Cristian Rivaldi enfrenta los tribunales de Comodoro Py acusado de abuso de autoridad y lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro durante una protesta de jubilados. Un proceso exprés que pone en el banquillo la violencia desmedida de los operativos oficiales.
El blindaje operativo y las coartadas oficiales con las que el Ministerio de Seguridad intentó justificar la brutalidad represiva en las calles comenzaron a derrumbarse en los estrados judiciales. En una única jornada de debate oral a cargo del juez federal Daniel Rafecas, la Justicia puso en marcha el juicio contra el agente de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, acusado formalmente por los delitos de abuso de autoridad y lesiones leves tras haber rociado con gas pimienta a la pequeña Fabrizia Pegoraro y a su madre durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso.
El proceso judicial, que prevé la emisión de un veredicto en el mismo día, se nutre de los contundentes registros audiovisuales incorporados al expediente. Lejos de las versiones iniciales difundidas por la cúpula de la cartera de seguridad —que llegaron a instalar insólitos operativos de confusión para desviar la culpa—, el fiscal federal Eduardo Taiano determinó en su dictamen que el efectivo actuó de manera deliberada, a corta distancia y de forma absolutamente desproporcionada, desestimando los protocolos vigentes para el uso de armas no letales que exigen preservar la integridad de menores de edad.
Durante la instrucción de la causa, el uniformado intentó eludir su responsabilidad argumentando que no advirtió la presencia de la menor y que cumplía órdenes de dispersión, una coartada que quedó completamente desarticulada por las imágenes fílmicas. Por su parte, la querella representada por el abogado Gregorio Dalbón anticipó que solicitará una condena e inhabilitación efectiva para el efectivo, subrayando las secuelas físicas y la “conjuntivitis química” que padecieron las víctimas a raíz del ataque químico ejecutado por las fuerzas federales.
El juicio contra Rivaldi marca un precedente ineludible sobre los excesos represivos desatados bajo el paraguas de la doctrina oficial de orden público. Mientras el oficialismo intentó minimizar el ataque y culpabilizar a las familias por asistir a las protestas, el paso de los uniformados por el banquillo de los acusados desnuda la crudeza de un modelo represivo dispuesto a utilizar la violencia estatal sin importar la edad de los ciudadanos.