Pese a las intensas negociaciones que se desarrollaron a lo largo de todo el día, los legisladores del oficialismo y del Frente para la Victoria no lograron llegar a un punto de encuentro, por lo que a las 12 de anoche la sesión en la Cámara de Diputados técnicamente se dio por caída.

Es que a lo largo de toda la tarde, las negociaciones giraron en torno al nivel de endeudamiento que solicitó el nuevo gobierno y al cual la bancada del FpV se oponía.

Una fuente legislativa explicó que el FpV propuso un endeudamiento total de 45.000 millones de los cuales 10.000 serían para los municipios, lo que contrastaba con los casi 110.000 que solicitó la gobernadora en su proyecto enviado a la Legislatura.

Si bien el oficialismo contaba con los votos del Frente Renovador y del Frente Amplio Progresista, requería necesariamente del voto del FpV.

Es que según la Constitución provincial, el endeudamiento debe ser aprobado por los dos tercios de los legisladores, mayoría para la que necesitaba de los votos del FpV que cuenta con 36 diputados de los 92 que tiene la Cámara.

En la sesión, también estaba previsto que se trate le Ley Impositiva que prevé algunos cambios en el Impuesto Inmobiliario Urbano con aumentos promedios del orden del 26 por ciento.

Además, el paquete de leyes incluía la declaración de emergencia en Seguridad, el Servicio Penitenciario y en Infraestructura y Servicios Públicos y la limitación a la reelección de intendentes y legisladores, punto que había acordado Vidal con Sergio Massa.

Una fuente legislativa explicó que las negociaciones continuarán la semana próxima para intentar sancionarlo el martes próximo.

El proyecto establecía que el total de erogaciones será de 354.244.282.441 pesos, de los cuales 183.000 millones estarán destinados a la administración central y 97.000 millones a la Dirección General de Cultura y Educación provincial.

El área de Seguridad tendrá un presupuesto de casi 36.000 millones de pesos; Salud más de 22.000 millones; casi 8.400 millones estarán destinados al Ministerio de Desarrollo Social y otros 9.000 millones al de Justicia.

Casi 11.000 millones de pesos fue el presupuesto asignado para el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; 2.800 millones para la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires; 727 millones para Producción, Ciencia y Tecnología; 371 millones para Asuntos Agrarios y unos 624 millones para el ministerio de Coordinación y Gestión Pública.

El escándalo salió a la luz cuando Jorge Ceballos, dirigente de la agrupación Libres del Sur, denunció que El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, nombró a Fernando Pérez, como Secretario de Gobierno y de Derechos Humanos de la Municipalidad, sin que renuncie a su banca de diputado provincial.

“Perez no pidió licencia y ni siquiera comunicó a la Cámara que integra su nueva situación. Así no sólo se plantea una flagrante incompatibilidad de funciones violando todas las disposiciones legales de la provincia sino que, además, se plantea un problema ético y práctico de que un funcionario municipal esté cobrando el salario como Diputado y por supuesto que un cargo de la responsabilidad como el que acaba de asumir exige una jornada completa que torna imposible su desempeño como legislador”, denunció el referente nacional de Libres del Sur, Jorge Ceballos.

Además, apuntó que “la misma gobernadora María Eugenia Vidal impulsó una nueva ley de Ministerios donde precisamente plantea que ningún integrante del Poder Ejecutivo provincial puede a la vez ser miembro del Poder Legislativo, por ende si no puede estar en la provincia tampoco en un Municipio”.

Por último, el dirigente señaló: “La bandera del respeto a las instituciones fue una de las que levantó Cambiemos, en el mismo sentido Martiniano Molina se presentó como la renovación de las prácticas políticas en el distrito de Quilmes. En ese sentido creo que Martiniano debe saber que los ñoquis no son buenos en la gestión”.

A principios de diciembre, el Concejo Deliberante aprobó un incremento del boleto del 23%, pero los empresarios del transporte de Mar del Plata volvieron a la carga y le pidieron al Ejecutivo un nuevo aumento que ronda el 10% más.

La suba, menor a la que estableció el estudio técnico, fijó la tarifa en $5.90; $0.60 menos de lo que habían exigido los empresarios, que este lunes volvieron a la carga con su reclamo de aumento.

Por nota, al cuerpo legislativo, los concesionarios pidieron que la tarifa llegue a $6.49. Entre otros argumentos, usaron el del “déficit económico de la prestación del servicio”. Para los integrantes de la Cametap, “la decisión adoptada por el Concejo afecta profundamente la equivalencia económica de las prestaciones que, como principio, deben mantenerse inalteradas”.

El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, negó haber recibido una nota del empresariado, aún: “Hasta el momento no entró ninguna nota. Nos enteramos a través delos medios y claro que lo conversamos".

“Resulta innecesario y no conveniente, la difusión de versiones inexactas, que puedan afectar o desviar la investigación, que están en manos de las autoridades que por ley corresponde” fueron las palabras del Comisario de la policía local, Ariel Beherán, al conocer la denuncia del nuevo Intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, que acusó "complicidad" policial en una serie de hechos delictivos.

Todo sucedió luego de que el intendente, electo por el Frente Cambiemos, Gonzalo Peluso, vinculara a la policía local con dos robos (y un tercer intento frustrado)ocurridos en los últimos días.

Estas declaraciones salieron a la luz luego de dos robos ocurridos en la noche del pasado 24 de diciembre, donde fueron víctimas el asesor de Seguridad municipal, Carlos Abraham y el Secretario de Hacienda, Andrés García.

En ambos casos, autores ignorados, sin forzar nada, se llevaron dinero y elementos de valor, aprovechando que los propietarios no se encontraban en sus domicilios.

Peluso afirmó además que los responsables "fueron a lugares puntuales y no revolvieron demasiado". Además, se mencionó que hubo un intento en la casa de la hermana del intendente, actual Directora de Desarrollo Humano, pero que el mismo fue impedido por la intervención de una vecina.

El alcalde trazó luego un oscuro panorama respecto a los recursos con los que cuenta en materia de seguridad. “Hay ocho patrulleros, pero ninguno está disponible porque todos tienen averías mecánicas graves”, reveló, agregando que de los 140 efectivos de la Policía Comunal que “figuran en la nómina, solamente están trabajando 20”.

Luego de conocerse dichas declaraciones, el comisario Ariel Beherán emitió un comunicado donde manifestó que el jefe comunal “prejuzgó sospechas inexactas con afectación institucional”.

Según el comisario de Magdalena, que había renunciado a su cargo el pasado 15 de diciembre, pero que aún continúa en funciones, porque todavía no se oficializó quién será su reemplazante, “cualquier prejuzgamiento ajeno a la causa judicial y/o sin conocimiento cabal de las respectivas pruebas existentes, puede resultar injusto, afectar indebidamente a las instituciones y preocupar a la comunidad”.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el massista, Jorge Sarghini, respaldó las medidas anunciadas por la gobernadora María Eugenia Vidal, para mejorar el funcionamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense, a raíz de la fuga de los tres condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.

“Compartimos la preocupación por el avance del narcotráfico y la decisión de luchar contra él y otras mafias enquistadas en las estructuras de poder”, sentenció Sarghini, y agregó que “desde el Frente Renovador apoyaremos la ley de emergencia para el Servicio Penitenciario Bonaerense, de manera de posibilitar su

reestructuración, y optimizar la seguridad en las cárceles y la profesionalización de los agentes penitenciarios”.

El diputado coincidió también en cuanto a “la necesidad prioritaria de construir unidades carcelarias modernas para evitar el hacinamiento de los detenidos y con tecnologías que garanticen la seguridad”.

“Desde la Legislatura, el Frente Renovador trabajará para que hechos como esta vergonzosa fuga no se repitan y acompañará las propuestas que el Ejecutivo tome a tal efecto, ya que de ellas depende la vida de los bonaerenses”, concluyó Sarghini.

"Desaparición de expedientes, destrucción de información y desaparición de maquinaria" fue el motivo por el cual el nuevo Intendente de General Rodríguez, Darío Kubar, prometió llamar a una auditoría externa, luego del proceso de transición de la gestión local.

En conferencia de prensa, el intendente rodriguense se quejó de la transición y el estado en que encontró la comuna. “La gran mayoría de los funcionarios salientes no presentaron su renuncia con lo cual hubo que hacer los decretos de baja para poner en funciones a los nuestros” expresó.

Según Kubar, hubo “funcionarios de la administración anterior que solicitaron ante Recursos Humanos su nuevo destino. Si la ciudadanía eligió un cambio, implica un cambio de equipos”.

Sobre la situación del municipio indicó que “salud, educación, obras públicas son de las más complicadas. Y después hay particularidades que tienen que ver con atraso en lo administrativo”.

“Sabíamos que la transición era compleja por decisión del intendente saliente, que no iba a prestar colaboración. Eso se vio reflejado los primeros días donde nos encontramos las computadoras vacías”.

“Todavía estamos haciendo relevamientos de expedientes. Hay expedientes faltantes y otros donde falta documentación. Vamos a hacer una auditoría externa que nos permita empezar a entrar en la intimidad de cada uno de los procesos” agregó.

En ese sentido, Kubar afirmó que “si lo encontramos (un delito) no nos va a temblar el pulso para hacer las denuncias correspondientes”.