La ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, indicó que con la manifestación sindical del viernes  pasado "la patria salió a la calle porque no tiene miedo, quiere futuro".

La ex jefa de estado y conductora del Frente para la Victoria (FPV) envió un mensaje anoche a sus seguidores durante una presentación que encabezó la actriz Rita Cortese en el teatro Roma del Partido de Avellaneda.

"La patria salió a la calle porque no tiene miedo, brota como el agua cada vez que la maltratan", consideró la ex mandataria, para luego sostener  que "la patria no es violenta y sería bueno que los que la maltratan lo advirtieran, que se dieran cuenta que nuestro pueblo es manso y tranquilo pero no tonto".

"Apenas entrado el día, parte de la Patria salió otra vez a las calles. En Buenos Aires, ¿no?", añadió. "Lo pensaba mientras veía las imágenes. Tomó la forma de trabajadores, de operarios, de oficinistas, de gente suelta que había también, ¿no?" refería la exmandataria.

"Solo quiere que lo dejen trabajar en paz y no le compliquen la vida", añadió en un mensaje por teléfono que se transmitió en vivo por el sistema de audio del teatro municipal y que fue saludado con el cántico "vamos a volver" que salía desde el público.

Lo más importante: se trató de la primera derrota política del gobierno, sobre todo si se la lee (y así hay que leerla) en paralelo a la media sanción de la ley anti-despidos. El gobierno perdió iniciativa y control sobre el stato quo que había logrado instaurar.

Antes que la revitalización mágica del gigante sindical dormido, la marcha unificada funcionó como un sello y una bisagra negativa para el PRO. Le puso masividad, discursos, presencias, petardos y despliegue callejero a lo que hasta ahora circulaba como un run run: que la política macrista propicia un ajuste perjudicial para los trabajadores. Esa afirmación, que se mantenía como una obviedad en ámbitos opositores (sobre todo kirchneristas), ayer empezó a desbordar hacia el mundo gremial. O en realidad, y eso sería más grave para el gobierno, empezó a grabarse dentro del movimiento obrero.

Los dirigentes sindicales salieron a la calle forzados por el macrismo. Algunos con entusiasmo, otros a desgano, por inercia o mera rutina ideológica, pero marcharon casi obligados. Los arrinconó el contexto de ajuste, sumado a la advertencia de que Mauricio Macri vetería la ley anti-despidos. Se verá si, tras la multitudinaria marcha de ayer, el presidente modifica esa postura.

Pero más allá del debate puntual sobre ese proyecto (que tampoco podría torcer el rumbo de la política económica integral), el acto generó una mini-crisis en la estrategia macrista de pactar paz social con los gremios, los grandes medios y la oposición peronista.

Al momento, el macrismo había tenido más cintura política de la esperada. Pese a la ola de despidos (estatales y privados), había mantenido razonablemente a raya el reclamo sindical de la CGT. Caja del Estado en mano, a su vez logró dividir al peronismo, y consiguió mayorías parlamentarias impensadas en ambas cámaras.

Desde hace un par de semanas, sin embargo, el sector PRO-friendly del PJ empezó a mostrarle los dientes. Y aunque no haya sido el objetivo buscado, la marcha de ayer potenciará ese aire opositor. Los pactos de gobernabilidad, queda claro, son bastante más volátiles de lo que el oficialismo quisiera.

Como plan B, si el macrismo pretendiera saltearse a la dirigencia gremial y establecer un diálogo directo con los trabajadores, tendría que tener algo contante y sonante para ofrecer. Y ni siquiera a Cristina Kirchner, quien también optó por evitarse la mediación de Hugo Moyano, le funcionó del todo ese recurso. Ofreció boom de consumo y millones de nuevos empleos, pero no le alcanzó para que su fuerza ganara la elección presidencial. Triunfó Macri, con el apoyo determinante de (imposible saber cuántos) una porción de los trabajadores que ayer se manifestaron.

A partir de una medida cautelar, el juez de La Plata, Luis Federico Arias, dictaminó ayer que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tendrá tres días hábiles para convocar a paritaria a todos los gremios comprendidos en la Ley Nº 10.430, para continuar con las negociaciones salariales de acuerdo a la ley de paritaria.

Se trata del tercer fallo en el mismo sentido. La semana pasada, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo había ratificado una primera medida precautelar dictada por el juez Arias estableciendo la “prohibición de innovar” al Ejecutivo provincial “en su pretensión de dar por concluida la negociación paritaria con los trabajadores estatales”.

El fallo Arias había hecho lugar a un recurso presentado por ATE y los gremios de la CTA Autónoma que no aceptaron la última oferta salarial elevada por el gobierno bonaerense que consistió en una suba del 15 por ciento en dos cuotas hasta julio. La propuesta fue aceptada por UPCN y Fegeppba, aunque Soeme la rechazó y decidió romper con la Federación.

Días atrás, durante una conferencia de prensa, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, confirmó que el Poder Ejecutivo bonaerense acatará lo dictaminado por la justicia.

“Están convocados, estemos o no de acuerdo con los fallos judiciales lo que no vamos a hacer es no cumplir”, aseguró Vidal que luego aseguró que los gremios que no acordaron en paritarias representan sólo al 8 por ciento de los trabajadores.

Sin embargo, desde ATE sostienen que cuentan con 47 mil afiliados y son el gremio mayoritario, aún por sobre UPCN. La falta de una compulsa de padrón impide una real valoración sobre la representatividad de cada sindicato.

Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación, opinó sobre la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner y analizó que ve "difícil" que la ex mandataria "vaya presa". Además, se refirió al caso que investiga lavado de dinero por parte de Lázaro Báez.

"Los procesos estos no deben ser venganzas. La Justicia lo que trata es superar la venganza y la Justicia por mano propia. Tenemos que tratar de ir a respuestas civilizadas. Lo que sí tiene que hacer la Justicia, además de la prisión, es recuperar los activos", dijo el ministro con respecto a la situación de Cristina Kirchner.

En cuanto a Lázaro Báez, Garavano consideró que en este caso "los jueces podrían avanzar, con determinadas precauciones y cautelas, en la liquidación de algunos de estos bienes, garantizando a las partes que si hubo algún error se podrá recompensar y resarcir".

"El Estado es solvente. El Poder Judicial debe liquidar esos bienes rápidamente y las líneas de investigación deben ir sobre la ruta del dinero. Lo importante es seguir la plata, porque ese es el fin último del que roba", agregó el ministro de Justicia.

Además, rechazó los escraches a Carlos Zannini y los definió como "reacciones desmedidas": "Fueron reacciones desmedidas, fuera de lugar e inadecuadas que en definitiva llevan a esto de la Justicia por mano propia y en términos de una sociedad civilizada es retroceder dos mil años", manifestó.

Los trabajadores judiciales reclaman que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, mejore la oferta del 16,7 por ciento para el primer semestre, aunque la Provincia insiste en que no habrá nueva propuesta y se dispone a liquidar el aumento rechazado por decreto.

“Un aumento del 16,7 para el primer semestre resulta insuficiente porque ni siquiera alcanza a cubrir la inflación acumulada en los primeros cuatro meses de este año” sostuvieron desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) e insistieron en sus reclamos “por un incremento salarial sin techo y contra el intento del gobierno de Vidal de cerrar la paritaria de forma unilateral”.

Además manifestaron que “es la primera vez desde 1983 que están siendo ninguneados por un gobierno” e indicaron que las medidas de fuerza o decisiones adoptadas supera el porcentaje propuesto por Vidal, porque “somos trabajadores de calidad y no se nos está dando importancia”.

Según trascendió, la Provincia prevé formalizar el cierre de la negociación por el primer semestre con los trabajadores judiciales y los magistrados tras una reunión entre los ministros de Economía, Hernán Lacunza; de Trabajo, Marcelo Villegas; y de Justicia, Carlos Mahiques, con el presidente del Colegio de Magistrados, Rodrigo Cataldo.

Luego prevé avanzar con el decreto para liquidar los aumentos. También los médicos de Cicop paran tres días y marcharán junto a los judiciales por el centro platense hasta la Gobernación.