Las esquirlas del Niembro Gate alcanzaron a Posse y le piden la renuncia
"Así como le pedimos explicaciones a Niembro por el caso de corrupción de su productora, esperamos que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, explique ante la Justicia por qué está bajo la lupa por malversación de fondos del plan de viviendas", dijo a Télam Galmarini.
El intendente de San Isidro había sostenido anoche que, tras conocerse las contrataciones irregulares de la empresa La Usina -propiedad de Fernando Niembro- con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por más de 20 millones de pesos, "no elegiría a Niembro como diputado nacional".
"Niembro hizo bien en presentarse ante la Justicia pero hace mal en ser candidato. Si ustedes me dicen si hoy en estas condiciones lo elegiría a Niembro como candidato a diputado nacional, les digo que no, en ninguno de los lugares, porque se trata de una persona que está afectada", dijo.
"Él va a tener su oportunidad como tantos en un expediente judicial de demostrar su absolución. Hoy no es el candidato ideal obviamente. Esto no quita las posibilidades y el rango que tiene Mauricio Macri para ser presidente", cerró.
Las declaraciones del dirigente bonaerense provocaron rechazo dentro del Frente Renovador, y recordaron que a principios de enero de este año, Posse quedó involucrado en una denuncia por un millonario fraude en la construcción de viviendas que involucra más de 400 millones de pesos, judicializada por el fiscal Jorge Di Lello.
Posse fue parte del Frente Renovador hasta febrero pasado, cuando anunció su alejamiento de esa fuerza con intención -fallida- de competir en la interna de Cambiemos con María Eugenia Vidal en las PASO, en pos de lograr la candidatura a la gobernación bonaerense.
En la investigación preliminar fueron imputados Posse, dos de sus secretarios y empresarios por la implementación en San Isidro del Plan Federal de Viviendas, en una denuncia por subejecución de obras y la adjudicación a empresas constructoras ligadas a funcionarios locales.
La sospecha radica en una presunta defraudación contra la administración pública por no haberse realizado las obras que comprometieron, principalmente, fondos del Estado Nacional por más de 410 millones de pesos entre ese año y 2007.
La denuncia había sido presentada por la concejala del Frente Renovador del distrito, Marcela Durrieu, originada por "reclamos efectuados por vecinos de los barrios precarios de San Isidro", dado que "a la fecha no se ha dado cumplimiento con la totalidad de las viviendas y obras de infraestructura que se habían proyectado".
"Se preveían construir 3.246 viviendas, cantidad que supera ampliamente las proyectadas para Municipios de menores recursos como La Matanza (donde se proyectaba construir 1.333 viviendas) de acuerdo con el Anexo I del Convenio Marco" del programa de viviendas, indicó Di Lello en base a la documentación recopilada.
En el caso, de acuerdo al fiscal, tomaron intervención la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "los cuales establecieron que el PFV no se había cumplido de acuerdo a lo estipulado, que la cantidad de viviendas construidas era mucho menor a los proyectado" y que estas "cumplen con las condiciones habitacionales básicas y que carecen de los servicios necesarios, entre otras deficiencias".
