El encuentro estuvo encabezado por el diputado bonaerense del Frente para la Victoria, Marcelo Torres. Según sus palabras la seguridad “no es asunto exclusivo de la policía y el sistema penal”.
Torres, que preside la Comisión Bicameral de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue el organizador de un encuentro del que participaron expertos, académicos e investigadores y en el que la mayoría de los expositores coincidieron en la necesidad de un abordaje del problema de la inseguridad "no punitivo".
El legislador evaluó que “la solución es compleja y multidisciplinaria y tiene que ver con la inclusión: la inclusión económica y social, que tiene que ver con el horizonte de expectativas y la posibilidad de tener un futuro, pero también política, en el sentido de que los ciudadanos se involucren y definan cómo quieren convivir, con qué tipo de seguridad, eso es seguridad democrática".
"En la última década, en América Latina se ha reabierto el camino de la movilidad social. La estigmatización de los pobres es un recurso de los que intentan abortar esa ilusión”, concluyó.
Mario Coriolano, Defensor de Casación Penal Bonaerense, consideró que “la cuestión a tratar no es sólo el delito, sino el marco para la convivencia social" y dijo que "en la actualidad, el abordaje se da desde la policía, la justicia penal y la cárcel; ese sistema sobrecriminaliza a los sectores más vulnerables".
"Esa es la razón por la que no bajan los índices de criminalidad, independientemente de cuántos policías, patrulleros y cámaras pongamos en la calle, a expensas de partidas de educación u otras áreas”, analizó y sostuvo también que el control político civil de las fuerzas de seguridad "es indelegable".
Sostuvo que “cuando este control no está, se allana el camino para que sectores policiales y judiciales se involucren con el delito complejo en general y el narcotráfico en particular, que es el más rentable. Sólo así la policía saldrá del actual estado de descrédito social”.
En tanto, la politóloga e investigadora del CONICET en violencia política y conflictos armados Gina Paola Rodríguez relató exitosas experiencias en Bogotá y Medellín, en Colombia, su país de origen, donde -dijo- "se combina presencia de policía desarmada en zonas de mucha población en tránsito, como ferias callejeras y estaciones de transporte público, con intervenciones estatales no punitivas, tendientes a recomponer el tejido social, en barrios de alta conflictividad".
Afirmó que “no se puede establecer criterios estadísticos serios que relacionen pobreza con delincuencia ni con consumo de drogas" y agregó que "lo único cierto al respecto es que las clases bajas son víctimas de delitos con mayor frecuencia".
"Esto se debe a que la presencia policial se concentra en las zonas urbanas y céntricas de las ciudades, dejando 'liberados' los barrios periféricos, generando un terreno más propicio para el delito de pobres contra pobres", finalizó Rodríguez.
