El parlamento provincial avanza en la protección de las víctimas de violencia familiar y en la primera sesión de este año, en Diputados, se aprobó un proyecto de ley para incrementar la presión sobre las personas que están denunciadas por agresiones.

La medida fue impulsada por el legislador del Frente para la Victoria, Rodolfo Manino Iriart y prevé sancionar a los agresores que incumplan la restricción de acercamiento a las víctimas.

"El Juzgado, Tribunal o la autoridad que constate la desobediencia a la orden judicial dictada, deberá dar inmediata comunicación al Fiscal de turno y competencia, y por cualquier medio fehaciente, a los efectos de que se tomen las medidas que correspondan", señala el proyecto.

Con este reforma se eliminan los apartados de la ley vigente que frente al incumplimiento de lo impuesto por la justicia prevé una advertencia o llamado de atención por el acto cometido; y la realización trabajos comunitarios.

"Es una herramienta judicial para sancionar a los violentos. Venimos trabajando hace mucho tiempo en el tema junto a nuestros equipos y al Consejo de Planificación Técnica. Contamos con el apoyo jueces y fiscales y de entidades que luchan contra la violencia de género", expresó el legislador Rodolfo Manino Iriart, autor de la iniciativa.

"Desde el Poder Legislativo se busca acompañar una línea muy clara del gobierno de Daniel Scioli contra la violencia de género, algo que se plasma también a través de los programas del Consejo Provincial de las Mujeres y con la apertura de comisarías de la mujer y la familia en toda la Provincia", completó el diputado, que vinculó la iniciativa con la apertura de 80 comisarías de la mujer en todo el territorio provincial.

El próximo paso será buscar su aprobación en la cámara de Senadores de la Provincia para terminar con el camino legislativo.

La oferta se desplegó en la reunión de Mesa Técnica del viernes de la semana pasada, en la que participó la gestión provincial y los dirigentes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Luego de una semana de duras negociaciones, en la que la Provincia cerró con parte del Frente Gremial Docente un incremento salarial que, en casos, alcanza el 38%, esta vez ofreció a los judiciales una propuesta que llega al 36% de incremento salarial para las paritarias de este año.

La reunión marcó el reinicio de las negociaciones paritarias luego de que el gremio rechazara una primera oferta por considerarla insuficiente.

Está claro que el gobierno provincial no está dispuesto a provocar incendios que pueden prevenirse, en su propio territorio, en un año signado por las elecciones nacionales.

En concreto, la propuesta del Ejecutivo contempla un incremento total promedio del 36 por ciento en el que se incluye el 9,5 por ciento que se otorgó al sector para los meses de enero y febrero.

El aumento, que sería remunerativo, se pagaría en dos cuotas: la primera en marzo, del 16,5 por ciento, y otra en agosto, del 11%.

La AJB había llegado a al reunión de ayer con un reclamo de aumento del 40 por ciento en un sola cuota para todas las categorías que representa el gremio, que van de la 6 a la 19,5.

El gremio también exige una diferencia con el aumento que se asigne a los magistrados, del 5 por ciento en noviembre del año pasado, que generó malestar y reclamos por parte de los judiciales.

Además, reclama la recuperación del 1% para los Jefes de Despacho y Peritos I (pendiente desde 2011), el pago de los años de antigüedad que se abonan por debajo del 3%, un nuevo aumento de la Bonificación Especial y la eliminación del cargo de Auxiliar 5º para mejorar el salario de ingreso al Poder Judicial.

Uno de los que salió a confirmar que la gremial estudiaría la propuesta de los funcionarios provinciales es el secretario general de la AJB, Hugo Blasco: “El lunes a primera hora vamos a realizar asambleas en las 18 departamentales para comunicar la propuesta a las bases y definir una postura”.

La postura, indicó, será informada al Ejecutivo por escrito en la semana.

“No damos por cerrada la negociación. Si hay que seguir discutiendo lo haremos”, agregó Blasco.

Hasta hace días, la Ley de internas de la provincia estipulaba que los partidos estaban obligados a acompañar la presentación de sus candidatos con adhesiones del 2 por mil del padrón electoral.

Eso constituía lo que se conoce como aval mínimo de presentación de listas. Esto, en el caso de cargos legislativos y municipales subía al 4 por mil.

Pero, el organismo electoral confirmó que utilizará el padrón electoral utilizado en los comicios generales de 2011, según el cual la provincia cuenta con 11.688.348 electores habilitados para votar, contra los 10.607.918 ciudadanos que figuraban en el año 2009.

En consecuencia determinó que ahora las fuerzas políticas que pretendan presentar listas a gobernador y vicegobernador deberán conseguir 23.377 adhesiones, contra las 21.216 que se necesitaron en 2011, donde se utilizó como referencia el padrón de 2009.

También, recordó que "solamente podrán revestir la calidad de adherentes los electores que tengan domicilio constituido en el ámbito de la provincia" y que "serán computadas válidas exclusivamente en el distrito y sección donde tenga su domicilio registrado el adherente".

"Se dictó la conciliación obligatoria al sector minoritario de los sectores docentes", expresó la información oficial respecto del conflicto abierto con la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), cuando decidieron rechazar la oferta provincial en la negociación paritaria.

La decisión del Ejecutivo provincial tiene que ver con el hecho más significativo del mundo gremial provincial de la semana pasada: La aprobación con el 93% de apoyo, en las asambleas del gremio docente SUTEBA, de la propuesta realizada por los funcionarios provinciales.

Esto marcó el envión del gobierno de Daniel Scioli, que salió a declarar con apuro que estaba garantizado el inicio de las clases a partir de hoy, lunes, en todo el territorio provincial, pero también fracturó las posiciones dentro del Frente Gremial de Docentes Bonaerenses (FGDB), entre SUTEBA y la FEB.

Para la Provincia la decisión de la FEB: "si bien no ponen en riesgo el inicio de clases, está desconociendo el acuerdo aceptado por la mayoría de los gremios". Y es por eso que convocó a los gremios que no aceptaron el acuerdo a la conciliación obligatoria.

De acuerdo con el gobierno provincial, se acordó una pauta anual, que recompone el salario e impacta en aspectos cualitativos, considerando el incremento del básico, las recategorizaciones, pases a planta, mejoras en infraestructura y titularizaciones de cargos interinos.

La FEB, sin embargo, reiteró que no acatará e irá al paro, declarado por 72 horas, a partir de hoy. A su vez, también Udocba anunció medidas de fuerza.

La conciliación fue dictada por el ministerio de Trabajo, cartera que conduce Oscar Cuartango y va dirigida a lo que la gestión provincial considera el "sector minoritario de los gremios docentes", que rechazaron la oferta salarial y ratificaron el paro de hoy.

Desde el gobierno provincial consideraron que, si bien la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el gremio moyanista de Udocba no interrumpirán el inicio de las clases, están desconociendo el acuerdo aceptado por la mayoría de los gremios.

“Lamentamos lo que ocurrió en alguna organización, pero nosotros tenemos responsabilidad institucional, por eso convocamos a la conciliación obligatoria”, señaló Scioli en relación a los paros convocados por los gremios FEB y Udocba.

Alejandro Salcedo, secretario general adjunto de Udocba, gremio que reclama un sueldo básico de 9 mil pesos, expresó en la página web del gremio que "se ratifica el plan de lucha que incluye paro el 2 de marzo, con movilización a La Plata, y el día 3 de marzo paro con asambleas en todos los distritos para evaluar cómo se sigue".

Y remarcó que "nada impide que el paro se realice el lunes próximo”. “No hemos sido notificados (de la conciliación) y aún cuando hubiéramos sido notificados, la medida es de dudosa validez porque el ministerio de Trabajo bonaerense no es el órgano imparcial que exige la Constitución provincial", concluyó.