Migraciones confirmó que la familia del exmandatario brasileño cruzó la frontera protegido por un operativo policial argentino para abordar un avión privado rumbo a Ecuador y Estados Unidos.
El gobierno de Javier Milei pasó de la complicidad ideológica al encubrimiento operativo de prófugos de la justicia internacional. En una operación clandestina coordinada en el más alto nivel del Estado, la familia de Flávio Bolsonaro ingresó clandestinamente a la Argentina por la provincia de Misiones y escapó en la madrugada a bordo de un vuelo privado, burlando de forma flagrante las órdenes de captura y la prohibición de salida dictada por los tribunales de Brasil.
De acuerdo con el informe oficial emitido por la Dirección Nacional de Migraciones, la comitiva del dirigente ultraderechista cruzó el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves a bordo de una camioneta blanca estrictamente escoltada por un vehículo policial argentino. Tras ingresar sin ningún tipo de traba burocrática, los fugitivos abordaron raudamente un avión ejecutivo de la firma Baires Fly en el aeropuerto de Puerto Iguazú —aeronave vinculada a escandalosas tramas de facturación trucha y desvío de fondos estatales—, despegando con rumbo a Ecuador para recalar finalmente bajo el ala protectora de Donald Trump en los Estados Unidos.
La confirmación oficial del operativo de fuga tiró por tierra las operaciones de distracción tejidas durante días. Lejos de disimular el papel asignado en la maniobra, el propio aparato de comunicación digital de la Presidencia salió a festejar abiertamente el rescate del clan brasileño, jactándose de haberlo sustraído “de las garras de la justicia”. El propio Donald Trump reconoció públicamente que la familia se encontraba en territorio argentino y que les otorgaría asilo migratorio por persecución política.
La activa participación de la administración libertaria en la huida de un dirigente investigado por lavado de dinero y corrupción expone el grado de degradación institucional al que conduce la política exterior de la Casa Rosada. Convertido en una guarida de extrema derecha regional, el gobierno de Milei utiliza los recursos de seguridad del Estado nacional para garantizar la impunidad de sus aliados, transformando a la Argentina en un hazmerreír diplomático y en cómplice directa de la evasión judicial.