El presidente Mauricio Macri anunció esta tarde que se presentará ante la justicia civil para pedir una "declaración de certeza", con el objetivo de que un magistrado verifique si cometió o no una "omisión maliciosa" en su declaración jurada, al no declarar en 2007 su participación en dos empresas radicadas en Panamá.

“Voy a presentarme ante la Justicia con toda información que me requieran para demostrar en una declaración de certeza que no incurrí en una omisión maliciosa en mi declaración jurada de 2007”, sostuvo el mandatario durante un discurso que brindó en la Casa Rosada donde anunció, además, que pondrá sus bienes en un fideicomiso ciego.

Las declaraciones de Macri en relación a su patrimonio se produjeron luego de que el fiscal federal Federico Delgado ordenara investigar si el mandatario cometió un delito al no declarar su participación en dos empresas offshore, información que trascendió a partir de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers.

El jefe de estado anunció también el envío al Congreso de un proyecto de Ley para el Acceso a la Información Pública con el objetivo de “promover la transparencia de los actos públicos”.

"Tenemos que terminar con la corrupción" porque "es algo que nos daña", sostuvo el jefe de Estado y luego sentenció que "En Argentina, toda la Información pública estará accesible” para quien la requiera.

Al 29 de diciembre de 2015, la Municipalidad de Campana contaba con la suma total de $113.946.408 entre recursos ordinarios y afectados. “Los documentos presentados y certificados por el propio Tesorero Municipal, dan cuenta del superávit con que la Intendente Giroldi entregó el Municipio, y reduce a mentira la crisis económica inventada por el nuevo gobierno local” denunciaron desde el Bloque de Concejales del FPV-PJ.

Los Concejales del Frente Para la Victoria salieron al cruce del Intendente Sebastián Abella, que en consonancia con la estrategia del Gobierno Nacional habló una y otra vez de “pesada herencia”, también en lo local. Sin embargo, y tras la apertura de sesiones donde nuevamente se insistió con el tema, desde el espacio legislativo en la oposición presentaron documentación oficial con los números reales de la economía municipal con la que se encontró la nueva gestión.

“Hoy presentamos a la comunidad los documentos que acreditan lo que siempre sostuvimos: Stella Maris Giroldi, y su gabinete de gobierno, entregaron un municipio con más de 110 millones de pesos, producto de la administración responsable de los recursos del Estado. Sin embargo, la alianza de gobierno inventó una crisis económica con el único objetivo de justificar el despido de más de 200 trabajadores municipales, el ajuste en las áreas más sensibles del Estado, como Cultura y Derechos Humanos, y un fuerte aumento que prevé aplicar a las tasas municipales, que sumado a los tarifazos en los servicios públicos dispuestos por el gobierno nacional y provincial, afectarán gravemente el bolsillo de nuestros vecinos”, denunciaron los concejales.

En el mismo sentido, los ediles expresaron que “el Intendente Abella lleva 115 días instalando en nuestra comunidad la farsa de haber encontrado un municipio en ruinas, endeudado y en crisis financiera. Con esos argumentos intentó una declaración de emergencia económica que avasallaba todos los principios de la democracia y convertía al Concejo Deliberante en una escribanía de su gobierno. Con la crisis inventada instalada en su discurso, y el ocultamiento de información pública como herramienta para sostener la falacia; logró los votos necesarios para dictar una emergencia económica que le permite saltear los procedimientos administrativos que garantizan la transparencia en la compra y contratación de bienes y servicios. Quedarán en la conciencia del Intendente las razones por las que decidió ocultar y tergiversar la información económica del traspaso de gestión. Recibir un municipio con más de 110 millones de pesos es una situación excepcional, que generaría envidia en cualquier nuevo Intendente que asume la función de gobierno, en cualquier ciudad de la provincia”.

Los concejales también se refirieron a los dichos del Jefe Comunal en la apertura de sesiones ordinarias, donde manifestó haber recibido el Municipio con un pasivo oculto de 44 millones de pesos. En este sentido, expresaron que “el Intendente tiene la obligación de documentar sus dichos, así como nosotros estamos documentando los más de 110 millones que dejamos en el haber municipal, le pedimos que su gestión acredite esa supuesta deuda. El argumento es muy débil, supone que la deuda es producto de la falta de pago a proveedores, aun cuando la plata estaba. Sin embargo, invitamos a cualquier ciudadano a constatar que todos los días hay varios proveedores en el hall municipal reclamando la falta de pago de servicios ofrecidos al nuevo gobierno”.

A su vez, los concejales aseguraron que “el Intendente expresó que pagó sólo el 43 % de esa supuesta deuda. Si contaba con $ 54.976.028 de libre disponibilidad y debía $ 44.000.000 ¿Por qué no procedió a cancelar la totalidad de la deuda? Aun así, contaría con 10 millones de pesos de saldo a favor.”

Para finalizar, los concejales peronistas informaron que “la Alianza de gobierno realizó obras, compró maquinarias, entregó subsidios a productores locales, anunció la reparación de caminos, iluminación pública, pavimento, una inversión de 15 millones de pesos en infraestructura escolar, etc, que se realizarán con los $ 58.970.380 de recursos afectados que recibieron de nuestra gestión de gobierno. Esa es la otra cara de una herencia rica en bienes, recursos económicos y obras que el Intendente Abella recibió de nuestro gobierno y decidió negar y ocultar a toda la comunidad”.

“Esperamos que la contundencia de los documentos, acreditados por el propia gestión actual, pongan fin a esta estrategia de gobierno que nos remite a las peores prácticas políticas de la historia. Inventar crisis para realizar ajustes sólo trae aparejado el sufrimiento de nuestros vecinos y el libre albedrío de los administradores públicos. Ocultar y tergiversar la realidad no puede ser la herramienta para justificar actos de gobierno que generan rechazo social”, concluyeron los Concejales del FpV-PJ.

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, brindó, el miércoles por la tarde, una charla a jóvenes de Lanús.

Del encuentro participaron una multitud de jóvenes que escucharon a Hebe acompañada por Mercedes de Meroño, Celia de Prósperi, Visitación de Loyola y Rosa de Camarotti.

La Presidenta de la Asociación comenzó refiriéndose al apoyo que el pueblo debe darle a Cristina el próximo 13 de abril cuando deba declarar en Tribunales: “Tenemos que ir todos. Es preferible perder el trabajo por faltar un día que perderse acompañar a Cristina porque si no todo lo que decimos es macana”, afirmó.

“Se juegan muchas cosas ese día. Tenemos que mostrar que somos millones en el país que no vamos a permitir que a Cristina la pongan presa porque no hay motivo aunque ellos lo quieran inventar. Si hay mucha gente en la calle no la van a poner presa, va a depender de nosotros, así nomás: de nosotros. Si no, no cantemos más que si la llevan a Cristina qué quilombo se va a armar. Hay que movilizarse antes”, agregó.

En otro tramo, Hebe sostuvo: “Tenemos que tener mucho cuidado con las provocaciones. No hay que hacerse eco. A ellos le va a caer pesado que seamos muchos así que tenemos que ser muy astutos, no caer en las provocaciones y no tener miedo”. “Esta es una lucha grande. No es que lo hagamos sólo por Cristina, lo hacemos por nosotros porque Néstor y Cristina nos pusieron el proyecto nacional y popular en nuestras manos y estos nos están sacando todo”, completó. “Si somos millones en la calle estamos defendiendo nuestro porvenir y el futuro de nuestros hijos y nietos”, añadió luego.

Además, expresó: “Hay muchos políticos traidores, pero lo que tenemos que tener claro es lo que estamos defendiendo que nos costó muchos años, no sólo los doce años de gobierno de Néstor y Cristina. A nosotras que vamos a cumplir 39 años de lucha nos costó la vida de nuestros hijos: más de 30.000 desaparecidos, más de 15.000 fusilados, más de 8.500 presos políticos. Después vinieron gobiernos constitucionales que también nos hicieron mucho daño: Obediencia Debida y Punto Final, indulto, vendieron y remataron el país, nos pusieron en la lona, nos pusieron la deuda externa y nos dejaron en la lona”.

“Tenemos que defender con nuestros cuerpos lo que conseguimos. Nos pudieron con nuestros hijos, tampoco van a poder con nosotros. Ellos nos enseñaron la solidaridad y a luchar por el otro. Hay que dar lo mejor que uno tiene. Sigamos ese camino, chicos. Hay muchos compañeros que se están quedando sin laburo y necesitan nuestra solidaridad. Hagamos política todo el tiempo. Pongamos nuestros cuerpos sin miedo al servicio del otro, del que más necesita”, finalizó.

Las acusaciones de la diputada nacional, Elisa Carrió, contra la mano derecha del presidente de la nación lejos de cesar se profundizan cada vez más.

La aliada y armadora de la alianza que llevó al presidente Mauricio Macri a la gobernación, no le da tregua al amigo íntimo del primer mandatario, el presidente del club de la ribera, Daniel Angelici.

Hoy la renuncia del juez federal Norberto Oyarbide, escribe un capítulo más en la tensa relación entre Carrió y Macri.

La diputada disparó en su cuenta de twitter que la renuncia de Norberto Oyarbide prueba que el juez había acordado su salida con el presidente de Boca Daniel Angelici, a cambio de evitar un posible juicio político.

Carrió había radicado una denuncia contra Angelici, a quien calificó de "operador político de Macri en la justicia" para garantizar la impunidad del kirchnerismo.

"La renuncia de Oyarbide, el juez más corrupto de la Argentina, prueba su acuerdo con Angelici. Veremos que hace el Presidente. Esto se llama impunidad", tuiteó la diputada.

Por su parte el ex juez aseguró que "jamás tuve ningún tipo de presión".

Según Carrió, Angelici intentó frenar las causas Hotesur y Repsol, por el vaciamiento de YPF, y acordó con el juez federal Norberto Oyarbide su jubilación para evitar el juicio político en el Consejo de la Magistratura.

En el día que es imputado el presidente de la nación, renuncia el juez federal Daniel Oyarbide, nada dijo aún la diputada sobre tamaña casualidad.

Decenas de Agrupaciones sociales y políticas se congregaron para manifestar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, entendiendo que la embestida mediático-judicial que viene sufriendo a partir de la citación a declarar para el próximo miércoles 13, responde al intento de seguir avanzando sobre los derechos de los argentinos afectados por las políticas de ajuste del gobierno macrista.

En el encuentro referentes de distintos espacios acercaron las expresiones de disconformidad de los sectores populares con los aumentos tarifarios, la quita de los subsidios y el desbaratamiento de las políticas sociales destinadas a generar más inclusión que había generado el Gobierno de la ex Presidenta. En ese sentido también se expresó que muchos ciudadanos se están organizando en distintos rincones del país para concurrir el 13 de abril a la puerta de Comodoro Py, con el fin de manifestar su apoyo a quien entienden que es la garantía de la defensa de esas políticas.

Se estima que caravanas de autos y gente movilizada por sus propios medios asistirá masivamente el miércoles por la mañana y exigirá la finalización de esta política de persecución y estigmatización sobre el kirchnerismo y para exigir que la justicia actúe sobre la cantidad de ilícitos que viene llevando adelante el Gobierno, y avance también con la investigación en el escándalo de las cuentas off shore de Panamá en el que se encuentra involucrado el propio Presidente Macri.

El referente de Nuevo Encuentro, Adrian Grana, en diálogo exclusivo para PRIMEREANDO, destacó que "todos estamos citados el 13 de abril para acompañar a Cristina y en contra de la arbitrariedad que es muy grande".

"Es una irresponsabilidad ponerla en un lugar que no corresponde, es inexplicable", enfatizó Grana.

Por su parte, la referente de la Agrupación Peronista 26 de Julio, Patricia Fernández, le confirmó a este medio que "pudimos acordar una convocatoria muy importante, todos los que creemos que Cristina Fernández expresa la Patria Grande y las posibilidades de un pueblo feliz" y añadió que "la idea es impulsar la movilización en todo el país, en Neuquen, Córdoba, Chaco, que en cada provincia la gente pueda manifestarse".

"Tenemos que decirle basta a la persecución política, a la corrupción" expresó Fernández y advirtió que "el Poder Judicial está tratando de poner a Cristina (Fernández) presa por causas inconsistentes".

Por otra parte, aseguró que la convocatoria es más amplia no solo debe circunscribirse a Unidos y Organizados, o al Frente para la Victoria, "nos están vulnerando nuestros derechos, nosotros aseguramos que si hay corruptos deben ir presos en este caso es una ofensiva del sistema corrupto corporativo contra quien lidera el movimiento nacional y popular".

Por último, Patricia Fernández, aseguró que el espíritu que primo en el encuentro fue de "unidad, movilización y organización".

Del encuentro participaron: Andres Larroque y Lauro Grande (La Cámpora), Eduardo “Cholo” Ancona (Mov. Evita), Carlos Catagneto y Cecilia “Chachi” Velazquez (Kolina), Adrian Grana (Nuevo Encuentro), Edgardo Depetri (Frente Transversal), Luis D´Elía (Miles), Hernan Letcher (UyO), Patricia Fernández (26 de Julio), Gastón Harispe (Movimiento Octubres), Juan Gomez (Descamisados), Pablo Pareyra (PCCE), Catalina Fernandez Rivero (Peronismo Militante), Nahuel Beibe (Martin Fierro), Federico Martelli (MUP), Gustavo Lopéz (FORJA) y Carlos Raimundi.

Además, se hicieron presentes, Proyecto Nacional, Partido Comunista, Movimiento Mayo, Frente Grande, POR Posadista, Partido Humanista.

Luego del aumento de gas anunciado por el gobierno nacional, diputados del Frente para la Victoria junto a Organizaciones no Gubernamentales presentaron un recurso de amparo contra el Ministerio de Energía de la Nación, con el objetivo de suspender el aumento tarifario del sistema de gas, debido a que el Ejecutivo nacional desconoció el derecho constitucional a la participación ciudadana para efectuar aumentos tarifarios.

El recurso de amparo fue presentado en el Juzgado Federal Nro. 4 de La Plata y la causa quedó en manos del juez Alberto Recondo, quien deberá definir si da lugar a la presentación realizada por la ONG “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad” y acompañada por diputados del FPV.

En caso de avanzar el amparo, el Juez debería dictar la medida cautelar que suspende el aumento del servicio de gas a nivel nacional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, hasta que se cumpla con los requisitos constitucionales para determinar el aumento correspondiente.

En este sentido, la ONG plantea que el aumento de la tarifa de gas sin la existencia de una audiencia pública previa, va en contra de la Constitución Nacional, suprimiendo la posibilidad de los ciudadanos a presentar objeciones al aumento ya sea personalmente, como también a través de las asociaciones de consumidores.

Previo a la presentación del amparo, diputados provinciales del Frente para la Victoria se reunieron con el representante de la ONG, Pedro Sisti, y un grupo de abogados para acompañar y trabajar conjuntamente la presentación judicial.

Por su parte, el abogado, Augusto Martinelli, sostuvo que “esta medida cautelar busca garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, debido a que cualquier procedimiento administrativo que involucra a toda la población y no emite participación a la ciudadanía a través de asociaciones de consumidores, el defensor del Pueblo y otros organismos afectados, lesiona el derecho constitucional a participar y ejercer el derecho”.

Asimismo, la diputada provincial Marisol Merquel, presente en el encuentro, aseguró que “el objetivo de este amparo es pedir una audiencia pública para que todos los afectados, las asociaciones de consumidores y la ciudadanía en general puedan tener participación en esta medida que se ha tomado y que afecta directamente la economía de los bonaerenses y de los ciudadanos de toda la Argentina”.

Por su parte, el diputado Aníbal Regueiro también presente, afirmó que “realmente esto nos duele mucho, vamos a estar trabajando para que se revierta el aumento y se garanticen los derechos de la comunidad. Por eso estamos con las ONGs, intendentes, diputados, todos juntos tratando de que este gobierno entienda que tiene que tomar medidas que beneficien a nuestro pueblo”.

De la misma manera, la diputada Rocío Giaccone, remarcó, que “el aumento planteado por Macri y Aranguren, no sólo elimina completamente el subsidio sino que propone una tarifa de gas más cara de lo que sale producirlo”. Además, Giaccone, expresó que “planteamos la necesidad de que se establezca una tarifa diferenciada para pymes, comercios y pequeñas empresas, para que tengan un impacto menor en sus unidades productivas”.

Finalmente, sobre el impacto en la economía doméstica, el diputado Juan Manuel Cheppi, planteó que “estos aumentos nos proponen un ajuste brutal, reduciendo el poder adquisitivo de los argentinos y un consiguiente enfriamiento de la economía que lleva directamente a frenar el mercado interno”.

A su vez, Cheppi agregó que “vemos con preocupación cómo se benefician sectores agroexportadores y mineros con quitas de retenciones pero por otro lado aumentan las tarifas que afectan directamente al pueblo trabajador”.

Los intendentes del Frente para la Victoria (FPV), se reunieron ayer en Roque Pérez y acordaron en la necesidad que la sociedad se movilice y acompañe a  la ex mandataria Cristina Fernandez de Kirchner.

La movilización será el 13 de abril, día que Cristina Fernández fue llamada a declarar por la causa dólar futuro.

Los intendentes remarcaron la importancia de que la gente acompañe a la ex presidenta a los tribunales de Comodoro Py.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, afirmó la necesidad de que todos los intendentes convoquen masivamente a apoyar a la conductora política del FpV.

Por su parte, Gustavo Sobrero, ex Intendente de Lobos defendió la necesidad de  movilizar a Comodoro Py y enfatizó la importancia de salir a "defender a Cristina". Además, criticó el comportamiento de Diputados y Senadores que apoyaron el pago a los fondos buitres y la derogación de leyes que limitaban su accionar.

El intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, planteó la necesidad de llamar a un masiva movilización para el día 13 de abril para respaldar al Cristina Fernández ante la citación judicial.

Por su parte, Juan José Mussi, remarcó la necesidad de hacer un llamado a la militancia, "cómo fue siempre, a cambio de nada", en referencia a quienes buscan vincular las movilizaciones con la existencia de recursos.

Del encuentro participaron Mario Secco, Ensenada; Juan Carlos Gasparini, Roque Perez; Ricardo Casi, Colón; Germán Lago, Alberti; Néstor Álvarez, Guamini; Marcelo Santillán, González Chávez; Hugo Corvatta, Saavedra; Roberto Alvarez, Tres Lomas; Francisco Durañona, San Antonio de Areco; Juan Patricio Mussi, Berazategui; Santiago Maggiotti, Navarro; Gustavo Menéndez, Merlo; Eduardo Bucca, Bolívar; Alejandro Acerbo, Daireaux; Gustavo Cocconi, Tapalqué; Osvaldo Caffaro, Zarate; Hernán Ralinqueo, 25 de Mayo; Hernán Bertellys, Azul; Juan Carlos Veramendi, General Paz; Juan Ustarroz, Mercedes.

Además estuvieron presentes el diputado nacional Gustavo Arrieta, los referentes locales: Daniel Di Sabatino, de San Vicente, y Gastón Arias, de Brandsen y los diputados provinciales Juan José Mussi, Cesar Valicenti, Miguel Funes, Gabriel Godoy, Walter Abarca y el senador provincial, Daniel Barrera, y los referentes regionales: Enrique Slezack, Berisso; Gustavo Sobrero, Lobos; Ariel Notta, Luján; Raúl Basualdo, San Miguel del Monte; Juan Pablo Anghileri, Gral Rodriguez; Antonio Delfino, Suipacha; Marta Susana Medici, Alberti; Guillermo Santillán, Olavarría; Jorge Eijo, Gral. Belgrano; Diego Yason, Saladillo; Gerardo Zarandono, Guillermo Gallardo.

El llamado de los intendentes a que la sociedad se movilice y respalde a la ex presidenta de la nación se da en el marco de la crisis institucional que implica la imputación del presidente, Mauricio Macri, por ser parte de empresas que operan en paraísos fiscales, según pudo ser demostrado por la investigación periodística conocida como Panamá Papers.

Así, algo artificialmente, sin que conectara con el ADN de sus propuestas (más vinculadas a la necesidad de atraer inversiones, bajar el déficit y controlar la inflación), Macri incorporó una bandera que en realidad era pura demanda social. Aliarse con Elisa Carrió y mezclarse amistosamente con Margarita Stolbizer, dentro de un elástico bando antikirchnerista, terminaron por darle forma al malentendido.

Pero lo cierto es que el PRO, desde su nacimiento hace unos 15 años, nunca fue un partido “honestista”, y esto dicho en sentido neutro. Macri no es Elisa Carrió, tampoco Stolbizer y ni siquiera es semejante a Gabriela Michetti. O al menos no coincide del todo con esa imagen pura y sin dobleces que emana y construye su vice. En un intento por aprovechar ese capital y transferírselo mágicamente al jefe, Michetti fue designada como la primera defensora pública de Macri, ante la difusión de los Panamá Papers.

"Lo primero que hice fue preguntarle a él", explicó la vice en diálogo con Telefé, con su habitual tono familiero. "Contame cómo es el tema, que voy a lo de Gerardo y quiero tener en claro qué es lo que hay que decir en función de la verdad y la realidad", dijo que le preguntó a Macri. Y por supuesto consiguió el efecto buscado: en el piso, la mayoría le creyó a Gaby. La política del siglo XXI (aunque quizás siempre fue un poco así) es una pelea por instalar la sensación más verosímil, un arte en el que PRO se suele destacar.

Antes de que se interesara por la política partidaria, la trayectoria del Macri empresario acumuló todas las manchas y vicios propios de la patria contratista. Hacia fines de los '90, cuando se registraba en las islas Bahamas la cuenta Fleg Trading Ltd que ventilaron los Panamá Papers y le valieron una imputación al presidente, el grupo encabezado por el patriarca Franco Macri apuraba negocios en esa frontera patinosa entre lo público y lo privado.

El Grupo Macri había cerrado contratos para el manejo de los sistemas catastrales de Morón y la administración de rentas de Capital Federal, Misiones, Salta y San Luis. Los contactos políticos abrían las puertas para nuevos emprendimientos. Para entonces, Sevel ya había implementado un sistema para cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes al Uruguay, una maniobra por la que Macri sería procesado años más tarde.

Así, si bien el grupo Macri no inventó las mañas de las grandes empresas y contratistas del Estado, tampoco las descartó. ¿Por qué habría de hacerlo?

La organización Integridad Financiera Global (GFI) publica los datos del promedio por año de los flujos ilícitos desde los países emergentes durante el período 2004-2013. Según la página Chequeado, la Argentina está en el puesto 23 con US$ 7.654 millones. Si se toma solo en cuenta los flujos ilícitos del 2013, asciende al puesto 14 de 123 de países que cuenta con información publicada, con US$ 17.171 millones.

La ONG Red de Justicia Fiscal, por su parte, posicionó en 2012 a la Argentina en el puesto número 8, en un ranking sobre los 20 países con mayor stock de fondos ilícitos depositados en paraísos fiscales en el período 1970-2010. Evadir, eludir, tratar de pasar al Estado y reducir controles fueron (y todavía son) deportes nacionales para las grandes empresas argentinas.

(El grupo) Macri se formó en ese clima y con esas prácticas. Y si bien el heredero de Franco pegó un volantazo biográfico con su salto a la política, la gestión porteña del PRO no se destacó como ejemplo de lucha contra la corrupción, las contrataciones dudosas y el financiamiento oscuro de las campañas.

Ahora, Macri es presidente, y el sillón de Rivadavia habilita la posibilidad de una transformación. Hay antecedentes históricos que lo acreditan. Sin embargo, Macri todavia no impulsó una sola medida de la agenda oenegeísta: al momento, hizo algunas promesas, como la de poner su patrimonio en un fideicomiso o la de sancionar una ley de acceso a la información. Sus funcionarios más perfilados hacia la lucha contra la corrupción, como el ex lilito Adrián Pérez, mantuvieron algunas reuniones con representantes de Poder Ciudadano y otras sociedades civiles, ansiosas por cambiar algunas tendencias de los últimos años. Es que para el kirchnerismo, el honestismo fue muchas veces un sinónimo de anti-política, y más precisamente de anti-kirchnerismo. Van cuatro meses de gobierno, y Macri todavía está a tiempo de torcer su rumbo.

Mientras el gobierno nacional jugaba a bajarle el precio al escándalo internacional y pensaba que había pasado el vendaval de #PanamaPapers, el fiscal federal Federico Delgado decidió darle un impulso a un expediente judicial para investigar la responsabilidad de Mauricio Macri en el escándalo de las filtraciones.

Así surge del dictamen al que accedió el portal Infobae, donde el representante del Ministerio Público concluyó que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el jefe de Estado cometió un delito.

"La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada", analizó Delgado.

El nombre del presidente de la Argentina apareció entre los empresarios y políticos que montaron compañías offshore en paraísos fiscales, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Apenas se conoció el nombre de Macri, el Poder Ejecutivo difundió un comunicado de prensa en el que defendió la legalidad de la maniobra y aseguró que el jefe de Estado no tenía la obligación de declarar ante las autoridades fiscales su participación porque no había obtenido dividendos de la operación. Ahora la Justicia determinará si la interpretación oficial es la adecuada o si se violó alguna norma.

Delgado aseguró, además, que la Justicia deberá determinar "la vida social" de las empresas mencionadas por la denuncia presentada por el diputado nacional Norman Darío Martínez, a fin de comprobar si se infringió algún "tipo penal" y, en ese caso, si Macri "tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento".

El Presidente se refirió al tema en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó más detalles en una conferencia de prensa. Si bien Delgado reconoció que ya hubo "aclaraciones públicas" sobre las filtraciones, precisó que "el trabajo judicial es determinado".

A efectos de cumplir con la pesquisa, Delgado sugirió que se soliciten copias de la investigación periodística y las declaraciones juradas de Macri en la AFIP. Asimismo, pidió un informe detallado de Alberto Abad sobre la "dinámica tributaria" y qué sujetos están obligados a declarar sus participaciones en compañías offshore.

Los auxiliares de la Educación nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) tomaron hoy pacíficamente los 135 consejos escolares del territorio bonaerense en rechazo al aumento del 15% y en repudio a los descuentos salariales aplicados por los paros.

“Buscamos que se devuelta la plata de los trabajadores porque estamos reclamando por un sueldo digno. Estamos dispuesto al diálogo, por eso pedimos la reapertura de paritaria y que se revea ese 15% irrisorio de aumento, porque a la policía se le consiguió un 30%”, explico una delegada gremial, que no se identificó, en declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires.

Los más de 65 mil auxiliares de la Educación llevan adelante una medida de fuerza desde hace un mes, por lo que la Dirección General de Cultura y Educación provincial resolvió aplicar descuentos en sus sueldos, que en algunos casos, según denunció el gremio, llegaron a quitas de hasta el 80%.

"Se decidió la toma de los Consejos Escolares por la retención de los sueldos de los compañeros afiliados a SOEME, ATE y algunos de UPCN. Estamos solicitando al ministro de Educación (Alejandro) Finocchiaro, que nos convoque y vea la situación”, reclamó la delegada.