En un contexto de álgido cuestionamiento a la criminalización de la protesta por el arresto de la referente de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, el gobierno de Mauricio Macri designó al titular de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Gustavo Maure, como director nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.
El funcionario, es titular de una asociación civil que denunció públicamente que la criminalización de la protesta es "inadmisible" y exigió el respeto a la democracia.
En el comunicado, la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), manifestó su preocupación por la reciente detención de Milagro Sala, ordenada por el Juzgado de Control n°3 de la provincia de Jujuy, por “instigar públicamente a personas indeterminadas a ocupar espacios públicos” y suscitar “una alteración del orden público (…)conllevando con sus conductas la alarma colectiva de la población”.
En el mismo sentido, la asociación del flamante funcionario recientemente designado denuncia que la detención a causa de "alteración del orden público" constituye una violación al derecho constitucional a la protesta, a la libre expresión de ideas y a peticionar ante las autoridades (arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional), derechos fundamentales en un sistema democrático.
En este marco, la Asociación por la por la Igualdad y la Justicia (ASIJ), remarcó que "la democracia exige de la discusión pública y, para eso, requiere que los ciudadanos puedan expresarse libremente, hacer llegar sus puntos de vista a sus conciudadanos y, a su vez, oír las expresiones de sus pares"
En esta línea, el funcionario del gobierno nacional, Gustavo Maure, través de las declaraciones de la ASIJ sentenció que "la libertad de expresión es un requisito fundamental para el funcionamiento de la democracia" y añadió que " a menudo, la protesta social se presenta como una de las pocas alternativas para que ciertos grupos –que suelen ser disidentes y/o minoritarios– con dificultades para acceder a medios masivos de comunicación puedan expresar sus ideas y ser escuchados por la sociedad".
"Las expresiones críticas de estos grupos quedarían acalladas si se imposibilitara su manifestación a través de uno de los pocos medios efectivos disponibles para que la ciudadanía las oiga, motivo por el cual estas expresiones deben ser protegidas", sentenció el escrito publicado por la asociación civil.
De esta manera, la Asociación que preside el actual funcionario del gobierno de Mauricio Macri exigió la liberación de Milagro Sala, y mediante el comunicado aseveró que "instamos a las autoridades públicas a retirar toda imputación que sea consecuencia del ejercicio del derecho a la protesta, a abstenerse de cualquier acto de coerción contra quienes se encuentren ejerciendo este derecho constitucional y a priorizar el diálogo como mecanismo para la resolución de los conflictos en una democracia".
Gustavo Maure fue designado recientemente como director nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la justicia.
