Cristian Rivaldi enfrenta los tribunales de Comodoro Py acusado de abuso de autoridad y lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro durante una protesta de jubilados. Un proceso exprés que pone en el banquillo la violencia desmedida de los operativos oficiales.

El blindaje operativo y las coartadas oficiales con las que el Ministerio de Seguridad intentó justificar la brutalidad represiva en las calles comenzaron a derrumbarse en los estrados judiciales. En una única jornada de debate oral a cargo del juez federal Daniel Rafecas, la Justicia puso en marcha el juicio contra el agente de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, acusado formalmente por los delitos de abuso de autoridad y lesiones leves tras haber rociado con gas pimienta a la pequeña Fabrizia Pegoraro y a su madre durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso.

El proceso judicial, que prevé la emisión de un veredicto en el mismo día, se nutre de los contundentes registros audiovisuales incorporados al expediente. Lejos de las versiones iniciales difundidas por la cúpula de la cartera de seguridad —que llegaron a instalar insólitos operativos de confusión para desviar la culpa—, el fiscal federal Eduardo Taiano determinó en su dictamen que el efectivo actuó de manera deliberada, a corta distancia y de forma absolutamente desproporcionada, desestimando los protocolos vigentes para el uso de armas no letales que exigen preservar la integridad de menores de edad.

Durante la instrucción de la causa, el uniformado intentó eludir su responsabilidad argumentando que no advirtió la presencia de la menor y que cumplía órdenes de dispersión, una coartada que quedó completamente desarticulada por las imágenes fílmicas. Por su parte, la querella representada por el abogado Gregorio Dalbón anticipó que solicitará una condena e inhabilitación efectiva para el efectivo, subrayando las secuelas físicas y la “conjuntivitis química” que padecieron las víctimas a raíz del ataque químico ejecutado por las fuerzas federales.

El juicio contra Rivaldi marca un precedente ineludible sobre los excesos represivos desatados bajo el paraguas de la doctrina oficial de orden público. Mientras el oficialismo intentó minimizar el ataque y culpabilizar a las familias por asistir a las protestas, el paso de los uniformados por el banquillo de los acusados desnuda la crudeza de un modelo represivo dispuesto a utilizar la violencia estatal sin importar la edad de los ciudadanos.

El organismo internacional cerró su período de sesiones ordinarias sin abordar la presentación de la defensa para frenar la inhabilitación perpetua. La dilación congela la estrategia electoral de la exmandataria de cara al próximo calendario político y desarma las expectativas de un fallo express.

Las esperanzas de la estrategia jurídica y política del kirchnerismo de conseguir un salvavidas internacional a corto plazo sufrieron un freno rotundo. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó su último período de sesiones ordinarias en Ginebra sin haber incluido en su temario la presentación formal realizada por los letrados de Cristina Fernández de Kirchner para revisar su condena en la causa Vialidad.

De esta manera, la posibilidad de que el organismo multilateral comience a analizar el fondo del planteo —que incluye medidas cautelares para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y revertir el arresto domiciliario— quedó postergada como mínimo hasta marzo de 2027, cuando el comité reanude sus reuniones plenarias. La mora administrativa del organismo internacional desarma la jugada táctica con la que el espacio opositor buscaba presionar al sistema político y neutralizar los efectos de la sentencia dictada por los tribunales federales.

La presentación, encabezada por el equipo jurídico de la exmandataria, denunciaba una batería de supuestas irregularidades procesales, arbitrariedades en la asignación de expedientes y la violación de garantías constitucionales durante las etapas de revisión en Comodoro Py y la Corte Suprema. Sin embargo, la sobrecarga habitual de expedientes que maneja la entidad supranacional terminó sepultando las aspiraciones de una resolución rápida que permitiera despejar el panorama electoral de cara a las próximas presidenciales.

La postergación ratifica que, al margen de las disputas discursivas y el impacto político interno, los tiempos de la diplomacia internacional y los estrados multilaterales operan con una lógica propia muy alejada de las urgencias de la coyuntura argentina. Sin el esperado amparo externo a la vuelta de la esquina, el peronismo se ve obligado a reconfigurar su arquitectura electoral en un contexto de asfixia económica y judicial implacable.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó con firmeza el contenido social y político de los mensajes del papa León XIV durante su visita a la Argentina y reivindicó sus definiciones sobre justicia social, educación, ciencia, discapacidad y derechos de los trabajadores. Desde Luján, donde participó de la vigilia previa a la misa del Pontífice, el mandatario provincial sostuvo que las palabras del Papa trascienden el ámbito religioso y representan una interpelación directa sobre las prioridades económicas y sociales del país.

En diálogo con Página/12, Kicillof puso especial énfasis en el mensaje de León XIV sobre la necesidad de garantizar «tierra, techo y trabajo», y en sus pronunciamientos a favor de la justicia social, el financiamiento universitario y científico y la protección de los sectores más vulnerables. También destacó la reflexión del Pontífice acerca de la relación entre la rentabilidad empresarial y las condiciones de vida de los trabajadores, un debate particularmente sensible frente al deterioro económico y laboral que atraviesa la Argentina.

En ese marco, el gobernador dejó una respuesta contundente frente a los cuestionamientos de Javier Milei, quien había criticado a dirigentes opositores por interpretar que la visita papal contenía un mensaje contrario al ajuste económico. Sin entrar en una confrontación directa, Kicillof lanzó una frase con evidente destinatario: «Que piense lo que quiera, que diga lo que quiera, que haga lo que quiera, pero que escuche y que vea a un pueblo que se moviliza a millones porque el mensaje del Papa los interpela».

El mandatario bonaerense también remarcó que León XIV no se limita a formular reflexiones teológicas o filosóficas, sino que plantea orientaciones concretas sobre cómo debe organizarse una sociedad. «Lo que viene a decir es qué hay que hacer. Viene a dar un plan de trabajo», sostuvo, al considerar que sus definiciones constituyen una referencia para pensar las políticas públicas y el rol del Estado.

Asimismo, Kicillof reivindicó el llamado del Papa a enfrentar a los grandes poderes y defender a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, vinculó sus palabras con la compleja realidad bonaerense, marcada por el cierre de empresas y las dificultades económicas que golpean a trabajadores, comerciantes y sectores productivos.

«Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires podemos dar testimonio de lo complicado que es», advirtió.

Finalmente, el gobernador interpretó la visita de León XIV como una oportunidad para poner nuevamente en discusión el modelo económico, el papel del Estado y las responsabilidades de los gobiernos frente a las necesidades de la población. Un mensaje que contrasta con la orientación del Gobierno nacional y su política de ajuste, y que recupera la centralidad de la justicia social, la solidaridad y la defensa del trabajo como pilares indispensables para construir una sociedad más justa.

Karina Milei, hermana del Presidente Javier Milei, fue la encargada de la organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina que incluyó un escándalo descomunal, cuando el gobierno nacional junto al de la Ciudad, de Jorge Macri, decidieron armar una carpa VIP, a todo lujo, que incluyó sanguches de salmón, entre otras vulgaridades. Mientras, millones de personas se vinculaban con el discurso del Papa, basado en la solidaridad y empatía con los que menos tienen.

Como suele pasar cada vez que se involucra Karina Milei en un tema, pasan cosas: la organización de la visita del Papa costó 8300 millones de pesos y la licitación exprés fue ganada por DF Entertainment, la firma que comparten Diego Finkelstein y la multinacional Live Nation. Empresarios del sector hablan de sobreprecios. Nada nuevo…

En la carpa VIP estuvieron presentes funcionarios libertarios y macristas, además de peridiodistas y artistas vinculados al oficialismo. Con una hipocresia que sorprende, comieron salmón mientras el Papa Léon le recordaba a la sociedad que es necesario abandonar una cultura del descarte.  

Una nueva encuesta, esta vez de la consultora Mide, volvió a mostrar una foto horrible para Javier Milei: un rechazo brutal en la sociedad que ve un futuro muy mal con este gobierno. La realidad empieza a matar cualquier relato.

Mientras el Papa León XIV le dice a los argentinos que “la economía debe estar al servicio de la persona”, el país ve con preocupación a un gobierno que hizo de la motosierra su única política económica. Los resultados están a la vista: aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad.

Así las cosas, no debe sorprender que solo el 20% de los encuestados apoye a Milei y el 60% considere que el futuro será “igual de malo que ahora” o “peor que ahora”. La gente no la ve.

Por último, otro dato preocupante para Milei: tiene una imagen positiva menor que la de… Patricia Bullrich. Ahí hay otro dato que explica los movimientos díscolos de la senadora nacional, cada vez más lejos de los libertarios.

El jefe de Gobierno porteño intentó justificar el escandaloso sector exclusivo montado durante la misa del papa León XIV, donde dirigentes, empresarios y figuras del espectáculo disfrutaron de comodidades especiales, atención de mozos y comida. Macri apenas reconoció que las medialunas y los budines estuvieron de más. El episodio expone una contradicción difícil de disimular con su reciente discurso contra las organizaciones de la Iglesia que asisten a personas en situación de calle.

El doble discurso de Jorge Macri quedó nuevamente expuesto. El jefe de Gobierno porteño, que hasta hace pocos días cuestionaba a sectores de la Iglesia por alimentar a personas en situación de calle, ahora salió a defender la instalación de una carpa VIP durante la multitudinaria misa del papa León XIV en Palermo, donde un grupo selecto de políticos, empresarios y celebridades disfrutó de un trato privilegiado mientras miles de fieles aguardaban bajo el sol para participar de la celebración.

La postal resulta particularmente indignante por el contraste social y político que representa. Mientras el Gobierno porteño había puesto en discusión la asistencia alimentaria a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, durante el evento religioso se organizó un espacio exclusivo con mesas, sillas, servicio de mozos, catering y ubicaciones preferenciales para invitados especialmente seleccionados.

Lejos de asumir la responsabilidad política por semejante despliegue, Macri intentó minimizar la controversia. En declaraciones a la prensa, defendió la instalación de las carpas argumentando que debían ofrecer un espacio de espera para autoridades, integrantes de la Iglesia, periodistas y personas vinculadas con la organización.

Sin embargo, ante la repercusión de las imágenes, terminó reconociendo algunos excesos: “Las medialunas y los budines estuvieron de más”, admitió el jefe de gobierno porteño. Según sostuvo, habría alcanzado con ofrecer agua y café.

Una explicación que difícilmente alcance para disipar el malestar. El problema no pasa solamente por las medialunas y los budines, sino por la existencia de un dispositivo de privilegios en un acontecimiento popular y religioso al que miles de personas se acercaron desde temprano, muchas de ellas después de caminar durante horas y permanecer bajo el sol para poder ver al Pontífice.

De cuestionar la comida para los pobres a justificar el catering VIP

La contradicción política de Jorge Macri es imposible de ignorar. Su administración había protagonizado fuertes cuestionamientos hacia la asistencia alimentaria que organizaciones religiosas brindan a personas en situación de calle. Ahora, frente a la polémica por los privilegios concedidos a un reducido grupo de invitados, el mandatario porteño pretende presentar el episodio como una cuestión menor de organización y protocolo.

La diferencia de criterios resulta evidente: cuando se trata de garantizar un plato de comida a quienes no tienen dónde vivir, aparecen las restricciones y los cuestionamientos; cuando se trata de agasajar a dirigentes, amigos, empresarios y famosos, se despliegan carpas, catering y atención personalizada.

La polémica también adquiere una dimensión simbólica por el contexto en el que ocurrió el bochornoso episodio. La misa de León XIV estuvo atravesada por un mensaje de solidaridad, dignidad humana y preocupación por las dificultades sociales que atraviesan millones de personas. Una celebración multitudinaria que contrasto con el festival de privilegios y distinciones organizada por Jorge Mcri con dinero de los contribuyentes.

Pedidos de explicaciones por los gastos y los invitados

Las explicaciones de Macri tampoco lograron cerrar otro frente de controversia: quiénes fueron invitados, con qué criterios se seleccionaron y cuánto costó montar el dispositivo exclusivo.

La diputada Marcela Pagano cuestionó públicamente al jefe de Gobierno y formuló acusaciones sobre presuntas presiones para contratar empresas vinculadas con Karina Milei y los Menem. Se trata de señalamientos realizados por la legisladora que deberán ser esclarecidos mediante la documentación correspondiente.

Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer el listado de invitados, los criterios de selección, los costos de las carpas, el catering, la seguridad y la limpieza, además de las empresas contratadas y el origen de los fondos utilizados.

El legislador también reclamó precisiones sobre la participación de figuras del espectáculo y empresarios en los sectores preferenciales y sobre quiénes autorizaron esas ubicaciones.

Las preguntas son pertinentes y requieren respuestas concretas. No alcanza con admitir que sobraron algunas medialunas y budines: la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se organizó el evento, quiénes fueron beneficiados con los espacios exclusivos y cuánto dinero público se destinó a esos servicios.

El episodio dejó una postal difícil de justificar: miles de personas acercándose con devoción para participar de una celebración religiosa, mientras un grupo privilegiado disfrutaba de comodidades especiales.

Jorge Macri deberá explicar por qué la solidaridad con los más vulnerables parece ser objeto de restricciones, mientras que los privilegios para los sectores acomodados encuentran una organización y una logística mucho más generosas. La doble vara quedó expuesta en una carpa VIP que terminó convirtiéndose en el símbolo de una contradicción política y social.