La Provincia sigue su camino de endeudamiento. Es que tras algunas instancias no tan exitosas, ahora se abre un nuevo capítulo en el que ponen esperanza desde la gobernación provincia.

Será la propia María Eugenia Vidal quien iniciará a fines de este mes, su primera gira financiera a Nueva York, acompañada por su ministro de Economía, Hernán Lacunza, para atraer inversores.

El viaje se da en el marco del proceso de endeudamiento externo que inició la provincia de Buenos Aires, a partir de la autorización dada por la legislatura bonaerense.

A comienzos de año las Cámaras legislativas le aprobaron a la gobernadora la posibilidad de contraer deuda por hasta 60 mil millones de pesos.

En marzo pasado, Lacunza realizó un road show por las ciudades de Boston, Nueva York, Los Ángeles y Londres, en busca de crédito.

Y logró colocar un bono de 1.200 millones de dólares, a ocho años, y a una tasa apenas superior al 9 por ciento. En ese momento, el titular de Economía celebró la jugada ya que informó que fue la “emisión más grande de la provincia en toda su historia, y con la tasa más baja”.

La gira fue antes que se cerrara el acuerdo con los fondos buitre, y que el Congreso derogara las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Desde la gobernación marcan que ahora el camino puede resultar más sencillo para la búsqueda de nuevos capitales.

Pareciera que el objetivo de llegar a un 25 % de inflación a fin de año, como anunció el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, es casi improbable. Según las mediciones privadas hechas a partir de un relevamiento de precios minoristas, la inflación se ubicó entre el 6,8 y el 7,2 por ciento en el área metropolitana.

Producto de los aumentos y tarifazos que aplicó el gobierno de Cambiemos, la inflación de abril trepó entre un 7 y 8,5 por ciento, según publicaron varias consultoras privadas.

La consultora  Elypsis calculó la suba en un 6,9%, similar al número aún no cerrado de Analytica, que estará por encima del 6%. El Estudio Bein midió un alza del 7,2%. En tanto, Orlando Ferreres lo acercó al 8%, pero sólo los servicios públicos generaron un 6%.

Por su parte la consultora E4D, de Agustín D'Atellis, estimó el aumento en un 8,5%, principalmente a causa del alza en las tarifas.

Junio de 2002 quedó como el mes de mayor inflación en la historia del país, cuando trepó al 8,2% en plena crisis económica y política.

El tarifazo de electricidad fue el factor de mayor incidencia en el costo de vida, aunque vale recordar que están en cola aumentos de toda índole, como las prepagas, telefonía, las cuotas de colegios y combustibles. Aunque las consultoras coinciden en que el precio de los alimentos se moderó algo.

El oficialismo acelera sus señales hacia la oposición para que no avance con la emergencia ocupacional y advierte con un posible veto en caso de que sea convertida en ley en los próximos días.

El presidente mauricio macri invitó hoy a la oposición política a que no acompaña al Frente para la Victoria en la aprobación del proyecto de ley para suspender despidos por 180 días, y que fuera aprobado por el Senado.

"Invito a Sergio Massa a la mayoria de los otros dirigentes que realmente no aompañemos al kirchnerismo en esta propuesta", señaló Macri en conferencia de prensa.

"Hay un conjunto importante de argentinos, una mayoria importante de argentinos que apuesta a crecer, que apuesta al futuro, que creemos que los argentinos estamos para mas, que tenemos la capcidad de salir del estancamiento y creear empleos de calidad", añadió.

Por su parte Gabriela Michetti aseguró que “tenemos diálogo con las centrales sindicales y no estamos alejados de los planteos que ellos hacen, al contrario lo que estamos haciendo es cerrando todas las cuestiones con los holdouts para poder generar crédito para la Argentina y estamos generando respuestas porque el gobierno también ha mandado una ley de primer empleo que se quiere contraponer con la otra propuesta de ponerle cepo a los despidos”.

Afirmó que “cuando lo hemos hecho como país nos ha ido mal y el propio ex ministro Lavagna (Roberto) lo comentó muchas veces en estos días en los medios de comunicación”.

Michetti señaló que “cuando la Argentina tuvo este tipo de medidas lo que terminó pasando es que no se generó un solo empleo privado; por qué, porque las empresas compiten en otros países”.

“La economía global e interdependiente mira donde le conviene ir con su inversión y va a ver los países que le dan mejor competitividad y si la Argentina genera este tipo de herramientas las inversiones van a frenarse otra vez”.

La Vicepresidenta señaló que “si la ley sale con esta idea de la doble indemnización, es probable que el Presidente Mauricio Macri la vete”.

El líder del Frente Renovador y ex intendente de Tigre, Sergio Massa, anticipó ayer el apoyo de su bancada de 38 diputados nacionales a la Ley Antidespidos que obtuvo la semana pasada media sanción del Senado, aunque señaló que buscará que el proyecto sea modificado y se le incorporen también beneficios para las pymes.

"Vamos a insistir con la idea de tener una mirada superadora, con nuestra ley que protege a los Pymes y que le da la posibilidad al que tiene 50 años. Pero tenemos claro que debemos tener una actitud firme de votar a favor de los trabajadores", aseguró Massa tras reunirse con el jefe de bancada del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Ángel Pichetto.

Además, Massa consideró que "empieza un tiempo de buscar acuerdos para ponerle freno a los despidos por un lado, pero también construir políticas activas", en clara sintonía a las elecciones de medio término del año próximo y despegándose de Macri, quien no atraviesa un buen momento, tras los ajustes, tarifazos y despidos.

"En el caso de la media sanción del Senado que ingresa a Diputados vamos a aspirar a que contemple estos temas (de beneficios a las Pymes). Si no los contempla, vamos a votar defendiendo a los trabajadores y protegiendo a los trabajadores y una forma es acompañando a la doble indemnización", finalizó.

Por su parte, la intención del interbloque Cambiemos consiste es dilatar el debate, para evitar que el presidente Mauricio Macri pague el costo político de vetar una ley que reclaman y defienden los sindicatos.

En declaraciones ofrecidas ayer a La Nación, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue taxativo al asegurar: "El veto es una herramienta constitucional”.

A través de la diputada Luana Volnovich, el bloque del Frente Para La Victoria (FPV) de la Cámara baja tiene presentado un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de prestación de servicios públicos para universidades nacionales y provinciales e institutos universitarios, por el término de un año, o hasta tanto se incremente el presupuesto universitario a los fines de cubrir el aumento tarifario de los servicios.

La iniciativa retrotrae las tarifas que pagan las universidades al valor previo a los aumentos tarifarios, y establece que las prestatarias de servicios públicos no podrán trasladar al resto de los usuarios el costo de la reducción tarifaria.

A modo de ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata pasó de pagar 60.000 pesos en marzo de 2015, a 250.000 el mes pasado; la Universidad Nacional de la Matanza pasó de pagar 100 mil a 711 mil pesos de electricidad; y la Universidad Nacional de la Rioja tuvo un incremento del 300%. También en la Universidad de Buenos Aires se registraron incrementos en las tarifas de electricidad de 7 millones a 80 millones, según declaraciones periodísticas del decano de la Facultad de Ciencias Sociales.

La medida de fuerza incluye la instalación de un Hospital de Campaña por el Derecho a la Salud, en la Plaza de los dos Congresos, precisaron fuentes de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop).

El gremio detalló que en la jornada de hoy desde las 10 concentrarán en la Casa de la Provincia de Buenos Aires "con toda la ornamentación sanitaria posible" para marchar hasta la plaza ubicada frente al parlamento nacional, donde instalarán un hospital de campaña.

Habrá mesas, talleres, actividades culturales y artísticas, y médicos y enfermeros estarán presentes mañana, tarde y noche durante los tres días que dure la protesta.

El gobierno bonaerense, en comunicaciones informales, ofreció mejorar de 15 a 16 por ciento la suba salarial rechazada, aunque la cifra continúa siendo considerada "insuficiente” por el sindicato

Siguen las repercusiones del cierre de la planta de Honda en Florencio Varela. Es que a principios de abril, la automotriz cerró sus puertas en el sur del Conurbano donde ensamblaba motos, para trasladar esas operaciones en la terminal que la empresa tiene en Campana.

La firma habría ofrecido a los operarios una doble indemnización para quienes decidan el retiro voluntario o mantener los empleos, pero a más de 150 kilómetros. El intendente del PJ advierte que se trata de un “despido encubierto” porque los empleados, en su mayoría residentes de Varela, “no pueden afrontar un viaje ese viaje de larga distancia todos los días”.

Los concejales de Julio Pereyra exigen la intervención del Gobierno para garantizar la continuidad de los más de 200 trabajadores que ocupaba en el distrito.

La bancada oficialista presentó un proyecto que solicita la mediación de Macri y de María Eugenia Vidal para garantizar la continuidad de la sucursal local de la empresa japonesa.

Por eso, los empleados mantienen una toma pacífica de las instalaciones, mientras la política empieza a mover sus fichas.

“Es una política de despidos encubierta porque el personal no puede afrontar un viaje de larga distancia diariamente”, destaca el bloque de ediles del PJ a través de un comunicado.

La situación ocurre en un contexto de crisis en el sector industrial debido al impacto del ajuste económico sumado a la crisis en Brasil, el principal mercado para las exportaciones argentinas.

La sede de Florencio Varela se abrió en 2006, beneficiada “por una millonaria eximición impositiva tanto del estado municipal como provincial que permite asombrosas ganancias económicas”, señalaron los concejales peronistas.

“Frente al primer cimbronazo económico, no pueden ser los trabajadores la variable de ajuste”, sostuvieron.