Por Lucía Ferreri Ochoa
Desde este martes, viajar en subte cuesta $13,50, un peso más que el día anterior. Se trata del primero de cuatro aumentos que llevarán la tarifa hasta $16,50 en febrero próximo. En enero de 2012, durante el traspaso del servicio de Nación a ciudad, el boleto costaba apenas 1,10 pesos.
El mismo mes de la transferencia el Ejecutivo porteño anunció una suba a 2,50. Desde entonces, pese al aumento continuo del precio del pasaje, se profundizó el conflicto con los trabajadores de Metrovías, quienes sufrieron una notoria pérdida de poder adquisitivo.
En ese marco, la respuesta de las autoridades fue la represión sobre quienes llevaban adelante medidas de fuerza y la revocación de la personería gremial de los metrodelegados. Mientras tanto, las demoras e irregularidades de la licitación del servicio van en aumento: pese a que el titular de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Eduardo de Montmollin, había asegurado en la Legislatura que “de mediados a fines de noviembre” se conocería al nuevo adjudicatario, días después el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió al Legislativo un proyecto solicitando la prórroga por un año a favor de Metrovías.
Este requerimiento se basa en las demoras del proceso de licitación, que aún no llevó adelante la segunda etapa de apertura de sobres. El pedido de prórroga generó nuevas críticas de la oposición, que denunció la improvisación el gobierno porteño en esta materia. En ese sentido, los legisladores Sergio Abrevaya (GEN) y María Inés Gorbea (Evolución), presentaron proyectos para que el servicio sea administrado por la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) y por SBASE, respectivamente.
En igual dirección fue la presentación de un proyecto meses atrás por parte del Frente para la Victoria, el cual proponía dar por finalizado el modelo de gestión privado administrado por Metrovías S.A., vigente desde 1994 y reemplazarlo por uno estatal. Cabe señalar que, a pesar de que la iniciativa privatista del gobierno porteño se sustenta en la supuesta necesidad de recortar el gasto público, el Presupuesto 2017 – mientras el subte estaba en manos privadas- contempló una erogación de 6281 millones de pesos en la red subterránea, lo que representa un 3,5% por ciento del total.
Por otra parte, la oposición denunció que la nueva extensión de la concesión no reveé los términos de operación en un contexto de creciente deterioro del material rodante y del mobiliario de las estaciones. Actualmente tres candidatos se disputan la concesión de la red de subterráneos.
Curiosamente, dos de estas empresas -las extranjeras- son estatales. Estas son Keolis (subsidiaria de la empresa ferroviaria nacional francesa) y la RATP (Empresa Autónoma de los Transportes Parisinos). Ambas postulaciones son impulsadas por el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, y la firma parisina cuenta con el apoyo de Alstom, una corporación francesa centrada en la generación eléctrica y la fabricación de trenes y barcos. Por su parte, Keolis se presentó acompañada por la autoridad de transporte de la ciudad de Londres y por la Corporación América, el holding presidido por Eduardo Eurnekian y propietario de Aeropuertos Argentina 2000.
En tercer lugar, se ubica Metrovías, -parte del Grupo Roggio-, la cual se vio envuelta recientemente en la causa de los cuadernos, por lo que se había especulado con el eventual retiro de su oferta. Metrovías cuenta con el respaldo de Siemens como “subcontratista nominado” en materia de señalamiento y comunicaciones y con la “asistencia técnica y operativa y soporte en innovación y tecnología” de la Deutsche Bahn, la principal empresa ferroviaria de Alemania.