"El Código Educativo, como iniciativa de sistematización de la norma existente no figura en la agenda legislativa, ya que actualmente se encuentra en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica de la HCS para su estudio y recepción de aportes", sostuvo Oliva.

El proyecto había tomado estado parlamentario durante el mes de abril, pero fue frenado para que "los legisladores y los distintos actores que componen la comunidad educativa" tengan la oportunidad de "enriquecer y jerarquizar el texto original".

De hecho, el propio vicegobernador de Buenos Aires y titular del Senado, Gabriel Mariotto, le había dicho al gremio Suteba que el Código Educativo "no figuraba en la agenda legislativa".

Oliva pretendía unificar la normativa educativa provincial, cuyo texto habilitaba a los estudiantes secundarios a formar parte de la evaluación del trabajo docente. La opinión del alumnado iba a significar el 11% del total de la nota. Además, esa suerte de auditoría incluía las consideraciones de colegas, superiores y padres de los alumnos, y hasta una "autoevaluación" del propio educador.

La reforma también establece la creación de "bloques educativos" en los primeros dos años, que fijaba que el mismo profesor pueda dar las materias troncales. El texto contempla además que en el último tramo de la escolarización del joven se permitan elaborar "trayectos alternativos" para que los adolescentes puedan cursar sólo las asignaturas que les sean útiles para una futura carrera universitaria o terciaria.

Tras conocerse el proyecto, la Federación de Educadores Bonaerenses rechazó la iniciativa porque "impone a los docentes obligaciones absurdas y fuera de la ley, modifica estructuras escolares y deja sin efecto acuerdos paritarios".

Poco después llegó el posicionamiento del Suteba de Roberto Baradel, gremio que expresó su "absoluto rechazo" a la reforma. "Cualquier tema que pretenda modificar el marco regulatorio de nuestras condiciones de trabajo debe ser indefectiblemente parte de la agenda paritaria", señalaron desde el sindicato.

La denuncia se realizó "en el marco de un proceso privatizador de la Costa aprobado el 20 de diciembre del 2012 en el Concejo Deliberante, entre gallos y medianoches, a plena madrugada", con esas palabras una vecina de Vicente López explicó el reclamo que se está llevando adelante sobre los espacios costeros del distrito.

"La causa cayó en el juzgado de la doctora Sandra Arroyo Salgado y luego trataron de quitarnos como querellantes pero, finalmente, la resolución de la sala 4 de casación Penal nos reconoció en la causa 16.406, dado que Macri intentó echarnos para quedar sobreseído, apoyando una decisión arbitraria de la Cámara Federal de San Martín, la cual fue anulada", dijo Digiano.

Agregó que "nosotros apelamos su sobreseimiento porque no realizó la pericia de la documentación falsificada y además ningún proyecto cuenta con los estudios urbanísticos y ambientales necesarios".

No obstante, Digiano relató que "los intentos privatizadores vienen desde el 2004 cuando quisieron hacer un shopping, luego torres, más tarde se iban a usar esas tierras -públicas- para el estadio que iba a ser de Marcelo Tinelli, y ahora vienen con la historia del helipuerto".

En tanto, el año pasado, los vecinos denunciaron que el edificio del Diario La Nación les "sacaba toda la electricidad y energía a la zona debido a que se construyó sin contar con los estudios de factibilidad eléctrica necesarios".

"Gracias a los vecinos que tenemos el valor de enfrentar la verdad de los negociados sin ley, del poder, constatamos que hubo incumplimiento de deberes de funcionario público por parte del ejecutivo municipal y de todos sus cómplices", destacaron.

Entre ellos citaron que "la causa por el Helipuerto 16.406/12 del proyecto Al Río, donde también es propiedad de La Nación S.A, producto de que se firmó una escritura conformando una parcela global donde son socios Carrefour, y Luis De Narváez (hermano de Francisco)".

Se trata de un 15 por ciento de las facturas que la empresa estatal ABSA debería recomponer a los usuarios afectados por el "tarifazo" de 2012, hasta tanto resuelva la cuestión de fondo.

La medida ordena suspender la devolución parcial de los montos cobrados de más en el período 2012-2014 hasta tanto la propia Cámara se expida sobre la apelación presentada por la empresa.

Vale recordar que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el "tarifazo" del 180 por ciento en las boletas de agua al considerar que el aumento se decretó sin la realización de una audiencia pública, y obligó a ABSA a reintegrar a los usuarios unos 1.800 millones cobrados desde junio de 2012.

En este marco, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó una medida cautelar obligando a la empresa a descontar a los usuarios el 15 por ciento de las boletas hasta tanto se determine cuánto le corresponde a cada usuario y de qué forma se hará efectivo el pago.

Sin embargo, ante la apelación de ABSA, la Cámara superior definió suspender el fallo hasta tanto se expida sobre la cuestión, algo que podría demorar varios meses.

Según lo expresó el primer mandatario provincial se abre el camino para permitir mayores alcances en los tratamientos. Lo anunció, ayer miércoles, a las 11 de la mañana, en compañía del ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia.

De esta manera, Daniel Scioli presentó los nuevos alcances de la Ley Provincial de Fertilización Asistida.

El Gobernador informó sobre el decreto publicado recientemente en el Boletín Oficial, y celebró además junto a familiares, el nacimiento de los primeros 800 bebés, a 4 años de su implementación, en el Salón de Usos Multiples (SUM), de Casa de Gobierno.

Los trabajadores de la Educación nucleados en la Unión de Docentes de Buenos Aires (UDOCBA), de filiación moyanista, le reclaman a la gestión política provincial, negociaciones paritarias formales que "no se llevaron a cabo este año (sólo reuniones de mesas técnicas salariales sin acuerdo firmado por las partes)".

A través de un comunicado pidieron 9 mil pesos de base, y ambién solicitaron "acciones concretas garanticen la integridad de los docentes en las escuelas ante el creciente número de casos de violencia física y verbal".

A su vez, exigieron dar marcha atrás "con el proyecto de Código Educativo presentado por el senador del Frente para la Victoria, Gustavo Oliva, que intenta violar derechos consagrados en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional, derogar la Ley de Educación Provincial y derogar el Estatuto del Docente (Ley 10579 y complementarias)".

Se trata de la línea gratuita 0800 22ABOGADO (2264236), habilitada hoy en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, durante una jornada de concientización en la que participaron más de 600 alumnos bonaerenses.

“El Estado debe acompañar con todos sus instrumentos a aquellos que son víctimas de tránsito para asegurar el cumplimiento de ley. El 90% de los siniestros viales son causados por el factor humano, por eso reforzamos la concientización en todos los sectores, pero principalmente a los chicos de hoy, que son los conductores del mañana”, remarcó el gobernador Daniel Scioli.

La jornada de capacitación se realizó hoy en las instalaciones de Autopistas Buenos Sociedad Anónima (Aubasa), concesionaria de la Autopista Buenos Aires-La Plata, y estuvo encabezada por el Jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez y el ministro de Justicia Ricardo Casal.

El Jefe de Gabinete provincial y el ministro de Justicia firmaron un convenio para la implementación de un sistema integral de asistencia a víctimas de siniestros viales que brindará acompañamiento a las víctimas y familiares en el proceso de reparación y restitución de derechos.

De esta manera se ofrecerá asistencia y orientación jurídica hasta la resolución del proceso judicial y patrocinio jurídico gratuito a través de los Colegios de Abogados para quienes lo requieran.

Al respecto, la presidenta de la Asociación “Madres del Dolor”, Vivian Perrone, destacó que “es muy importante que el Estado acompañe a los familiares de las víctimas de tránsito, ya que además de sufrir la pérdida de un ser querido, muchas veces tienen que padecer a abogados oportunistas que acrecientan el dolor”.

"A partir de ahora los familiares contarán con una línea gratuita 0800 22ABOGADO (2264236) que los asesorará jurídicamente", destacó.

Durante la jornada, unos 600 alumnos de escuelas bonaerenses participaron de talleres y una charla informativa coordinada por especialistas de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV) y la Agencia Provincial de Transporte.

En la actividad estuvieron presentes representantes de las asociaciones de víctimas "Madres del Dolor", “Amor y Respeto al Prójimo”, “Asociación Argentina de Volantes”, “Aprevi”, “Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito”, “Tecpremer”, “Fadeac” y “Conduciendo a Conciencia”.