La escandalosa fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez, que se escaparon por la puerta del penal de máxima seguridad de General Alvear, genera la inevitable pregunta de "cómo fueron capaces de financiar la compra de voluntades" para lograrlo. Pero también, sobre si se trata en realidad de una maniobra política para perjudicar al gobierno recién estrenado en la Provincia o una devolución de favores por su rol activo en la campaña anti K.

Esa misma pregunta se hace el abogado de Cristian Lanatta, uno de los prófugos. Roberto Casorla Yalet habló de "corrupción penitenciaria", en esa cárcel en particular, la Unidad Penal 30 de General Alvear. Y trató de despegar a su defendido de cualquier implicancia política.

Para Casorla Yalet no hay duda que la fuga de estos tres condenados contó con la ayuda de alguien dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, una fuerza de seguridad que tiene en su haber varios episodios de corrupción institucionalizada. "No hay manera de que ningún interno pueda acceder a contar con uniformes o ropa similar al personal", consideró en declaraciones a Radio La Red.

Mientras tanto el experto en Políticas Penitenciarias y hasta hoy Subjefe del Servicio Penitenciario Nacional, Fernando Díaz, asumirá como nuevo Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en reemplazo de Florencia Piermarini, quien será dejada cesante del cargo que ejercía al momento de la fuga.

Piermarini había presentado la renuncia a su cargo el pasado 23 de diciembre, pero no le fue aceptada dado que el Servicio no podía quedar acéfalo. Hoy las autoridades bonaerenses decidieron finalmente cesantearla y designar su reemplazo.

También Díaz designará a los cinco nuevos integrantes de la cúpula del Servicio Penitenciario, que reemplazarán a los siguientes miembros que fueron relevados de sus cargos.

Plana Mayor: Director General de Coordinación, Inspector General (E.G.) Claudio Cardo; Director General de Asistencia y Tratamiento, Carlos Russo; Director General de Seguridad, Inspector General Marcelo Rotger; Director General de Instituto, Inspector General Gabriel De Murtas, y Subdirector General de Recursos Humanos, Alberto Paez.

En lo que respecta a la Unidad Penitenciaria N° 30, de General Alvear, la cúpula quedará así integrada: Director, Prefecto Mayor (E.G) Manuel Guevara y Subdirector, Prefecto (E.G) Ariel Elichelibeti

Además, la semana próxima va a asumir el nuevo Subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Baric, reemplazante de César Albarracín que cesó en el cargo el 10 de diciembre pasado, junto a la gestión provincial anterior.

“El autoritario decreto del actual gobierno es violatorio de las instituciones democráticas”, expresó el senador bonaerense y titular del PJ de Lanús, Darío Díaz Pérez, quien se refirió a la intervención y allanamiento de AFSCA.

“Hacemos llegar todo nuestro apoyo y acompañamiento a Martin Sabatella y a Norberto Berner ante el atropello institucional del cual son verdaderas victimas .Y lo hacemos no solo porque ellos son las legitimas autoridades de la AFSCA y del AFTIC sino también porque apoyándolos estamos respaldando la Constitucion Nacional, la libertad de expresión y la Ley de Servicios De Comunicación Audiovisual”, sostuvo el exintendente de Lanús.

Además, sostuvo que “el autoritario decreto dictado por el actual gobierno es violatorio de las instituciones democráticas y afecta los legitimos intereses del pueblo”.

Por otra parte, lanzó una advertencia al actual gobierno: “Y no olviden quienes desconocen a la ley y al derecho que como dijera el General Peron 'Cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento'”.

El municipio de Lomas de Zamora volvió a cargar contra las empresas de servicio por deficiencias en la prestación y por la calidad de la atención que brindan a sus usuarios.

El reclamo se produjo luego de que el intendente, Martín Insaurralde, realizara las presentaciones judiciales contra AySA por falta de inversiones.

Ahora desde el ejecutivo municipal extendieron el reclamo a Edesur para la falta de suministro en lo que hace a la energía eléctrica del distrito del sur.

Desde el Municipio, sostuvieron que la exigencia apunta a que se brinde “un servicio eficiente y de acuerdo con las necesidades de la población” en el distrito, que se vio afectado por reiterados cortes de suministro.

Desde la comuna, indicaron que “se reclama a la empresa prestadora acompañar con inversiones el crecimiento de la demanda en el Municipio”, al tiempo que sostuvieron que enviaron una carta “dirigida al gerente general de la empresa”, donde aducen la “falta de mantenimiento y retraso en la ejecución de las obras necesarias en la red de distribución eléctrica”.

La flamante ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, al igual que la Defensoría del Pueblo bonaerense, debieron salir a presionar a las droguerías bonaerenses ante el faltante de medicamentos. Es así que dictó una resolución fundamentada en el artículo 36 inciso 8º de la Constitución Provincial, que reconoce al medicamento, por su condición de bien social, como parte integrante del derecho a la salud.

Hacen mención a que, de conformidad con el artículo 1º de la Ley Nº 10.606, "la farmacia es un servicio de utilidad pública para la dispensación de los productos destinados al arte de curar".

Es que las empresas que abastecen a las farmacias de la Provincia habían decidido unilateralmente suspender la provisión los sábados a la tarde, domingos, feriados y días no laborables.

A raíz de esa situación, la cartera sanitaria provincial fijó una audiencia de la que participaron autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia; de la Defensoría del Pueblo, que en las últimas horas obtuvo de la Justicia un amparo para normalizar la provisión de remedios; y las droguerías, con la intención de acercar posiciones y garantizar el abastecimiento de medicamentos todos los días del año.

"Nosotros tenemos dos grandes misiones. Una es volver a poner a la Escuela en el centro de la escena y la otra, es jerarquizar a los docentes. Sin embargo, es importante que empecemos a tomar conciencia de que la provincia de Buenos Aires ha dejado de ser la hermana mayor rica del país", destacó.

"A nosotros nos es muy difícil decir que vamos a construir sobre lo construido, porque aquí lo que hemos encontrado es una carencia enorme de políticas educativas en los últimos años; no sé cuántas, pero sí hemos observado grandes carencias", manifestó en referencia a cómo se encontró la educación provincial.

Y profundizó: "Tenemos en este momento una ley mandada a las cámaras legislativas para declarar la emergencia en infraestructura en toda la provincia, pero estamos preocupados por la situación edilicia de las escuelas. Necesitamos que nuestros alumnos estudien en condiciones dignas, igual que en todo el país. Los invitaría a recorrer lugares en el territorio bonaerense que, les puedo asegurar, tienen un grado de pobreza y marginalidad igual al de muchas otras provincias. Estoy diciendo esto para romper ese mito de que Buenos Aires es la más rica".

"Necesitamos volver a jerarquizar a nuestros docentes, en lo salarial por supuesto, sabiendo que las arcas están vacías y que vamos a hacer el esfuerzo más grande, con la mayor imaginación y sabiendo que dentro de la negociación no descartamos ningún tipo de hipótesis para poder asegurar y garantizar que comiencen las clases" expresó el funcionario de María Eugenia Vidal.

Los gremios de empleados municipales en Junín no sólo rechazan la posibilidad de que la Provincia anule la ley de paritarias, sino que contraatacan y reclaman un aumento del 45% para la planta permanente del distrito que gobierna Pablo Petrecca.

“Queremos un 30% en febrero y un 15% en agosto, esto siempre y cuando se cumpla con la paritaria, pero Pablo Petrecca nos dice que esto es imposible. De todos modos nosotros no nos vamos a mover de lo que pedimos”, aseguró el secretario general del sindicado de los municipales de Junín, Gabriel Saudán.

En declaraciones al diario “La Verdad”, el dirigente gremial señaló que “la gente está muy preocupada” y “se da cuenta de que con el aumento que nos proponen no vamos a mejorar nuestra situación”.

Por último, sostuvo: “A un compañero que esté ganando 5000 pesos por su categoría, le darían los $ 1050 restantes para que llegue al mínimo. Lo mismo para los que ganan 5500 pesos, para cumplir con la ley. Creemos que es algo tramposo, porque nosotros queremos esta suma incluida en el básico”.