La iniciativa fue presentada por el diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Christian Castillo, y elaborada en común con los trabajadores y delegados que estuvieron detenidos en dicho centro clandestino.

La sesión contó con la presencia de Jorge Constanzo, de la Comisión de ex delegados y obreros de Ford de 1976. También asistieron trabajadores de importantes automotrices como la Volkswagen, de Pacheco, y los “indomables de Lear”, Rubén Matu y Damián González.

Tras finalizar la votación, el diputado Castillo sostuvo que “votar este proyecto es emblemático por el momento en que lo estamos haciendo, ya que son preocupantes los fallos recientes que favorecen a empresarios imputados en juicios de lesa humanidad, como Blaquier y Massot. Cuando el juicio contra personal jerárquico de Ford que había logrado sortear inmensas dificultades, se viene demorando y no se inicia"

El legislador interpretó que "con la media sanción de esta expropiación estamos dando una clara señal política para avanzar con poner en el centro las responsabilidades de los empresarios que fueron los que orquestaron el golpe de estado de 1976”.

Y fundamentó sus dichos en los datos que afirman que “En nuestro país llegó a haber 634 centros clandestinos de detención y muchos de ellos funcionaban dentro de las grandes fábricas".

Es por eso que concluyó que "No podemos hablar solamente de la complicidad civil durante la dictadura porque en realidad el poder económico más concentrado fue el que impulsó el golpe para deshacerse de la ‘rebeldía obrera’ y aumentar la productividad en las fábricas” sostuvo Castillo.

El diputado de izquierda agregó que “Ford y Mercedes Benz fueron las dos automotrices donde se concentró la mayor cantidad de desapariciones forzadas de la industria”.

Para finalizar Castillo dijo que “este proyecto que estamos votando les pertenece a los detenidos desaparecidos y a ellos quiero rendir homenaje, pero también a quienes hoy dentro de esas mismas fábricas luchan y resisten contra el despotismo de la patronal y contra la burocracia sindical que en ese momento se asoció a las

multinacionales para desaparecer obreros y hoy se asocia a las empresas como Lear para sacar a los compañeros combativos de la fábrica”.

Se trata de una ordenanza aprobada, recientemente, por el Concejo Deliberante de La Plata, que estipula como requisito que los interesados tengan su cuenta sueldo en el ex Banco Municipal.

La medida rememora la propuesta que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicitó este último mes, pero, la diferencia radica en que no se trata de un crédito sino de un seguro de caución.

Así, la Municipalidad platense servirá de respaldo ante las inmobiliarias en los casos de aquellas personas que no cuenten con garantías propietarias, quienes pondrán como aval sus haberes.

Se estima que en 20 días el ente ya estará en condiciones de asesorar a los primeros interesados. La ordenanza establece que podrán acceder a esta garantía los empleados que quieran alquilar una vivienda única de hasta un valor mensual de 5 mil pesos, con expensas incluidas.

Ante eventuales incumplimientos por parte del inquilino, el Municipio podrá ejecutar sin necesidad de juicio previo el 20% del salario garante, en las cuotas necesarias hasta completar la deuda.

Es quizá una de las primeras acciones en bloque que toma el frente de partidos y fuerzas progresistas que encuentran a Margarita Stolbizer como referente a nivel nacional.

Los Concejales progresistas Esteban Vallarino (Partido Socialista), Gabriel Jara (GEN), Nahuel Segovia y Andrea Vanuffelen (Libres del Sur) expusieron sus motivos para rechazar la rendición de cuentas del período 2014.

Vallarino aseguró que: “la concentración de los recursos y del gasto generan gran dependencia económica y política de la Municipalidad. Luego de casi 20 años de la misma gestión"

Y resumió: "estamos sumergidos en una emergencia permanente que provoca la precarización de los bienes y servicios públicos que deberían llegar a los vecinos".

El edil recordó que: "Dijimos al comienzo del 2014 que luego de la devaluación se venía un fuerte ajuste y que debíamos encontrar los consensos para que los costos no los asuman los más vulnerables; lamentablemente no se escucharon nuestros pedidos y hoy podemos ver las consecuencias”.

Pero, además, detalló que “En esta rendición se repiten varios problemas: la Secretaría de Infraestructura concentra todo los recursos, el contrato de la basura se come el gasto social y el Gobierno Nacional promete fondos que luego envía en cuenta gotas a cambio de sometimiento político.

Por último aseguró que "Duele ver como los $89 millones pagados a Transportes Panizza SRL duplican el gasto en Promoción Social y Educación (Devengado $49.3 millones) y casi cuadriplica el gasto en Desarrollo Humano ($22.6 millones). Todavía estamos esperamos los fondos prometidos para la línea Comunal, pavimentos, cloacas y la remodelación de la Estación Ferroviaria”.

La Directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Nora De Lucía, manifestó, ayer, que “la filial SUTEBA, de Tigre, está llevando adelante una manifestación partidaria con una clara intencionalidad política, ya que el reclamo que llevan adelante es algo solucionado y comunicado a ellos hace 15 días”.

La funcionaria de la gestión política provincial explicó que “El retraso en la carga de los datos que llevó adelante la Secretaria de Asuntos Docentes del municipio de Tigre, provocó que quienes estaban ejerciendo reemplazos en las aulas producto de licencias de docentes titulares, vieran retrasados el cobro de sus haberes”.

Y para asegurar que los docentes en conflicto fueron notificados del problema administrativo, aseguró: “En las distintas reuniones en las que participaron la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Trabajo, y en donde en conjunto con la conducción provincial de Suteba se resolvió el conflicto, se les comunicó que

el 21 de abril, tal como sucedió con el 80% de los docentes, iban a cobrar esos haberes y el resto lo hará el 5 de mayo próximo”.

Es por ello que para De Lucía el conflicto que se desató en Tigre es “una protesta por un reclamo ya resuelto por la Provincia generado por la ineficiencia del municipio de Tigre y con una carga maliciosa”.

En igual sentido se había manifestado ayer el titular general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, al poner en duda la intencionalidad de la protesta encabezada por la titular de SUTEBA Tigre, Gabriela Macauda.