Después de la derrota por penales contra el macrismo, todos los ninguneados del PJ creyeron que llegaba la hora de la reivindicación. El ascenso de Mauricio Macri marcaba el momento de la normalización del peronismo, tras una intervención kirchnerista que se había estirado por demasiado tiempo.

Así, la contracara optimista de la derrota electoral era que se acababa el disciplinamiento estatal desde arriba hacia abajo y por orden de la jefa. Según esa mirada, el cristinismo se convertiría casi naturalmente en un progresismo apenas ampliado, un partido más orientado a la nostalgia que a la ambición de poder a futuro.

Ese riesgo, de todas formas, todavía está latente. La posibilidad de limitarse a un papel testimonial se manifiesta en ese discurso kirchnerista que por momentos es demasiado folclórico, demasiado pasado de rosca y enguetado.

Ya lejos de facilidades materiales del Estado, la sobrevida que encontró el cristinismo se basa en un dato hoy constatado por las encuestas: a lo largo de su tránsito por el poder, el kirchnerismo se convirtió en un hecho cultural. Pese a sus problemas comunicacionales y sus dificultadas para renovar su staff de líderes, ese es su principal capital político. Y a su vez es su mayor garantía para mantener protagonismo en el paisaje político.

Así lo marca un interesantísimo sondeo nacional hecho por la consultora Ibarómetro. Según la investigación realizada los días 10, 11 y 12 de febrero sobre una base de 1.200 casos, un 32% de la sociedad se siente cercano al PRO, y un 27,6% se ubica dentro del Frente para la Victoria. En tercer puesto, un 13,1% de la población siente afinidad por el Frente Renovador de Sergio Massa, bastante lejos del 4,8% radical, el 3% peronista no K y el 1,4% de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

En la misma línea, la encuesta de la consultora dirigida por Ignacio Ramírez muestra que Cristina Fernández de Kirchner es vista como la principal referente del espacio opositor por el 44,4% de los consultados, seguida por Sergio Massa con el 20,8%. Más abajo aparecen Daniel Scioli con el 9,0%; Juan Manuel Urtubey con el 2,2%; Margarita Stolbizer con el 2,1% y Juan Manuel De la Sota con el 1,7%.

Macrismo y kirchnerismo, entonces, se consolidan como lenguajes políticos antagónicos y bien contemporáneos. Así, si la vuelta de la democracia asentó un sistema bipartidista PJ-UCR, y la crisis del 2001 derivó en unos 15 años de hegemonía peronista, el nuevo panorama sugiere que hay dos camisetas predominantes: la macrista y la kirchnerista. Pero lejos del bipartidismo cerrado de los ochenta y noventa, cada una de estas dos identidades representa sólo a un tercio de la sociedad.

El tercio restante se muestra más astillado, con excepción del perseverante núcleo massista. A caballo de su propia audacia, Sergio Massa intenta hacerse paso en esta Argentina polarizada. Y no le va del todo mal: en las elecciones presidenciales consiguió retener los votos de su contrincante de la interna, José Manuel de la Sota, y quedó tercero con un 21%. Y desde ese momento ensaya un equilibrio delicado entre cercanía gestual a Macri y críticas a su política económica.

Con esa estrategia de la tercera posición, el massismo no termina de desplazar a los dos actores más importantes (macrismo y kirchnerismo), pero tampoco desaparece ni se diluye. Massa aguanta a la sombra del poder, autopostulado como un plan B peronista, pero más pillo y eficaz que el actual presidente.

Ante esa persistencia del Frente Renovador, el peronismo no kirchnerista ni massista (encarnado principalmente por el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y el diputado Diego Bossio) queda relegado a un lejano cuarto lugar. Y lo más grave para su subsistencia: no queda claro cuál sería su electorado potencial.

Por fuera del reunionismo, la conspiración y las operaciones mediáticas, hay un punto en el que a la oferta política también la determina la demanda. En esa instancia, cuando la política se vuelve una disputa casi física por los espacios de representación, esa tercera versión del PJ no parece encontrar la clientela que le permita pegar saltar hacia la emancipación.

Exkirchnerisma, exmassista ¿y ahora también excurtista?. Ese es el derrotero político de Marcela "Tigresa" Acuña que, en las últimas horas, hizo un gesto de regreso al Frente Renovador para conformar un interbloque de ese partido en el Concejo Deliberante de Tres de Febrero.

Acuña había competido en las PASO del massismo, pero tras su derrota se acercó al entonces intendente Hugo Curto para sumarse a trabajar en su reelección y en la campaña de Daniel Scioli. Una vez consumada la caída del Barón del Conurbano y del exgobernador bonaerense, la expúgil salió en busca de otro destino.

La excampeona mundial de boxeo concretó por estas horas su acercamiento al massismo en Tres de Febrero. Aunque negó que se tratara de un retorno formal al partido liderado por el tigrense que está ordenando su tropa en el Concejo Deliberante de Tres de Febrero, el trabajo los deja más juntos.

El nuevo interbloque "Peronismo Renovador" hará confluir seis miembros o ex miembros del massismo local y será presidido por el excandidato a Intendente por UNA-FR Martín Jofré.

El futuro del Movimiento Evita parece ser una incógnita por estas horas. Y todo indica que ni sus principales dirigentes saben como terminarán las negociaciones, en diversos sentidos, que ellos mismos empezaron en las últimas horas.

Sucede que en medio de tanto revuelo interno que envuelve al peronismo, el Evita comenzó a jugar sus fichas y parece dar los primeros pasos para alejarse del kirchnerismo. Es que los referentes del espacio mantuvieron sus contactos informales con los diputados díscolos liderados por Diego Bossio que rompieron con el FpV y conformaron el Bloque Justicialista en la Cámara Baja.

El encuentro se realizó en la sede del gremio de mecánicos (SMATA) y estuvo encabezada por el Diputado Nacional y jefe del bloque Justicialista, Oscar Romero, quien junto a Ricardo Pignanelli, titular de los mecánicos, recibieron a Jorge Taiana, Leonardo Grosso y Emilio Persico.

La idea de los encabezados por Bossio, que ya sumaron referentes de gobernadores pejotistas, es sumar al Evita para su cruzada en la interna del PJ que muy probablemente termine en el apoyo a Juan Manuel Urtubey. Y todo indica que consiguieron su objetivo.

En paralelo, se acrecentaron los contactos entre el Movimiento y el Gobierno Nacional. Es que desde varias dependencias oficiales confirmaron que el propio Emilio Pérsico mantuvo reuniones con los nuevos funcionarios para mantener parte del sustento estatal que maneja la organización social.

De hecho el avance de las charlas es tal que hoy Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo Social de la Nación, menciono al Evita como una de las organizaciones sociales que "trabajan muy bien" y la diferenció de la Tupac Amaru, organización social demonizada por Cambiemos.

El bloque de concejales platenses del Frente para la Victoria “Nacional y Popular”, encabezado por Florencia Saintout, presentó un pedido de informe para que el municipio explique el estado de situación y las medidas que se hayan llevado adelante en el marco de la Emergencia Ambiental y Sanitaria, que rige desde finales de diciembre pasado.

“Los numerosos basurales que se crean día a día en la ciudad y las denuncias al respecto que se registran en las delegaciones municipales, expresan la falta de medidas estructurales para abordar la problemática”, informaron desde el bloque.

Al respecto, la concejala Saintout señaló que “la acumulación de basura en los barrios de nuestra ciudad es un enorme foco de enfermedades y esto es más preocupante cuando vemos cómo se reproducen los casos de dengue".

En un mensaje hacia la gestión de Julio Garro, de Cambiemos, aseveró: "Es fundamental que el Municipio realice las fumigaciones pendientes para prevenir la propagación de la enfermedad, sobre todo en las escuelas, previo al inicio del ciclo lectivo”.

Asimismo, Saintout sostuvo que “las problemáticas medioambientales requieren un tratamiento integral. No se trata sólo de recolección de residuos, sino también de la prevención de enfermedades infecciosas y el acceso al agua potable, que sabemos que en muchos barrios de nuestra ciudad no es apta para consumo humano. Todos tenemos derecho al buen vivir y es el Estado quien tiene que garantizarlo”.

Además, la edil manifestó su preocupación por los cooperativistas despedidos que realizaban la recolección de residuos en todo Gran La Plata. “Ahora esas tareas serán realizadas por una empresa privada como es Esur, que además viene teniendo serias deficiencias en la prestación del servicio”, finalizó.

La suspensión de la paritaria docente en la Provincia de Buenos Aires ya causa preocupación entre los gremios. Es que María Eugenia Vidal decidió posponer las negociaciones hasta que haya una resolución en la mesa nacional y ahora es todo incertidumbre.

En ese sentido, la titular de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), Mirta Petrocini, expresó su deseo de que el gobierno bonaerense “mejore” la propuesta de aumento salarial ya que se está “muy al límite del tiempo” en que debería comenzar el ciclo lectivo 2016.

Reconoció que “hay una preocupación porque aún no hemos sido convocados por la Provincia y estamos muy al límite del tiempo” y reclamó que es necesario que el Ejecutivo provincial “acerque una propuesta que merezca ser puesta a consideración y debe ser mucho más elevada que lo que ha venido proponiendo en las últimas reuniones”.

Y la gremialista fue más alla: “A cinco días hábiles del inicio de clases, la única certeza es el conflicto porque, al día de hoy, no tenemos una propuesta salarial concreta”, disparó

En este sentido, Petrocini dijo que “siempre se nos acusa injustamente de complicar el normal inicio de clases, pero hoy más que nunca queda claro que si los chicos no pueden comenzar el ciclo lectivo, es responsabilidad de los diferentes gobiernos”.

La semana pasada los docentes bonaerenses rechazaron la oferta de aumento del 24,1 por ciento realizada por el gobierno provincial por considerarla “insuficiente”.

El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, afirmó que el anuncio del aumento del mínimo no imponible que realizó ayer el presidente Mauricio Macri "tiene a sabor a poco" y sostuvo que con las retenciones que el Gobierno le quitó a la minería "se podría financiar el fin" del impuesto a las Ganancias.

"El anuncio de ganancias tiene sabor a poco. Debemos defender el poder de compra de la gente", sostuvo Massa a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, en las que agregó: "Con las retenciones que le quitaron a la minería podrían financiar el fin del impuesto a las ganancias".

Según el diputado, "hay 220 mil personas que no venían pagando ganancias y ahora sí lo van a hacer" y sostuvo que "el salario no es ganancia, es remuneración".

En ese marco, dijo que desde su espacio se propone "escalas por ley y terminar con esto de que cada Presidente decide hasta donde le roba un poco el salario a los trabajadores".

Otro que sumó sus críticas al anuncio fue el diputado Carlos Heller (Partido Solidario), quien  advirtió que con las modificaciones en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias "muchos trabajadores que estaban exceptuados de pagar se encontrarán con la sorpresa de que tendrán que hacerlo".

"Ahora comenzarán a pagar ganancias muchísimas personas que estaban exceptuadas en el nivel de los trabajadores que menos ganan", remarcó, para advertir que "dentro del 10 por ciento que tributaba, muchos van a pasar a tributar menos".

"Lo que se plantea como un beneficio es una presentación mediática que no se ajusta a la realidad de lo que sucederá", cuestionó Heller.

La intendenta de la Matanza, Verónica Magario, venía reclamando un encuentro con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, para trabajar en políticas públicas para el distrito más populoso de la provincia.

Finalmente la reunión tuvo lugar durante el mediodía de ayer en el propio despacho de la mandataria provincial. A la salida de la reunión, Magario se mostró optimista: “Con Vidal abrimos un camino de trabajo para cumplir nuestras responsabilidades con La Matanza”.

“Una reunión muy positiva. A solas por más de hora y media. Y sin dejar afuera ningún tema pendiente”. Así describió la intendenta de La Matanza su primer encuentro formal de trabajo con Vidal.

El acuerdo más destacado del encuentro entre la intendenta de La Matanza y la gobernadora de Buenos Aires, fue la realización de una reunión de gabinetes conjuntos para establecer las prioridades de obras, planes y proyectos.

“Ambas apostamos fuertemente a poder sortear las dificultades para que las inversiones lleguen a La Matanza”, aseguró Magario. La intendenta mencionó su preocupación por las obras hidráulicas.

“Estuvimos las dos solas en una reunión donde pudimos tocar todos los temas. Ella reconoció que La Matanza es una provincia dentro de la provincia y la necesidad que tenemos de articular esfuerzos. Lo más importante para mí es la voluntad que demostró para comprender la delicada situación que tenemos en cuanto a las obras paralizadas que son indispensables”, remarcó la intendenta matancera.

Asimismo, Magario aseguró que “con esta reunión se abre un camino de trabajo conjunto, para cumplir  con la responsabilidad que ambas tenemos con La Matanza”.

En tanto, la jefa comunal hizo un punteo general con el énfasis puesto siempre sobre las obras pendientes de culminación, pero también hizo una reflexión puntual sobre las dificultades que generan las primeras medidas económicas del Gobierno nacional en el pueblo matancero.

“Vemos con preocupación que las medidas económicas de estos primeros meses de gobierno han tenido un impacto negativo sobre el empleo. Hablamos también sobre la seguridad y los recursos que se necesitan para prevenir los delitos, con foco específico en el combate del narcotráfico. En fin, fueron casi dos horas de reunión y pudimos hacer un paneo sobre los temas primordiales”, explicó la intendenta.

Diputados provinciales del FpV mantuvieron una reunión con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, para analizar de forma conjunta  “el impacto social” del nuevo cuadro tarifario de electricidad.

En este sentido, el diputado provincial Walter Abarca recordó que presentaron un amparo judicial contra "los aumentos excesivos que se ejecutaron sin las Audiencias Públicas que establece la Ley”.

“Venimos a pedir la participación de la Defensoría en el amparo que presentamos. Nos preocupa cómo impacta este aumento en el proceso inflacionario que estamos viviendo”, agregó Abarca.

De igual modo, la diputada provincial Eva Ramírez sostuvo que “estamos avanzando en una tercera etapa, mediante firmas de la ciudadanía, solicitando al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que se llame de manera urgente a Audiencias Públicas”.

Los legisladores del FpV, informaron que reforzarán el recurso de amparo presentado a la Justicia Federal con una colecta de firmas contra el tarifazo en los municipios, para lo cual instalarán “mesas de consulta” en los que se podrá firmar contra el aumento y exigir la convocatoria a audiencias públicas.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Marcelo Honores se mostró preocupado por el “impacto social” del cuadro tarifario anunciado por el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, y prometió “asumir las responsabilidades que nos competen como Defensoría del Pueblo”.

En tanto,  los legisladores dieron cuenta del avance del amparo presentado en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº 2 a cargo del Dr. Adolfo Gabino Ziulu. Indicaron que el magistrado, “dio inicio a la acción de amparo contra el incremento de las tarifas”.

“De ser concedida la medida cautelar, requerida dentro del amparo, el gobierno nacional deberá dejar sin efecto las resoluciones perpetradas en relación al incremento de la tarifa eléctrica hasta que el Juez con sentencia definitiva resuelva si fue legítimo o no el obrar del Estado al imponer un tarifazo sin audiencia pública”, aseguraron los diputados del FpV.

Durante la reunión,  participaron también los diputados Ricardo Móccero, Marisol Merquel, Alicia Sánchez, Valeria Amendolara,  Alejandra Martínez y Mauricio Barrientos, quienes pusieron de manifiesto el compromiso del Defensor del Pueblo para “llevar a cabo acciones conjuntas contra el tarifazo eléctrico dispuesto por el gobierno nacional”.

Macri presentó ayer el nuevo Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias ($18.800 para los solteros y $25.000 los casados con dos hijos), pero postergó cambios esperados como la actualización de las escalas y el ajuste automático. El anuncio, que contó con la presencia de 14 sindicalistas en primera fila, dejó un sabor agridulce entre los dirigentes gremiales que esperaban medidas más profundas.

La primera reacción de los sindicalistas que acompañaron a Macri en el acto fue positiva, aunque en el caso de Hugo Moyano ni siquiera espero a irse de la Casa Rosada para mostrar que estaba del todo conforme con el nuevo piso, además de aclarar que la suba no impactará en las paritarias.

“Es importante, es un paso adelante, aunque uno siempre pretenda un poco más”, se sinceró el líder de la CGT Azopardo apenas concluido el acto. “Es un avance, pero faltan todavía muchos temas para discutir”, continuó Moyano, que reconoció que los gremialistas “creían” que la suba “iba a ser un poco más amplia”.

Por su parte Roberto Fernández, titular de la UTA, se mostró "muy contento" por las medidas pero dijo que las mismas impactarán "sólo sobre un sector de los trabajadores, el que está arriba de los 15 mil pesos". De todos modos Fernández aseguró que el Gobierno antes de anunciar un porcentaje debería “hablar de un sueldo de bolsillo que alcance para vivir”.

Entre la cautela y la crítica se repartió también Omar Maturano. El líder de La Fraternidad, sostuvo que el anuncio representó un “avance mínimo”, pero fue más allá. Es que el líder de los conductores de trenes le recordó a Macri que ”debe cumplir su promesa y eliminarlo“.

Otra de las voces de Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, el titular de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, remarcó que el anuncio de Ganancias “es un gesto de Macri, pero no es la solución que esperamos y exigimos“.

Uno que dijo que no asistió al anuncio aduciendo problemas familiares fue Antonio Caló. El secretario general de la UOM, y titular de la CGT Alsina, manifestó que la medida es "un paso adelante". "Compartimos el anuncio del presidente sobre Ganancias y más compartimos el de asignaciones familiares. Me hubiera gustado que sea más de 30 mil pesos pero con algo empezamos". enfatizó.

Dos de los más eufóricos con la medida fueron Gerónimo "Momo" Venegas y Julio Piumato. El "Momo", titular de la UATRE y aliado político de Macri, se mostró exultante: "El Presidente hace dos meses y días que está en el gobierno y pareciera que (está) hace dos años. El de ayer fue un acto muy importante para nosotros los trabajadores, que veníamos pidiendo desde hace tantos años por el mínimo no imponible de (Ganancias), un impuesto distorsivo al trabajo, porque el trabajo no es una ganancia", disparó.

Por su parte Piumato, líder de los Judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT Azopardo catalogó el anuncio de "sumamente importante". “Esperábamos un poco más, porque el salario no es ganancia, la promesa del Presidente genera expectativa y esto es el primer paso y va a ser progresivo, y cada vez van a pagar menos trabajadores”, justificó Piumato.

El más crítico fue Pablo Micheli, líder de la CTA Autónoma. El estatal consideró que la suba de mínimo no imponible es "insuficiente" y reclamó la "eliminación" del tributo. "El salario no es ganancias. El Gobierno no ataca el fondo de la cuestión que es eliminar Ganancias", se quejó Micheli.

Los sindicalistas que ayer estuvieron en la Rosada fueron: Hugo Moyano, Gerónimo "Momo" Venegas, José Luis Lingeri, Armando Cavalieri, Abel Frutos, Omar Maturano, Guillermo Pereyra, Carlos West Ocampo, Roberto Fernández, Ricardo Cirielli, Julio Piumato, Rodolfo Daer, Carlos Acuña y Julio Insfran.

La CTA Provincia de Buenos Aires cuestionó el Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, y buena parte de sus pares provinciales.

“Estas normas limitan la protesta social, violan derechos y garantías de los ciudadanos y pone en peligro la integridad de las personas”, consideró María Reigada, Secretaria de Derechos Humanos de la central gremial.

En tanto, desde la CTA bonaerense se exigió que “las autoridades se atengan a la legislación vigente y a los tratados internacionales que garantizan el derecho a la protesta”.

También se manifestó en este sentido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que considera que este Protocolo es contrario a "los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta", ya que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ’orden público’ por encima de todo".

"Según la resolución, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad", señala.

Para el CELS, este protocolo "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social". En ese sentido, "no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego en las manifestaciones". Tampoco obliga al "uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles".

"Además, limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta", agrega.