Aníbal y Solá, salpicados por la masacre de Avellaneda

El Frente Popular Darío Santillán renovó sus críticas contra los candidatos a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández y Felipe Solá, en el marco del juicio que investiga la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

“Repudiamos la presencia de los responsables políticos de la represión en las próximas elecciones -indicó en un comunicado el FPDS- Deberían estar respondiendo ante la justicia en vez de estar haciendo proselitismo”.

Desde la agrupación se responsabiliza a Aníbal Fernández, jefe de gabinete y candidato por el Frente para la Victoria, quien era en aquel entonces Secretario General de la presidencia. “Fue quien justificó los asesinatos de nuestros compañeros aludiendo a un supuesto ‘cronograma de hostilidades´ y mintiendo que los desocupados hablábamos en nuestras asambleas de ´lucha armada´”, explicaron.

En tanto, también renovaron sus críticas contra Felipe Solá, candidato del Frente Renovador que se vuelve a presentar para el mismo cargo que ocupó en 2002. “Como gobernador felicitó y avaló públicamente el accionar del comisario Fanchiotti”, sostuvieron. Cabe recordar que el ex comisario Alfredo Fanchiotti fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de los militantes.

Del mismo modo, el FPDS señaló a Jorge Vanossi, también candidato del Frente Renovador para el Parlasur, quien fue ministro de Justicia de Eduardo Duhalde y “estuvo a cargo de la operación de acusar de sediciosos a los piqueteros”.

Esta mañana, junto a familiares y a la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, el Frente Popular Darío Santillán concentró frente a los Tribunales de Comodoro Py debido a la declaración de Eduardo Villalba, quien era secretario de Seguridad de Avellaneda en ese entonces.

La causa investiga las responsabilidades intelectuales y políticas de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados los militantes y más de 30 personas resultaron heridas con balas de plomo.

Alberto Santillán, padre de Darío, reveló que la causa se encontraba archivada y ahora buscan calificar bajo la tipificación de "delitos de lesa humanidad" los hechos cometidos durante la masacre del 26 de junio de 2002.

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