Uno de los gremios mayoritarios de trabajadores estatales, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta de la gestión provincial, por lo que le da un alivio a la gestión de Daniel Scioli

Así la Provincia llegó a un acuerdo sobre la propuesta salarial con uno de los gremios enrolados en la Ley 10.430, al mismo tiempo que recibía el rechazo de otro de esos sindicatos: La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los trabajadores estatales de ATE rechazaron la oferta

y fue su Secretario General, Oscar De Isasi, quien hizo de vocero de la decisión: "se ha mejorado la propuesta en concepto de algunos pedidos realizados desde este gremio, desde lo económico sigue siendo insuficiente, teniendo en cuenta que en concepto de anualidad es un aumento del 31 por ciento".

Por otra parte, Adriana Pizarro titular del gremio de empleados ministeriales de Buenos Aires (AEMOPBA), e integrante de FEGePPBA, afirmó que "la propuesta es compleja por cada sector involucrado y además teniendo en cuenta que no se blanquea los gremios la masa salarial que se va a destinar al aumento".

"A los auxiliares de la educación se le propone un aumento importante, aunque insuficiente, pero para los trabajadores del Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, un administrativo sin cargo profesional, pasará a cobrar más que un arquitecto o ingeniero y eso también lo tenemos que defender", aclaró.

La propuesta del Gobierno de Scioli incluye que, desde marzo, todos los trabajadores iniciales de la Ley 10430 pasarán a cobrar un sueldo básico de 7 mil pesos con sumas no remunerativas y no bonificables.

Con el visto bueno de UPCN el gobierno encuentra la herramienta suficiente para presionar al resto de los involucrados y debilitar sus potenciales reclamos.

En la sesión extraordinaria realizada el miércoles pasado, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó y giró al Senado un proyecto para prorrogar la vigencia de la ley 14.262, que suspende la ejecución de sentencias dictadas contra bienes muebles o inmuebles afectados a fines deportivos y culturales de las asociaciones civiles sin fines de lucro.

La iniciativa, impulsada por la diputada del Frente para la Victoria Rocío Giaccone, procura la protección del patrimonio de las mencionadas instituciones, respetando su orientación originaria, para que las prácticas de actividades deportivas, culturales y recreativas y demás no se vean interrumpidas por cuestiones económicas.

Otro proyecto aprobado en la sesión de este miércoles fue presentado por Karina Nazábal, también del FpV, para prorrogar por el plazo de dos años la emergencia pública en materia social por violencia de género, que rige en la provincia de Buenos Aires.

Y se convirtió en Ley la expropiación de las maquinarias pertenecientes a la empresa GESMA S.R.L. en favor de la Cooperativa MECBER Limitada, que permitirá a los trabajadores de esa industria ubicada en Berazategui dar continuidad a la actividad productiva y así conservar la fuente de trabajo.

"En la mayoría de los casos se trata de inmuebles que tienen una construcción de muy buena calidad". Así se expresó el titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Iván Budassi, sobre los más de 100 inmuebles que, en los registros provinciales, aparecían como terrenos sin construir o baldíos.

Todo salió a la luz luego que los inspectores de Arba sumariaran, en Costa del Este, 110 propiedades completamente edificadas que estaban declaradas en el catastro como terrenos baldíos.

Se trata de 15 mil metros cuadrados construidos, que los propietarios nunca registraron ante la Provincia. Pero que tampoco fue advertido por el municipio de la Costa, bajo la gestión política de Pablo De Jesús.

La maniobra de los propietarios y la "desatención" del municipio, representa una evasión anual de 1,5 millones de pesos en el Impuesto Inmobiliario Edificado, informó Arba a través de un comunicado.

"En la mayoría de los casos se trata de inmuebles que tienen una construcción de muy buena calidad", dijo el titular de Arba, Iván Budassi, quien aseguró que los relevamientos con tecnología satelital, junto a otros controles, les permiten detectar estas viviendas y “estimar con gran precisión la antigüedad y cantidad de metros que poseen".

Los fiscalizadores de Arba, en este tipo de inspecciones, utilizan el sistema de Monitoreo Estratégico Satelital Integrado (MESI), que a través de la comparación de imágenes posibilita descubrir que en supuestos terrenos baldíos se encuentran emplazados complejos de cabañas y casas particulares que sus dueños nunca declararon.

"Gracias a la tecnología del MESI, que se nutre de imágenes aportadas por 18 satélites en órbita, podemos realizar controles en terrenos boscosos, como el de Costa del Este, porque los radares satelitales tienen la particularidad de realizar mediciones y evaluaciones atravesando diferentes obstáculos, como árboles, nylon, nubes, etcétera", señaló Budassi.

Los inspectores de la Agencia de Recaudación intimaron a los dueños de las propiedades en infracción y les otorgaron un plazo de 15 días para que declaren sus construcciones y, en caso de que no lo hagan, Arba cargará de oficio los datos catastrales de las viviendas y fijará la nueva valuación fiscal.

Por su parte, el municipio local deberá explicar tamaño "error", ya que, es imposible que no supiera algo sobre las construcciones. Toda propiedad con pretensión de ser escriturada necesita la autorización municipal de la dirección de catastro.

El encuentro paritario se realizará, hoy, en el Ministerio de Economía, como ya ocurrió con los demás sectores de la salud, la educación y trabajadores estatales.

Los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense vienen reclamando una suba del 40 por ciento en una sola cuota a partir del 1° de marzo para todas las categorías que integran la representación del gremio (del nivel 6 al 19.5 inclusive).

"También se exigirá una diferencia con el aumento que se asigne a los magistrados, para compensar el incremento otorgado a estos últimos en el mes de diciembre", señalaron los judiciales en un comunicado, en referencia a la suba del 4 por ciento que la Provincia otorgó a los jueces a fines del año pasado.

A su vez, el sindicato anticipó que impulsará "la recuperación del 1 por ciento para los Jefes de Despacho y Peritos I (pendiente desde 2011), el pago de los años de antigüedad que se abonan por debajo del 3 por ciento, un nuevo aumento de la Bonificación Especial y la eliminación del cargo de Auxiliar 5º para mejorar el salario de ingreso al Poder Judicial".

El lunes a primera hora se realizarán asambleas en las 18 departamentales para analizar la propuesta salarial que formularía el Gobierno hoy.