Mientras Luis Caputo promete un rápido rebote de la economía, el Presidente sorprendió con una explicación insólita para justificar la demora: el crecimiento se evalúa a un siglo. El ajuste se siente hoy, pero para disfrutar de la prosperidad que promete el Gobierno parece que habrá que tener paciencia por varias generaciones.

Javier Milei volvió a correr el arco de las expectativas económicas. Cuestionado por las promesas de recuperación del ministro de Economía, Luis Caputo, y por la demora en la reactivación del consumo y la industria, el Presidente salió a relativizar los indicadores de corto plazo con una frase que parece sacada de un manual para justificar promesas incumplidas: “En general se mira a 100 años, pero, como estamos en política, miramos de a cuatro”.

La explicación presidencial abre un interrogante inevitable: si el Gobierno asegura que la economía está a punto de despegar, ¿por qué necesita ahora un horizonte de cien años para evaluar sus resultados? La respuesta de Milei parece sencilla: cuando los números del presente incomodan, siempre se puede ampliar el calendario.

El problema es que el ajuste de la motosierra no se mide a cien años. Los recortes, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para sostener el consumo se sienten todos los días. Las familias no pueden postergar el pago del alquiler, las tarifas o los alimentos hasta el próximo siglo, por más que el Presidente invite a observar la economía con una perspectiva centenaria.

Milei defendió su programa económico y atribuyó las dificultades de determinados sectores a la volatilidad internacional y al reordenamiento de los precios relativos. También destacó los avances en energía, minería y balanza comercial, con especial énfasis en Vaca Muerta y las exportaciones de hidrocarburos.

Sin embargo, el crecimiento de algunos sectores exportadores no resuelve por sí solo las dificultades del mercado interno. Una cosa es exhibir récords de producción energética y otra muy distinta es conseguir que la recuperación llegue a los comercios, las fábricas y los bolsillos de los trabajadores.

El mandatario también insistió en que su gestión debe evaluarse a partir de la supuesta situación heredada en diciembre de 2023 y defendió el superávit fiscal y la desregulación como pilares de una futura expansión económica. Pero esa argumentación vuelve a chocar con las expectativas que el propio Gobierno alimentó al anunciar una recuperación acelerada.

La contradicción es evidente: Caputo proyecta el rebote, Milei pide paciencia y la sociedad sigue esperando resultados concretos. Si la actividad no despega al ritmo prometido, el horizonte se estira; si los indicadores mensuales no acompañan, se invoca el largo plazo.

En definitiva, el Gobierno parece haber encontrado una nueva unidad de medida para la recuperación: el siglo. La motosierra funciona en tiempo presente, pero la prosperidad prometida todavía no tiene fecha cierta de llegada. Y mientras Milei invita a pensar en los próximos cien años, millones de argentinos necesitan saber cómo van a llegar a fin de mes.

El abogado Gregorio Dalbón presentó un pedido de detención contra el ministro de Economía, el titular del Banco Central y el director de la entidad por las operaciones con derivados de oro que, según la AGN, dejaron un saldo negativo de más de mil millones de dólares. También solicitó la prohibición de salida del país y medidas para evitar una eventual obstrucción de la investigación.

El escándalo por las operaciones con oro del Banco Central escala en los tribunales y golpea de lleno al equipo económico de Javier Milei. El abogado Gregorio Dalbón pidió la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet, a quienes vinculó con las operaciones financieras realizadas durante 2025 que terminaron con un resultado negativo de US$ 1.023 millones, según la Auditoría General de la Nación (AGN).

La presentación fue realizada ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes tienen a su cargo la investigación. Dalbón apuntó a presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, y reclamó que se investigue el papel de cada uno de los funcionarios involucrados.

Pero el pedido no se limita a las detenciones. El abogado también solicitó que los tres funcionarios tengan prohibido salir del país, que se les restrinja el acceso a las áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía donde se conserva documentación relevante para la causa y que no puedan comunicarse con funcionarios, auditores o testigos vinculados con la investigación.

Más de mil millones de dólares bajo sospecha

El núcleo del escándalo son las operaciones con derivados de oro que realizó el BCRA durante 2025. De acuerdo con los datos citados de la auditoría, las transacciones arrojaron pérdidas por $1.400.793 millones —equivalentes a US$ 960,2 millones— en opciones y otros $68.362 millones —US$ 62,8 millones— en primas de opciones.

En contraste, la tenencia de oro registró una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones. El balance de estas operaciones financieras quedó bajo cuestionamiento por su impacto y por la necesidad de esclarecer cómo se tomaron las decisiones que derivaron en semejante resultado negativo.

La dimensión del monto vuelve inevitable una pregunta: ¿quién autorizó las operaciones, bajo qué criterios se realizaron y quién debe responder por sus consecuencias? La AGN, presidida por Juan Manuel Olmos, advirtió que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud en el organismo.

Dalbón apuntó contra Caputo y denunció una posible obstrucción

En declaraciones televisivas, el abogado sostuvo que las operaciones deben investigarse bajo las figuras de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También planteó la hipótesis de asociación ilícita y señaló a Caputo como posible jefe, una calificación que deberá ser evaluada por la Justicia.

Dalbón también cuestionó el desempeño de los funcionarios ante los organismos de control y afirmó que existen elementos que, a su entender, demostrarían intentos de obstruir la investigación y declaraciones falsas durante la auditoría. Esas afirmaciones forman parte de sus argumentos y deberán ser corroboradas judicialmente.

El abogado puso además el foco en el juez Lijo y el fiscal Pollicita, al reclamar que investiguen el destino de las operaciones y que tomen en serio las medidas solicitadas.

El expediente tiene otro antecedente: el 10 de agosto, la diputada Marcela Pagano había denunciado penalmente a Caputo y Bausili por la presunta desaparición de casi $4 billones de fondos públicos que, según sostuvo, quedaron sin un destino públicamente trazable.

La legisladora cuestionó entonces la respuesta atribuida al presidente del Banco Central —«En algún lado están»— y reclamó explicaciones sobre el manejo de los recursos.

Aunque se trata de planteos que deben analizarse en sus respectivos expedientes, ambas controversias alimentan los interrogantes sobre la transparencia en la administración de los fondos públicos y el funcionamiento de los mecanismos de control durante la gestión libertaria.

La Justicia tiene la palabra

El pedido de detención coloca a Caputo, Bausili y Curutchet en el centro de una controversia judicial de enorme relevancia económica e institucional. La investigación deberá determinar cómo se ejecutaron las operaciones, qué información manejaban sus responsables, si hubo irregularidades y si corresponde atribuirles responsabilidad penal.

Por ahora, la solicitud de Dalbón no equivale a una orden de detención ni demuestra por sí misma la comisión de delitos. Pero la magnitud de las pérdidas informadas por la AGN y los cuestionamientos sobre la transparencia de las operaciones exigen respuestas documentadas.

Más de mil millones de dólares en pérdidas y una investigación que apunta a las máximas autoridades económicas: el manejo del oro del Banco Central se convirtió en otro frente judicial

Los informes detectaron contrataciones por fuera de los mecanismos legales, medicamentos con diferencias millonarias de precios y graves fallas en los controles médicos e informáticos. Además, una empresa privada mantuvo acceso privilegiado al sistema del organismo durante más de tres años sin un contrato formal. Los hallazgos profundizan las sospechas de corrupción en la gestión de Diego Spagnuolo y comprometen al Gobierno.

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos comprometedores para el Gobierno de Javier Milei. Tres auditorías realizadas entre octubre de 2025 y abril de 2026 detectaron irregularidades en las compras de medicamentos, prótesis, insumos médicos y sillas de ruedas durante la gestión de Diego Spagnuolo, con diferencias de precios de hasta 1.068% y operaciones realizadas al margen de los procedimientos obligatorios del Estado.

Uno de los casos más impactantes fue la compra del medicamento Macitentán, utilizado para tratar la hipertensión arterial pulmonar. En febrero de 2025, una droguería facturó cada unidad a $5.299.081, mientras que otra empresa vendió el mismo producto a $453.621 apenas un mes después. La diferencia fue de casi $4,85 millones por unidad. También se detectaron variaciones de precios en medicamentos oncológicos e inmunosupresores, además de preferencias por determinados proveedores sin justificaciones documentadas.

Las auditorías revelaron que la ANDIS realizó adquisiciones sin utilizar el sistema obligatorio COMPR.AR, sin licitaciones ni comparación documentada de ofertas y sin fundamentos legales suficientes para recurrir a contrataciones directas. El problema alcanzó también a compras de medicamentos por $11.925 millones para Entre Ríos y $837 millones para Neuquén, que no contaban con respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período examinado.

Las fallas no fueron solamente administrativas. Los auditores encontraron expedientes sin constancias de evaluación médica, ausencia de controles sobre las solicitudes de medicamentos y remitos firmados por personas cuya relación con los beneficiarios no pudo acreditarse. En una muestra de 219 expedientes, que representaba $29.713 millones en compras, también detectaron 21 casos por $2.510 millones en los que los domicilios de entrega consignados en las órdenes no coincidían con los de los remitos de recepción.

Otro hallazgo comprometedor involucra a GMS SA, una empresa tecnológica que mantuvo durante más de tres años el mantenimiento y soporte de un sistema informático de la ANDIS sin un contrato formal vigente. La firma contaba con accesos privilegiados a la base de datos y al sistema operativo del organismo. Los auditores, además, no pudieron verificar que el código fuente entregado en enero de 2026 correspondiera efectivamente con la versión en funcionamiento. La empresa aparece mencionada en la investigación judicial por corrupción en la agencia y había continuado como contratista estatal durante la gestión libertaria.

Los resultados se conocen mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos. En febrero de 2026, el juez Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, en una investigación que estimó un desvío de al menos $6.000 millones. Los procesamientos no equivalen a una condena, pero los hallazgos administrativos agregan elementos que deberán ser examinados en el expediente.

El dato más grave es que las irregularidades alcanzaron a un organismo del que dependen personas con discapacidad que necesitan medicamentos oncológicos, tratamientos para trasplantes y prótesis, muchas veces sin alternativas fuera del sistema público. Mientras el Gobierno de Milei hizo de la reducción del gasto estatal una de sus principales banderas, las auditorías exponen serias deficiencias en el control de miles de millones de pesos y abren interrogantes sobre quiénes se beneficiaron con las contrataciones y qué responsabilidades corresponden a los funcionarios involucrados.