Vidal debe reabrir las partirarias por orden de la justicia
El juez de La Plata , Luis Arias, comunicó la medida cautelar en la que provisoriamente deja suspendido el cierre de la negociación paritaria con los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.
Fue un pedido de los gremios que no cerraron con María Eugenia Vidal -excepto UPCN y FEGEPPBA-, enumerando una serie de desprolijidades en la metodología.
La semana pasada, el gobierno provincial había dado por finalizada la paritaria tras el sí de UPCN y FEGEPPBA, pero todos los demás buscaron continuar con las negociaciones, no solamente por el escaso -a su entender- 15% ofrecido, sino porque el Estado cometió fallas al momento de negociar. Por eso recurrieron a la justicia, y la respuesta llegó este martes.
Los gremios de trabajadores estatales de ATE, CICOP, CTA y SOEME pidieron el pasado viernes en la justicia de la ciudad de La Plata una medida cautelar para que se dicte la nulidad de la paritaria y se reabra la discusión salarial.
Para ellos, el Ejecutivo "incurrió en vías de hecho de la administración, que violan elementales normas procedimentales". Desde el gobierno provincial minimizaron la cuestión y prometieron mantener el diálogo abierto durante todo el año.
Arias hizo lugar a ese reclamo y por ende le pide al Ministerio de Trabajo comandado por Marcelo Villegas "la remisión –en original o copia certificada- de las actuaciones administrativas vinculadas al procedimiento de negociación paritaria del Sector Público de la Ley 10.430 correspondiente al año en curso, como así también de toda otra documentación relacionada con los antecedentes y fundamentos de los hechos expuestos el escrito inicial".
"Asimismo deberá informar el modo de constitución de la mesa de negociación establecida en dicha paritaria, y los parámetros o registros tenidos en cuenta para establecer la proporcionalidad de los distintos representantes que la componen. Todo ello, en el plazo de dos (2) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de tener como base los hechos expuestos en el escrito inicial. A cuyo fin líbrese oficio con copia del escrito inicial para mejor ilustración (art. 77 inc. 1; art. 120 del C.P.C.C.)", se agrega en el fallo.
En ese sentido, también se ordena, "con carácter de medida precautelar, la prohibición de innovar para que el Poder Ejecutivo Provincial se abstenga de concluir formalmente la negociación paritaria, hasta tanto medie un nuevo pronunciamiento en la causa; ello sin perjuicio de la continuidad del procedimiento de negociación paritaria que pudiera llevarse a cabo. Ello, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la Constitución Provincial".
Los gremios estatales habían acusado al gobierno de Vidal de haber cerrado la paritaria "sin siquiera notificarnos fehacientemente de la última oferta ni del cierre de las negociaciones. Tampoco se establecieron los votos de cada una de las organizaciones gremiales que forman parte de la Ley 10.430 para determinar si existe la mayoría absoluta que exige la normativa vigente respecto a si la oferta realizada por la Provincia –un irrisorio aumento de poco más de 15%, en dos cuotas- tiene la aceptación de los trabajadores”.
Los sindicatos apuntaron que al momento de cuantificar el nivel de apoyo a la propuesta del gobierno no se cumplió con el artículo 10 de la Ley 13.453, que establece que “A cada organización sindical con personería gremial, corresponderá un número de votos proporcional a la cantidad de afiliados activos, otorgándosele a cada una de ellas la cantidad de votos que surja de la división entre el número de los afiliados de las mismas y aquel que corresponda al gremio de menor cantidad de afiliados”.
Los gremios detallaron que la última propuesta fue enviada por mail y que los funcionarios esperan que la respuesta llegue por esa misma vía.
"El gobierno bonaerense inventó un auténtico mamarracho: la paritaria electrónica", arremetieron los representantes sindicales.
La respuesta por parte de la justicia platense llegó el día previo a que los gremios de ATE, SOEME, CICOP y AJB, realicen un paro de 48 horas, con movilización a la Gobernación.