentos por $11.925 millones para Entre Ríos y $837 millones para Neuquén, que no contaban con respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período examinado.
Las fallas no fueron solamente administrativas. Los auditores encontraron expedientes sin constancias de evaluación médica, ausencia de controles sobre las solicitudes de medicamentos y remitos firmados por personas cuya relación con los beneficiarios no pudo acreditarse. En una muestra de 219 expedientes, que representaba $29.713 millones en compras, también detectaron 21 casos por $2.510 millones en los que los domicilios de entrega consignados en las órdenes no coincidían con los de los remitos de recepción.
Otro hallazgo comprometedor involucra a GMS SA, una empresa tecnológica que mantuvo durante más de tres años el mantenimiento y soporte de un sistema informático de la ANDIS sin un contrato formal vigente. La firma contaba con accesos privilegiados a la base de datos y al sistema operativo del organismo. Los auditores, además, no pudieron verificar que el código fuente entregado en enero de 2026 correspondiera efectivamente con la versión en funcionamiento. La empresa aparece mencionada en la investigación judicial por corrupción en la agencia y había continuado como contratista estatal durante la gestión libertaria.
Los resultados se conocen mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos. En febrero de 2026, el juez Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, en una investigación que estimó un desvío de al menos $6.000 millones. Los procesamientos no equivalen a una condena, pero los hallazgos administrativos agregan elementos que deberán ser examinados en el expediente.
El dato más grave es que las irregularidades alcanzaron a un organismo del que dependen personas con discapacidad que necesitan medicamentos oncológicos, tratamientos para trasplantes y prótesis, muchas veces sin alternativas fuera del sistema público. Mientras el Gobierno de Milei hizo de la reducción del gasto estatal una de sus principales banderas, las auditorías exponen serias deficiencias en el control de miles de millones de pesos y abren interrogantes sobre quiénes se beneficiaron con las contrataciones y qué responsabilidades corresponden a los funcionarios involucrados.