La causa viene de mucho tiempo y estaba casi sentenciada su suerte, pero en medio el escenario electoral parece haber ayudado a que no pase desapercibida.

Es que cuando todos en el oficialismo la consideraban resuelta, desde lo político, se abrió una nueva investigación, que ahora tiene como principales sospechosos al intendente, Gustavo Pulti; el secretario de Seguridad, Adrián Alveolite; el director de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias; y el concejal de Acción Marplatense (AM), Ariel Ciano.

Dos arrepentidos salieron a hacer declaraciones que complicaron a los altos funcionarios municipales, justo cuando la causa pasaba a juicio oral.

Fueron los ediles radicales quienes, en conferencia de prensa, denunciaron que dos “arrepentidos” habían involucrado a altos funcionarios del Ejecutivo en la venta de licencias de conducir. Pero la cosa no quedó allí, y el bloque pidió al alcalde que el director de Movilidad Ur-bana y el secretario de Seguridad sean separados de su cargo.

“Esta es una prueba más de que el doctor Alveolite, procesado en otra causa judicial por graves delitos, no puede seguir al frente de la Secretaría de Seguridad”, afirmaron los legisladores, quienes no descartaron pedir la interpelación de Pulti para que aclare la situación.

Del otro lado el oficialismo no se quedó con los brazos cruzados y realizó una denuncia ante la prensa: “El carnét de Vilma Baragiola (edil radical) es trucho”, disparó el edil Héctor Rosso, a partir de la información recabada en una auditoría que realizó la Dirección de Movilidad Urbana, dirigida por Iglesias, uno de los imputados en la causa.

También el pultista defendió a los funcionarios municipales. “Desde un primer momento impulsaron la denuncia y se presentaron ante la Fiscalía General. Se pusieron cámaras ocultas, se hicieron grabaciones y se presentaron distintas documentaciones”, indicó.

Por otra parte, Rosso consideró que “las denuncias de los arrepentidos son un disparate”; y sobre la ex presidenta del HCD expresó: “Evidentemente, la licencia de conducir es trucha; es un tema serio, lo pondremos a tratamiento del Concejo Deliberante”.

Finalmente, el edil de Acción Marplatense enfatizó: “Nos satisfacen estos nuevos allanamientos realizados en el distrito descentralizado El Gaucho. Es importante que se siga investigando”, refiriéndose al nuevo operativo que realizó el personal de la Dirección Departamental de Investiga-ciones (DDI) y de la Fiscalía en el edificio donde se otorgan los permisos de conducir, a raíz de la nueva pesquisa.

“Belmonte decía que tenía tarjetas de Pulti con nombres de la gente que le mandaba para que se le hicieran registros truchos"

Los "arrepentidos", Brenda Burgos y Jorge Rubilar, fueron quienes emitieron las declaraciones que obligaron al Ministerio Público Fiscal a iniciar la nueva IPP para investigar la posible participación de funcionarios de un rango superior al del entonces jefe de la división Licencias, Juan Carlos Belmonte, quien actualmente se encuentra con arresto domiciliario.

La ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis gestiona financiamiento para infraestructura en Corea, en el marco de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII).

Allí se reunió con funcionarios del Gobierno Coreano, Organismos de Créditos Internacionales y Fondos de Inversión, para gestionar el financiamiento para siete proyectos de infraestructura. Entre ellos se encuetran, entre los mas destacados, la mejora de la capacidad del cauce del Río Lujan y la Ruta Provincial Nº51.

La gira de la titular de la cartera económica comenzó en la ciudad de Seul donde se reunió con funcionarios del gobierno nacional coreano, representantes de agencias de cooperación, y fondos soberanos. Ademas visitó la Oficina Comercial de Corea (KOTRA), la Asociación Coreana de Alimentación, la provincia de Gyeonggi, el Instituto de Tecnología Industrial de Corea, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), el Instituto de Economía Industrial y Comercio (KIET), el Ministerio de Estrategia y Finanzas y el Ministerio de Industria, Comercio y Energía.

Las obras a las que se apunta para financiamiento demandarán inversiones por alrededor de 2.500 millones de dólares. Se trata de la sistematizacion hídrica y de control de inundaciones en la cuenca del Arroyo Las Perdices; la modernización del Parque de generación de Centrales de la Costa S.A; la segunda etapa de la construcción del Acueducto Río Colorado- Bahía Blanca; la mejora de la capacidad del cauce del Rio Lujan; la autovía RP Nº51; la pavimentación y la repavimentación de la RP Nº60 y el Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología mediante la incorporación de tecnología para la producción y la competitividad.

La Ministra estuvo acompañada por la Subsecretaria de Coordinación con Estados y Organismos de Crédito Internacionales, Karina Angeletti, y la Directora Provincial de Financiamiento Internacional Bilateral, Analia Tello.

"Que digan a qué área piensan recortarle los $110 mil millones que hoy recauda Ganancias" apuró el diputado provincial del espacio de Martín Sabbatella, a los precandidatos presidenciales del PRO y el Frente Renovador.

El diputado provincial por Nuevo Encuentro, Adrián Grana, realizó esas declaraciones al criticar la convocatoria al paro de actividades de un sector gremial para el

mañana martes.

"Ganancias es una excusa para ponerle palos en la rueda a este gobierno", aseguró el legislador y le reclamó a Massa y a Macri que digan "a qué área de gobierno o a qué provincia le van a aplicar el recorte que significaría que el Estado deje de recaudar los 110 mil millones de pesos de Ganancias".

Sobre el paro convocado para el martes, Grana aseguró que "esos dirigentes gremiales desprecian al gobierno kirchnerista y las políticas que viene implementando porque la negociación en paritarias, que es uno de los logros de la gestión, los dejó expuestos y sin posibilidad de maniobrar en las sombras".

Grana tildó a los candidatos presidenciales del PRO y el Frente Renovador de "oportunistas" al asegurar que "convocan a un paro y automáticamente aparecen los oportunistas de siempre a convertirse en sus voceros".

"Es hora de que tanto Macri como Massa digan cómo es que piensan hacerlo y a qué área de gestión o a que provincia le van hacer un recorte de 110 mil millones de pesos, que es lo que el Estado nacional recauda con Ganancias. Porque no sólo quieren volver al pasado con recetas de ajuste y achique del Estado, además le mienten a la gente", opinó el legislador sabbatellista.

"A Massa y Macri todos los colectivos los llevan, con tal de quedar enfrentados a este Gobierno se suman a cualquier reclamo, ya lo vimos antes y lo volvemos a ver ahora. Se pusieron al frente de las protestas del Partido Judicial por la causa Nisman; se abrazaron con las patronales del campo, quieren pagarle a los fondos

buitres, y ahora también se suman a una acción gremial. Ellos atienden en todos los mostradores, evidentemente a alguien le están mintiendo porque no se puede quedar bien con todos al mismo tiempo", concluyó Grana.

El legislador radical, Gustavo De Pietro, detalló que el proyecto de ley de Ética Pública amplía el universo de funcionarios comprendidos en el régimen –que incluye al Gobernador, Diputados, Senadores, Jueces, Fiscales y todo empleado público que tenga por función administrar un patrimonio público-”.

Y afirmó que “obliga a presentar la declaración jurada patrimonial a las 72 horas de haber asumido en el cargo, a renovarla anualmente y a comunicar dentro de los 30 días de producida cualquier modificación sustancial del patrimonio”.

Además se incorpora el deber de presentar una última declaración jurada a los 30 días de haber cesado en el cargo, a la par que mantener actualizada la información hasta 2 años después de ese hito”.

La iniciativa establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades para los funcionarios públicos bonaerenses, renueva íntegramente el régimen de declaraciones juradas patrimoniales que deben presentar, ampliando el universo de las personas comprendidas y reformando el sistema de presentación, conservación y publicidad de las mismas.

El proyecto, además, impulsa la creación de la Comisión Provincial de Ética Pública, que estará encargada de la recolección de la información y actuará como contralor del cumplimiento de la ley, determinando el destino de los obsequios que reciban los funcionarios públicos, prohibiendo la publicidad oficial que implique la promoción personal de los funcionarios, y promoviendo las denuncias necesarias para garantizar el cumplimiento de la norma.