A partir de hoy los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, deberán acatar la ley 14.356, que establece la puesta en marcha de paritarias municipales.
La norma, que fue aprobada hace un año en la legislatura bonaerense, había sido resistida por los jefes comunales, que aducían incapacidad financiera para hacer frente, por ejemplo, al pago del salario mínimo vital y móvil, que asciende a poco más de 6 mil pesos.
Pero la vigencia de la ley llega en un momento de alta tensión en la actividad. Es que en las últimas horas se comenzaron a conocer despidos masivos en distintos distritos del conurbano bonaerense.
El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, denunció el despido de más de 2.600 empleados en ocho municipios de la provincia de Buenos Aires, por lo que declaró el estado de alerta y movilización del gremio en defensa de los puestos de trabajo.
“Los telegramas comenzaron a llegar ayer, en el primer día hábil del año, por eso estamos evaluando con los sindicatos locales cuál es la situación concreta en cada distrito”, afirmó el dirigente sindical.
En diálogo con la agencia Télam, García dijo que se están constituyendo mesas de discusión en algunos municipios para evaluar las características de las cesantías.
“Hay despedidos con cinco, seis, y hasta 12 años de antigüedad, otros sólo de algunos meses”, destacó para agregar que están elaborando un relevamiento “a medida que van llegando los telegramas”.
Los datos recogidos por la Fesimubo hasta indican que en los municipios donde se denunciaron más despidos son Quilmes con unos 1.000 empleados cesanteados y Malvinas Argentinas con otros 900, seguidos por Coronel Vidal (300), Lanús (290), Coronel Suárez (60), Adolfo Alsina (60), Chascomús (32) y Esteban Echeverría (30), lo que suma un total provisorio de 2.672 trabajadores.
Lo preocupante es que la tendencia lejos de revertirse parece agravarse. Cuando todavía estaban resolviendo los pasos a seguir por los ocho municipios en cuestión llegaron novedades nada alentadoras de La Plata. Allí el intendente, Julio Garro, firmó 4500 despidos, muchos de ellos para empleados de planta permanente.
Conocida la situación en la ciudad de la diagonales, los empleados tomaron el Palacio Municipal y el gobierno platense tuvo que recurrir a Gendarmería. Los trabajadores denunciaron que los efectivos los encerraron y los golpearon sin muchas explicaciones.